Las medidas anticrisis del Gobierno prohíben los despidos en empresas que reciban ayudas públicas por la guerra en Irán

Las medidas aprobadas este pasado viernes por el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Oriente Medio incluyen la prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos del conflicto. El Boletín Oficial del Estado publica este sábado los dos decretos aprobados por el Gobierno, con un conjunto de medidas fiscales y ayudas a los sectores que puedan verse más afectados por los efectos de la guerra y la subida de los precios. Otra de las medidas destinadas a las empresas será el impulso a la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible , que obligará a las compañías de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno a que faciliten los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo. El BOE incluye también la decisión del Gobierno de mantener "la suspensión de la causa de disolución por pérdidas ya acordada previamente respecto del COVID-19". De esta forma para el ejercicio 2026 " no se considerarán las pérdidas empresariales sufridas en los años 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital". Esta medida, de carácter transitorio, "permitirá que las pérdidas provocadas por determinados hechos, de carácter sobrevenido y extraordinario, sean absorbidas en un tiempo prudencial con el fin de favorecer que empresas viables que atraviesan ciertas dificultades ocasionadas por aquellos hechos, puedan seguir operando en el tráfico jurídico y económico". Además, las medidas aprobadas el viernes incluyen una previsión para que, en caso de que ya se hubiesen formulado cuentas anuales antes de la entrada en vigor del real decreto ley, éstas "puedan ser reformuladas en el plazo de un mes , reuniéndose la junta en el plazo de los 3 meses siguientes a la nueva formulación". En el apartado fiscal destacan, especialmente, la rebaja del IVA de la electricidad , que pasará del tipo general (21 %) al reducido (10 %), y la suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7 % y que pagan las compañías. Igualmente se reduce del 21 al 10 % el IVA del gas natural, los 'pellets' y leña, y se congela el precio máximo de venta del butano y propano, entre otras medidas.