El Consejo de Estado avisa sobre la gestión de la solicitudes de regularización de inmigrantes

El Consejo de Estado ha emitido advertencias sobre la gestión de las solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes en España. El gobierno anticipa alrededor de 750,000 solicitudes y planea aprobar unas 500,000. Para gestionar este volumen, el gobierno busca involucrar a Tragsa, una empresa pública, en la gestión de las solicitudes, junto con la Seguridad Social y Correos. El Consejo de Estado expresa reservas sobre la idoneidad de Tragsa y solicita que su participación se limite a tareas administrativas y de canalización documental, sin capacidad para resolver solicitudes. El Consejo pide al Gobierno que delimite las funciones de Tragsa para evitar posibles recursos legales.

El Consejo de Estado ha emitido un informe con objeciones al proyecto de regularización de migrantes en España, solicitando mayor rigor en la verificación de antecedentes penales. El Consejo exige que el proceso se suspenda si no se dispone de informes sobre el historial delictivo del solicitante, criticando la flexibilidad del Ministerio de Migraciones en este aspecto. También cuestiona la coherencia del proyecto al exigir la cancelación de antecedentes penales cancelables en España, lo que podría dificultar el cumplimiento de los plazos de tramitación. El Consejo de Estado rechaza las excepciones que eximen de presentar antecedentes penales, argumentando la dificultad de demostrar la permanencia irregular en España durante cinco años y la posibilidad de haber cometido delitos después de presentar un documento inicial sin antecedentes. Por lo tanto, el Consejo prioriza la acreditación rigurosa de la carencia de antecedentes penales en terceros países.

El gobierno español planea aprobar el martes 14 de abril una regularización extraordinaria para aproximadamente 500,000 inmigrantes que residen y trabajan en España de manera irregular. El Consejo de Estado ha avalado la medida, sugiriendo mejoras técnicas que se están incorporando al texto. La regularización se realizará mediante una reforma del reglamento de la ley de extranjería, permitiendo su aprobación sin votación en el Congreso. La norma permitirá regularizar a inmigrantes que demuestren cinco meses de residencia, carezcan de antecedentes penales y no representen una amenaza para la seguridad pública. Varios ministerios están involucrados en la elaboración del texto final, anticipando una posible batalla jurídica con la oposición, incluyendo recursos legales anunciados por la presidenta de Madrid.

El Gobierno español celebra el "aval" del Consejo de Estado al Real Decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones planea llevar el texto al Consejo de Ministros "lo antes posible" tras incorporar las recomendaciones del dictamen. El Consejo de Estado considera que el procedimiento se realiza por la vía reglamentaria respetando las garantías legales. El documento valora positivamente los objetivos de integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa. Se destaca que ser beneficiario de protección internacional es incompatible con la regularización, y se insta a definir el concepto de vulnerabilidad para solicitantes que hayan llegado antes del 1 de enero de 2026 y lleven cinco meses en situación irregular.