La renovación clave del Supremo, bloqueada seis meses tras el episodio de la asesora de Sánchez

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene paralizado por completo el nombramiento de nuevos magistrados para la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El episodio de la aspirante que asesoró hace años al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha bloqueado cualquier posible decisión ante el enfrentamiento sobre su elección entre los sectores progresista y conservador. La selección quedará aplazada al menos seis meses, hasta el próximo septiembre, cuando llegue el momento de abordar otras vacantes que propicien una negociación conjunta sobre los aspirantes, aseguran fuentes cercanas al órgano de gobierno de los jueces. Todo comenzó hace varios meses cuando el bloque más cercano al Ejecutivo evidenció su preferencia por el nombramiento de la catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, Silvina Bacigalupo, para ocupar el puesto perteneciente al turno de juristas, libre tras la jubilación de Miguel Colmenero. Bacigalupo Sagesse es hija de Enrique Bacigalupo, magistrado hispanoargentino que integró la Sala Segunda de 1987 a 2011 y cercano también a los socialistas. El sector contrario se opuso. Para los conservadores resulta "evidente" que mantiene lazos con los socialistas. Pedro Sánchez la fichó en 2015 para que formara parte del consejo de sabios que le acompañaron en las elecciones generales de aquel año. Su cometido fue el de coordinar las áreas relacionadas con la transparencia del programa electoral de los socialistas. Además, está emparentada con la exvicepresidenta y exministra Teresa Ribera, casada con un hermano de Silvina, Mariano Bacigalupo, actual consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La irrupción de Bacigalupo provocó así uno de esos parones a los que ya está acostumbrado este Consejo, dividido exactamente por la mitad, 10 a 10 y con la obligación de sacar adelante sus nombramientos con mayorías reforzadas que obligan a negociar. La Sala de lo Penal es, además, territorio sensible para el Gobierno después del caso del fiscal general y su condena, el próximo juicio a la trama Koldo que sentará por primera vez en el banquillo a José Luis Ábalos y la instrucción sobre Cerdán conducida durante meses por el juez Leopoldo Puente. La única solución que se atisba es la de esperar. Hay otras jubilaciones cercanas en la Sala que tendrán que afrontarse en unos meses. El próximo junio, se retirarán Andrés Palomo y Ángel Hurtado, mientras que en septiembre lo hará Juan Ramón Berdugo. Será entonces, ya a partir del próximo curso, cuando, con ya cuatro plazas pendientes de cobertura, las negociaciones arranquen de forma definitiva, aunque, según reconocen las fuentes consultadas, no serán fáciles. "Intento de asalto" Desde el sector conservador están convencidos de que el Gobierno ve esta ocasión como una oportunidad para dar la vuelta a la composición de la Sala e incorporar perfiles cercanos al Ejecutivo. Hablan incluso de "intento de asalto". Sin embargo, un bloqueo que se eternice dejaría a Penal sin recursos para sacar adelante su labor. El equilibrio está claro que será complejo. Además, tras estas jubilaciones vendrán otras y la Sala ya está mermada por la baja médica de la magistrada Ana Ferrer. El actual presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, cumplirá los 72 años en abril del próximo año. La decisión se complicará entonces aún más porque el Consejo tendrá que abordar la designación del máximo responsable de la Sala. El propio nombramiento de Arrieta ya fue muy complejo y solo se logró después de que Ferrer, que también aspiraba al puesto, decidiera retirarse al quedar en evidencia que era imposible que los dos sectores del Consejo lograran un acuerdo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene paralizado por completo el nombramiento de nuevos magistrados para la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El episodio de la aspirante que asesoró hace años al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha bloqueado cualquier posible decisión ante el enfrentamiento sobre su elección entre los sectores progresista y conservador. La selección quedará aplazada al menos seis meses, hasta el próximo septiembre, cuando llegue el momento de abordar otras vacantes que propicien una negociación conjunta sobre los aspirantes, aseguran fuentes cercanas al órgano de gobierno de los jueces.