La regularización de migrantes tendrá ventanillas propias en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social  

La masiva regularización de migrantes anunciada por el Gobierno agota sus días para iniciar los trámites administrativos. El último borrador del decreto, al que ha tenido acceso este periódico, anuncia la apertura de ventanillas en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social para recibir las solicitudes de permisos de residencia y trabajo de más de medio millón de personas que hoy se encuentran en situación irregular en España. Algunas fuentes calculan que podrían acercarse al millón. El Ejecutivo se ha dado un plazo de tres meses para resolver cada petición desde el día en que sea admitida a trámite. El decreto que regula las nuevas condiciones para obtener ciertos derechos por arraigo en el país tiene que pasar por el Consejo de Estado y volver al de Ministros para su aprobación definitiva.La organización de un proceso excepcional como este no es sencilla, supone un volumen de trabajo administrativo notable en un periodo corto de tiempo, razón por la cual se ha estado debatiendo la manera en que se llevarán los trámites y en qué oficinas se deberían hacer, habida cuenta de que los asuntos de migración conciernen a tres ministerios principalmente, el propio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el de Interior y el de Política Territorial; de este último dependen las oficinas provinciales de Extranjería. Finalmente, de acuerdo con el borrador, que puede no ser el definitivo, son las oficinas de Correos y las de la Seguridad Social las encargadas de recibir las solicitudes, formalizadas a través de un modelo específico que estará disponible en la web de los ministerios de Migraciones y el de Política Territorial. Con posterioridad, será la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) la encargada de revisar todo y decidir sobre cada caso. La UTEX depende del Ministerio de Migraciones. Política Territorial ha luchado en las últimas semanas por que fueran las oficinas de Extranjería provinciales, dependientes de las subdelegaciones del Gobierno, las que se encargaran de estos trámites. Fuentes conocedoras defienden que en ellas está el personal especializado y que dejar este proceso masivo en manos de la UTEX, aunque se refuerce con personal para ello, puede acarrear atrasos. En la otra esquina de esta peculiar batalla están quienes defienden la pertinencia de que sea el Ministerio de Migraciones el encargado del procedimiento. Argumentan los retrasos de meses y años que ya acumulan algunas oficinas de Extranjería con trámites parecidos. Los últimos informes anuales del Defensor del Pueblo dan cuenta de ello. Preocupan las demoras, pero también “la disparidad de criterios apreciada en las distintas oficinas de Extranjería. Su dependencia orgánica y funcional no contribuye a la existencia de unos criterios únicos”, señala el informe de 2024. Consultada la oficina del Defensor, afirma que sigue recibiendo quejas sobre estas dependencias de las subdelegaciones provinciales del Gobierno y que las demoras “son generalizadas a pesar de los refuerzos” efectuados. “En los últimos meses son crecientes las quejas y las demoras, que en algunas oficinas son de más de dos meses, que es el plazo previsto y razonable”, contestan en el Defensor. La regularización masiva de migrantes está prevista para todo aquel que estuviera en España antes del 1 de enero de este año y haya permanecido cinco meses consecutivos previos a la presentación de la solicitud, cuyo plazo será hasta el 30 de junio. El Gobierno ha calculado que serán alrededor de medio millón, pero otras fuentes, como el centro de análisis Funcas, mencionan que en España viven y trabajan sin papeles unas 840.000 personas que cumplirían los requisitos previstos para formalizar su estancia en España. La regularización recoge la demanda social, avalada por más de 600.000 firmas, que se plasmó en una iniciativa legislativa popular debatida en el Congreso en 2024 y que ha salido finalmente en forma de decreto gubernamental tras negociaciones con Podemos. En 1986, la población extranjera solo representaba un 1% en España, pero en la actualidad alcanza un 14%. El Gobierno adjudica a esta regularización ventajas económicas, puesto que sacar de las sombras el trabajo de estas personas supone un fortalecimiento de la Seguridad Social y un alza en la recaudación de impuestos, dicen. La reforma se justifica también, según el borrador de decreto, “por razones demográficas” dado el envejecimiento de la población, “que compromete la disponibilidad futura de personas trabajadoras y la sostenibilidad del sistema de bienestar”, léase, pensiones de jubilación. Sin embargo, la regularización ha levantado una polvareda política que todavía da coletazos. La derecha ha asegurado que detrás de esa medida se escondía la incorporación de nuevos votantes para el PSOE, una afirmación falsa que les obligó a matizar después, cuando ya mucha gente repite ese argumento en la calle. En todo caso, este procedimiento incorpora a miles de personas que llevaban meses tratando sin éxito de regularizar su situación, tanto los que habían solicitado protección internacional porque huyen de situaciones bélicas u otras circunstancias discriminatorias y peligrosas en sus países, como aquellos que se chocaban con los retrasos administrativos. La modificación del reglamento de Extranjería español para esta situación excepcional pondrá el contador a cero, en un momento, además, en que las entradas en España de extranjeros experimentan su mayor caída desde 2019. Pero si las demoras en las oficinas no se solucionan, el tapón volverá a formarse. España, como dice el borrador de decreto, “ha dejado de ser únicamente una tierra de tránsito o de emigración para consolidarse como territorio de destino y acogida”.