La jornada de 35 horas para los funcionarios entrará en vigor el próximo viernes

Noemi NavasMadrid 23/03/2026 15:08 Actualizado a 23/03/2026 18:17 El Ministerio de Función Pública y los sindicatos se han reunido hoy para avanzar en la implantación de la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración General del Estado y han comenzado la negociación para las plazas de la oferta pública de empleo de 2026. La medida de las 35 horas se aprobará este viernes, según indica UGT, toda vez que la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) ratificará previsiblemente el acuerdo .La aplicación de las 35 horas en todo caso se tendrá que negociar “en cada ámbito en particular”, apuntan los sindicatos, teniendo en cuenta que cada organismo tiene mesas de negociación específicas.El Ejecutivo ha convocado a los sindicatos para este lunes, 23 de marzo, y para el próximo miércoles a dos reuniones técnicas para ultimar la medida, recogida en el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, suscrito por CSIF, UGT y CCOO con el Gobierno, y que desde Función Pública se habían comprometido a impulsar desde marzo.Además, en estas dos reuniones se lleva la negociación en la comisión técnica de temporalidad y empleo de la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026 y la regulación del acceso de las personas con discapacidad en la AGE.UGT Servicios Públicos ha valorado positivamente los avances en la negociación para la implantación de la jornada de 35 horas. Tal como reivindicó el sindicato, la jornada de 35 horas incluirá a todos los colectivos. El sindicato defiende que la jornada de 35 horas debe dejar de ser una mejora opcional y convertirse en un derecho reconocido y de aplicación para todo el personal de la Administración General del Estado. Además, advierte de que no aceptará que su implantación conlleve recortes en materia de conciliación o flexibilidad, ni una merma en la calidad del servicio público.La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha afirmado que cerrará previsiblemente este miércoles los detalles de este acuerdo para aplicar de manera definitiva la jornada de 35 horas. Incluye, como destaca el sindicato, “al personal de Instituciones Penitenciarias, sanitario y de Educación, que inicialmente estaban excluidos de manera expresa”. Además, “CSIF continuará defendiendo la adaptación de las 35 horas en aquellos ámbitos de la Administración que tienen ‘jornadas especiales’ (40 horas a la semana), así como en la jornada de verano”.Por otro lado, Gobierno y sindicatos han comenzado a negociar la oferta de empleo público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE) y, aunque no han abordado cifras concretas, desde Función Pública se ha asegurado que será parecida a la de 2025, que ascendió a 26.889 plazas, según ha informado el sindicato CSIF.Sin embargo, para CSIF, es necesario que la oferta supere la del año anterior tanto en acceso libre como en promoción interna, reforzando ámbitos especialmente deficitarios de personal, como son el SEPE, la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, así como todos los implicados en el proceso de regularización.Además, UGT ha denunciado que siguen pendientes de convocatoria las ofertas de personal laboral correspondientes a 2023, 2024 y 2025. En total, 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna continúan sin convocarse, lo que repercute negativamente tanto en la calidad del servicio público como en las expectativas del personal de la AGE.Junto a ello, el sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar las plantillas en organismos con alta demanda de atención a la ciudadanía, como el Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE), la Dirección General de Tráfico, las oficinas de extranjería y, especialmente, la Seguridad Social, donde en muchos casos resulta muy difícil conseguir una cita previa.Respecto a la regulación del acceso de las personas con discapacidad en la AGE, UGT ha reiterado su compromiso por una Administración del Estado diversa, inclusiva y accesible, que garantice el ejercicio pleno de los derechos laborales y sociales de todo el personal de la AGE.Licenciada en Derecho y Periodismo. Master de Periodismo y de Periodismo Jurídico UAM/El País. Ha trabajado como redactora de Empresas en Cinco Días y como directora de comunicación de ANFAC.