Sánchez condena la ley israelí que aplica la pena de muerte a palestinos condenados por terrorismo: "Apartheid"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó la ley israelí aprobada por el Parlamento que aplica la pena de muerte a palestinos condenados por terrorismo. La ley excluye a ciudadanos israelíes, lo que ha generado críticas por discriminación. Sánchez calificó la medida como un paso hacia el "apartheid", argumentando que implica "mismo crimen, distinta pena". La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, también condenó la ley, señalando que "menoscaba el derecho internacional". Organizaciones de Derechos Humanos, como el Centro Palestino de Derechos Humanos, han criticado la ley, denunciando que viola el Derecho Internacional Humanitario. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina alertó que la ley afianza la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a palestinos.

La Knesset israelí aprobó una ley que permite la pena de muerte para palestinos de Cisjordania condenados por matar a israelíes, generando indignación en la ONU y Europa. La Unión Europea y varios países europeos lamentaron la medida, calificándola de discriminatoria y un retroceso en derechos humanos. La UE ha expresado su preocupación por el cumplimiento de Israel de sus obligaciones en materia de derechos humanos y recuerda su anterior moratoria de facto sobre la pena de muerte. Aunque no se prevén acciones concretas inmediatas, la UE mantiene abierta la posibilidad de suspender parte del acuerdo de asociación con Israel. Bruselas espera que la ley pueda ser frenada por las críticas internas y una posible apelación al Tribunal Supremo israelí.

El parlamento israelí, Knéset, aprobó una ley que permite la pena de muerte para palestinos condenados por ataques "terroristas" mortales. La ley, impulsada por la extrema derecha y apoyada por el Primer Ministro Netanyahu, establece que los condenados por tribunales militares israelíes podrían ser ejecutados en la horca en un plazo de 90 a 180 días. Aunque teóricamente aplicable a israelíes judíos, la ley se enfoca en ataques que buscan "negar la existencia del Estado de Israel". La legislación ha sido criticada como discriminatoria y varios países europeos advierten que socava los principios democráticos. Los defensores de la ley argumentan que es necesaria para romper el ciclo de terror, encarcelamiento y liberación de individuos que vuelven a cometer actos violentos.