600.000 contratos de alquiler en riesgo de "inseguridad jurídica" tras el decreto de Sánchez

ViviendaLos expertos advierten de que la congelaci�n de rentas puede "intensificar la presi�n sobre el mercado"El presidente del Gobierno, Pedro S�nchez, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros.EFEActualizado S�bado, 21 marzo 2026 - 00:06Audio generado con IAEl mercado del alquiler no sale del ojo del hurac�n. La ajetreada ma�ana en Moncloa con un Consejo de Ministros debatiendo las medidas anticrisis por la guerra de Ir�n deja como resultado un real decreto dividido en dos, del que surge un texto completo en materia de vivienda, el foco de la discrepancia entre los grupos pol�ticos. Al d�a siguiente de su la publicaci�n en el Bolet�n Oficial del Estado este s�bado, entra en vigor el tope del 2% a la actualizaci�n de los precios de arrendamientos para los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y la pr�rroga de dos a�os de los contratos que terminan este 2026, que afecta a los m�s de 600.000 que se hicieron "a precios de pandemia".Lejos del debate pol�tico en el que Sumar se ha negado a entrar a la sala hasta que se pusieran sobre la mesa medidas frente a la crisis habitacional, el sector advierte de "nuevas limitaciones al mercado del alquiler" que suponen "una injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada". As� lo calific� la Confederaci�n Espa�ola de Organizaciones Empresariales (CEOE) junto a Confederaci�n Espa�ola de la Peque�a y Mediana Empresa (Cepyme), que alertaron de la "preocupante inseguridad jur�dica", sobre todo porque a�n tiene que ser aprobado en el Congreso, donde no cuenta con apoyo parlamentario suficiente para salir victorioso.A pesar de la "buena intenci�n", la dependencia de su convalidaci�n parlamentaria, la falta de claridad sobre su aplicaci�n (al dejar fuera a los alquileres temporales o de habitaciones) y las posibles discrepancias sobre contratos existentes pueden "agravar los desequilibrios existentes en el mercado generando m�s miedo y presi�n en el mercado", detalla Jos� Mar�a Alfaro, presidente de la Federaci�n Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI). Un patr�n de incertidumbre que denuncian que se viene repitiendo desde hace seis a�os y provoca que el propietario decida retirar el inmueble del mercado de larga duraci�n y optar por otras modalidades. "Las intervenciones excesivamente restrictivas tienden a retraer la oferta disponible, reduciendo las opciones para los inquilinos y afectando especialmente a los colectivos m�s vulnerables", recuerda Alfaro.Con la p�rdida de m�s viviendas en el alquiler residencial, las medidas pueden resultar "contraproducentes". El Ejecutivo incluye estas medidas en un paquete de car�cter extraordinario para paliar los efectos del conflicto en Medio Oriente, espec�ficamente por el aumento de los costes energ�ticos que podr�an presionar la inflaci�n, y por ende, los costes de construcci�n y el poder adquisitivo de los hogares. Esto, en un escenario de endurecimiento de cr�dito hipotecario, "podr�a enfriar la demanda m�s dependiente de financiaci�n", apunta Alfaro, que tendr�a que recurrir al mercado del alquiler aumentando la presi�n en un contexto ya marcado por un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda.Esta p�rdida de viviendas de alquiler residencial tambi�n resulta del control de precios, algo que el sector viene advirtiendo desde la declaraci�n de zonas tensionadas, al desincentivar al propietario. Sin embargo, la Confederaci�n de Sindicato de Inquilinas (CSI) plantea que para proteger a los hogares de la inflaci�n, "es imprescindible una congelaci�n real del precio del alquiler", es decir, situar el l�mite de las actualizaciones anuales de las rentas en el 0% y no en el 2% como plantea el decreto.El decreto deja fuera una de las medidas que m�s debate ha generado en los partidos, el de la moratoria de desahucios, que Junts tumb� por dos veces y de la que el PNV eximi� a los propietario de dos pisos. Con este se abre otro frente de inseguridad jur�dica para los propietarios al denunciar que incentiva la ocupaci�n ilegal. Sin embargo, la CSI denuncia que se deja fuera a los hogares vulnerables.