Los sindicatos acarician el acuerdo para reducir la jornada laboral a 35 horas en la administración central

Los sindicatos más representativos del sector público acarician un acuerdo con el Gobierno para reducir la jornada laboral hasta las 35 horas en la Administración General del Estado (AGE). Las centrales se han reunido este lunes con Función Pública y están a la espera de que les remita un nuevo borrador de la propuesta para debatirlo el próximo miércoles. UGT y CSIF confían en que ese nuevo texto extienda el recorte horario también a los funcionarios de prisiones y al personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla, que por ahora quedan excluidos, mientras que en Comisiones Obreras son algo más escépticos. Este es el principal escollo que queda pendiente en la negociación para implantar la reducción de jornada que UGT y CCOO pactaron con el Ejecutivo en 2022, pero que no se ha llegado a desarrollar. En CSIF, el sindicato más representativo en la AGE, dan por hecho que se llegará a un consenso el miércoles cuando llegue la nueva propuesta que se rubricará oficialmente el viernes en la mesa general de negociación de la AGE, el principal órgano de diálogo social en la administración central. La organización reclamará que también se apliquen las 35 horas a quienes tienen 'jornadas especiales' , colectivos con semanas laborales que superan las 37,5 horas de semana laboral vigente actualmente en la AGE. Desde el sindicato UGT insisten en que la reducción de jornada llegará "a todos los colectivos" y hacen hincapié en que n o permitirán "retrocesos" en las condiciones ya pactadas , como la flexibilidad horaria o determinadas "cortesías". Para ello, plantean introducir una cláusula en el acuerdo que garantice que seguirán vigentes todos los pactos internos en materia de jornada, horarios o calendarios. Donde no ven tan claro que se vaya a alcanzar un acuerdo es en CCOO. Fuentes sindicales de la central trasladan que con las condiciones actuales no están en disposición de firmar y señalan que el texto que se les ha mostrado el lunes no incluía todavía a funcionarios de prisiones, enseñanza ni sanidad, que para CCOO supone una línea roja . Si no se incluye a estos profesionales en el texto que se presente el miércoles, no accederán a firmar , sostienen las fuentes. En CCOO también son escépticos con los tiempos hasta la aplicación efectiva de la jornada. Aunque se firmase el viernes el acuerdo en el diálogo social, Función Pública tendría que redactar todavía la nueva instrucción sobre jornada y horario de trabajo , el texto legal que regula los horarios en la AGE. Algo para lo que no hay una fecha clara, pese a que los sindicatos confiaban en que pudiera llegar a tiempo para marzo, un plazo que se antoja ya imposible en el contexto actual. A la espera están unos 250.000 empleados públicos de la Administración del Estado, entre personal de los ministerios, organismos autónomos, agencias o entidades públicas estatales. En principio, parece que sí quedarán excluidas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o la Guardia Civil, así como la Administración de Justicia, que no forman parte de la AGE.