Jaume MasdeuMadrid 23/03/2026 20:22 Actualizado a 23/03/2026 20:44 El dictamen que ha emitido el
Consejo de Estado se refiere al nuevo registro horario, el reglamento que el
Ministerio de Trabajo está preparando para garantizar el cumplimiento del horario laboral, y que no se produzca el incumplimiento actual con un nuevo sistema digital, accesible a distancia por la
Inspección de Trabajo, y que aporte más garantías. Fue la respuesta del equipo de
Yolanda Díaz, cuando el parlamento tumbó su proyecto estrella, la reducción de jornada.Sin embargo, ahora ha topado con un obstáculo. El dictamen que el
Consejo de Estado aprobó el jueves y que hoy se ha trasladado al organismo demandante, el
Ministerio de Trabajo. La conclusión es rotunda: “No procede aprobar el Real Decreto proyectado”, según concluye el dictamen al cual ha tenido acceso “
La Vanguardia”. Las razones para este rechazo son múltiples. Van desde una modificación que se adopta por reglamento cuando entra en el terreno legislativo, a una falta de adecuación por sectores, a que no se ha valorado el impacto sobre las pymes y también a los aspectos de protección de datos.La información sobre el dictamen ha sido adelantada por “
EL PAÍS”, y confirmada por este periódico. Además, también se puede constatar que el dictamen cuenta con un voto discrepante, el del consejero
Fernando Ledesma, mucho más favorable al reglamento.Uno de los aspectos que el dictamen critica es el tratamiento de los datos personales y consideran que en el reglamento no se dan suficientes garantías. ”El
Consejo de Estado estima que los datos que ofrece la memoria no son suficientes como para justificar debidamente la iniciativa normativa adoptada, que incide en un derecho constitucionalmente garantizado a la intimidad de todos los trabajadores asalariados de
España”, afirma el documento.El dictamen recoge informe de diferentes ministerios, como el de Economía, que es especialmente crítico en relación con el trato que se quiere dar a las pymes. Reclama en este terreno un periodo transitorio amplio para las pequeñas empresas, señala que la dificultad y el coste que tendrán para “implantar sistemas digitales, que precisan licencias de software, costes de puesta en marcha y dificultades iniciales, además de la formación de trabajadores”. También critican, por escasos, los veinte días de margen que se dan para la adaptación. En este sentido, el
Ministerio de Economía propone que sea la propia administración la que desarrolle una aplicación pública gratuita o al menos de coste accesible para las empresas, siguiendo el modelo de la factura electrónica. Es una propuesta que también han incluido muchos de los organismos que han presentado alegaciones en el trámite de audiencia.El dictamen del
Consejo de Estado no es vinculante, pero, por su dureza, supone un golpe duro a este reglamento, que también lo hará más vulnerable a posibles recursos judiciales.Al conocerse el dictamen, desde el
Ministerio de Trabajo han contestado con dureza que “es incomprensible que alguien, como hacen estos informes, pueda situarse en contra de un instrumento que lo que quiere es garantizar que se cumpla la ley en nuestro país, y que las empresas que abusan de la jornada de sus trabajadores no compitan deslealmente con el resto y paguen las horas extraordinarias como corresponde”. También añade que “la reducción de la jornada no solo es socialmente necesaria, sino económicamente viable y respaldada por la evidencia internacional. Desde el
Ministerio de Trabajo vamos a seguir defendiendo con firmeza una reforma que mejora la vida de la gente y moderniza de verdad nuestro mercado laboral”.Por su parte, desde el
Ministerio de Economía apuntan que es normal que en estos procedimientos se modifiquen y cambien algunos aspectos de los reglamentos, pero subrayan que están a favor de la medida si se dota, sobre todo a las pymes, “de periodos de adaptación suficientes”. Redactor jefe de la sección de Economía de
La Vanguardia