La cumbre de Barcelona y el riesgo de no actuar

El pasado diciembre, la periodista Anna-Lena von Hodenberg, cofundadora de HateAid, una organización alemana que defiende los derechos humanos en el espacio digital, fue sancionada por el departamento de Estado de EE.UU. por perjudicar a las grandes plataformas tecnológicas americanas. Poco antes, Bruselas había sancionado a X por incumplir criterios de transparencia que fija la ley europea de Servicios Digitales. Von Hodenberg, junto a otras cuatro personas de perfil similar, tienen prohibido entrar en los EE.UU. de Donald Trump. Entre ellas está también el excomisario europeo Thierry Breton.La preocupación de estos represaliados es que estas medidas de presión se intensifiquen. En la mente de todos está el caso de la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, convertida en una suerte de homeless bancaria porque, tras ser considerada una terrorista por EE.UU., no puede acceder a ningún dinero, en ningún lugar del mundo, que no sea en efectivo. La misma suerte que han corrido algunos jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional.Reivindicar derechos hoy pisoteados es inútil cuando no se tiene poder sobre quien debería respetarlosEntrevistada la semana pasada en La Vanguardia , Von Hodenberg señalaba que se está preparando para afrontar un eventual bloqueo de sus cuentas y de sus tarjetas de crédito. También en declaraciones a este diario, el activista Cory Doctorow, autor de Mierdificación (Capitán Swing), enfatizaba que la Casa Blanca ha situado en la diana a cualquier persona que tenga que ver con la ley de Servicios digitales, hasta el punto solicitar a sus empresas tecnológicas que entreguen los mensajes privados de algunos funcionarios europeos para poder sancionarlos.¿Exageración? ¿Paranoia? Años atrás tal vez se podría haber llegado a pensar en estos términos, pero la deriva autoritaria de EE.UU. convierte en verosímil la distopía orwelliana. Expertos, analistas, activistas de toda condición han advertido de que la avanzada legislación europea sobre IA y otros ámbitos digitales es poco más que papel mojado si la industria que tiene que acatarla no reconoce su validez. Sobre todo cuando las tecnológicas trabajan en estrecha connivencia con una administración tan desinhibida como la actual Casa Blanca, capaz de aplicar represalias con gran poder intimidatorio.La presidenta y jefa de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, en el MWC Alberto Estévez / EFEEs en este contexto que el Gobierno español y la Mobile World Capital han convocado en Barcelona, el 13 y 14 de mayo, el primer encuentro internacional sobre los derechos de la ciudadanía en identidad digital, la IA, ciberseguridad o sobreexposición en las redes.Precedido de la Global Progressive Mobilisation, que se habrá celebrado un mes antes en la misma ciudad por iniciativa de Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, la cumbre sobre derechos digitales debería servir para posicionar la capital catalana en la vanguardia de la causa contra el tecnoautoritarismo. Sin olvidar que la propia ciudad acoge cada año en el Mobile Congress a las grandes plataformas en cuestión, desde la Meta de Mark Zuckerberg hasta la SpaceX de Elon Musk, una circunstancia que eleva su relevancia global en este ámbito.Lee tambiénPero la cita de mayo se quedará en una oportunidad perdida si se limita al debate sobre los efectos perversos de estas tecnologías. Porque ya los conocemos. Porque llevamos años debatiendo el asunto. Porque ya están contemplados en esa ley de servicios digitales que Europa es manifiestamente incapaz de aplicar.Gráfico de la propuesta de una infraestructura digital europea del informe EuroStack, liderado por Francesca Bria EuroStack / Otras FuentesMás que inventariar los derechos pisoteados, lo que requiere el momento es un activismo firme –que no pida permiso– en pos de una soberanía digital europea que sea alternativa a las tecnooligarquías. La hoja de ruta ya está diseñada, con fórmulas como la iniciativa EuroStack que lidera la economista y tecnóloga Francesca Bria. Existen también proyectos empresariales en torno a los cuales construir ese ecosistema soberano, y un activismo que debería estar presente en la cita barcelonesa. Activismo social y, por qué no, activismo gubernamental, porque la gravedad de la situación requiere superar la fase de debate y pasar a la acción.Director adjunto de La Vanguardia. Escribe cada semana un artículo de opinión sobre cultura y ciudades. Novelista. Último libro: 'Siete días en la Riviera'