Ayuso exige al Gobierno auditar las 53 plantas de placas solares que ha autorizado en Madrid ante la sombra del caso Forestalia

La desarticulación, hace unas semanas, de una presunta organización criminal que habría logrado introducir sus tentáculos en el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para asegurar el éxito de la tramitación de proyectos de energías renovables (instalaciones eólicas y fotovoltaicas) promovidos por el Grupo Forestalia ha hecho saltar las alarmas en la Comunidad de Madrid. En esta región, el departamento que ahora dirige Sara Aagesen ha autorizado desde 2018 un total de 53 licencias a plantas de placas solares con más de 50 megavatios de potencia unitaria —las que tienen inferior capacidad son aprobadas por la Comunidad— que juntas rozan las 10.500 hectáreas de extensión. Y ante la investigación judicial que se está siguiendo en Aragón y las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere tener la constancia de que en todas ellas no hay sombra de irregularidad. Por ello, a través de una carta enviada en los últimos días, el consejero madrileño de Medio Ambiente ha reclamado a la ministra que encargue una auditoría independiente de todas las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) —que son los documentos que resultan de evaluar las consecuencias medioambientales de grandes proyectos y que legalmente tienen que aprobarse para su ejecución— que ha concedido el Miteco en Madrid en los últimos años. De los 53 proyectos con declaraciones tramitadas por el Miteco en Madrid, todavía no hay ninguno ejecutado y ninguno estaría vinculado a Forestalia, de acuerdo con fuentes regionales. Aun así, en la misiva, Carlos Novillo no oculta la "creciente preocupación" que existe en el seno del Ejecutivo madrileño "ante las graves sospechas de prácticas corruptas" que rodean a la concesión del visto bueno a proyectos de energías renovables, que mueven cientos de millones de euros e intereses empresariales. La revisión exhaustiva de los expedientes garantizaría que se han tramitado "con el rigor técnico exigible", esgrimen desde la Comunidad, fuentes que aseguran que algunos de los documentos aprobados "podrían presentar deficiencias relevantes en su tramitación". "Esto podría comprometer tanto la protección del entorno como la seguridad jurídica de las inversiones", añaden, a la vez que apuntan que el "orden lógico" de los procedimientos "se habría alterado" al haberse emitido las declaraciones "con anterioridad a la planificación estratégica del territorio". Al respecto, fuentes autonómicas indican que estas plantas requieren de dos evaluaciones ambientales y que "lo normal" hubiera sido hacer primero la evaluación que en este caso compete a la Comunidad de Madrid, que implica "un análisis más profundo" de la afección del proyecto al territorio. "Resulta imprescindible corregir este modelo para evitar una ocupación desordenada del suelo", expresa Novillo en la carta remitida a Aagesen, en la que recalca el compromiso de Comunidad con una transición energética que, a su juicio, debe realizarse con "criterios de equilibrio, rigor y adecuada ordenación del territorio". En este sentido, el titular regional de Medio Ambiente recalca que el despliegue de las energías renovables debe ser "compatible" con la protección del medio ambiente y con sectores productivos estratégicos como el primario. Este es un extremo que preocupa especialmente en la Administración autonómica, que el año pasado activó un plan de protección que restringió la instalación de placas solares . Con esta iniciativa, el Gobierno de Díaz Ayuso limitó a un 4% la superficie autonómica en la que se podrían promover este tipo de plantas , una restricción que articuló con el objetivo primordial de proteger la agricultura y el entorno natural de los municipios. En consonancia con esta política, y teniendo en cuenta que en Madrid hay varios proyectos fotovoltaicos envueltos en la polémica , el Ejecutivo regional también ha solicitado al central que lleve a cabo de forma "urgente" un análisis que permita evaluar el impacto conjunto de las grandes instalaciones fotovoltaicas sobre el territorio, así como sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y las infraestructuras.