Airbnb recurre la multa de 64 millones de Consumo: "Es contraria al marco legal español y europeo"

Airbnb , plataforma de alojamientos turísticos que opera en España, ha considerado este lunes que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de denegar su solicitud de medidas cautelares para paralizar la sanción de 64 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le impuso en diciembre de 2025 por infracciones en la publicación de anuncios "es puramente procedimental y no entra sobre el fondo del caso" . Por ese motivo, la compañía ha decidido presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal que ha desestimado las medidas cautelares. " Airbnb ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España" , han explicado a La Información Económica de 20minutos desde la multinacional estadounidense, que considera que "esta sanción es contraria al marco legal español y europeo". "Desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración el 1 de julio, Airbnb ha colaborado con las autoridades competentes en su implementación". Asimismo, la compañía ha recordado que es "una plataforma sujeta a la DSA -Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea- que no tiene obligaciones de supervisión ni monitorización" y que "siempre pide a los anfitriones que certifiquen su cumplimiento con las regulaciones locales" . En su día, el Gobierno identificó infracciones en un total de 65.122 anuncios publicados por Airbnb , que fueran retirados de su plataforma en julio de 2025. En concreto, el Gobierno detectó "prácticas comerciales desleales" con consumidores y usuarios al publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo así las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad. También advirtió el Ejecutivo que Airbnb estaba publicando anuncios de alojamientos turísticos que indicaban un número de licencia o registro que no se correspondía con la numeración utilizada por los registros , o que difundía anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo así en una práctica de publicidad engañosa. Por estos primeros motivos, el Ministerio de Consumo impuso a la plataforma una sanción por infracción grave, con un importe de 63,98 millones de euros , el equivalente a seis veces el beneficio "ilícito" obtenido por Airbnb por estas prácticas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del Ministerio hasta su retirada por la plataforma. Se identificaron además otras tres infracciones: incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia, sancionado con 10.000 euros; obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección, sancionado con otros 10.000 euros, e incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente, sancionado con otros 55.000 euros. "Ninguna empresa está por encima de la ley" El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy , ha calificado de buena noticia la decisión del TSJM y ha recalcado que "ninguna empresa, por grande o poderosa que sea está, por encima de la ley". En este sentido, ha subrayado en una entrevista en TVE 1 que cualquier operador económico que intente o pretenda lucrarse con la crisis que estamos viviendo "lo va a pagar" y que "se puede meter mano" al problema de la vivienda y anteponer los intereses de la gente y de los inquilinos frente a aquellos grandes operadores que "se están lucrando con esta formidable crisis que acaban pagando las familias españolas" .