El Gobierno veta la enmienda del PP para endurecer los requisitos de residencia de migrantes alegando motivos presupuestarios

El Gobierno ha vetado la enmienda que el PP introdujo en el Senado a la ley contra la multirreincidencia —que se votará en el Congreso este jueves— y que buscaba endurecer los requisitos que deben cumplir los medio millón de inmigrantes para solicitar los permisos de residencia en España y proceder a su regularización. El cambio legal impedía, concretamente, que los solicitantes demuestren mediante una simple declaración jurada la ausencia de antecedentes penales en caso de que no dispusiesen de un certificado oficial de su país de origen. Así, la enmienda introducía la exigencia de contar con un informe policial completo que lo justificase. Ahora, el Ejecutivo ha llevado su veto a la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría PSOE y Sumar, según ha adelantado la Cadena SER y han confirmado fuentes parlamentarias. Y lo ha hecho alegando motivos presupuestarios , pues, dice, dicha medida implicaría la creación de 400 plazas de funcionarios en las Brigadas Provinciales de Extranjería de las comisarías españolas con un coste de casi 17 millones de euros. La semana pasada el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, acordó endurecer la ley contra la multirreincidencia con un control más riguroso sobre las autorizaciones de residencia a personas con un historial delictivo. Entonces, el senador del PP Juan Bautista Milián defendió que la multirreincidencia no se combatirá eficazmente "si nuestro ordenamiento permite que personas con antecedentes obtengan la residencia". Además de la enmienda de los populares que ahora veta el Gobierno, en relación al cumplimiento de penas en otros países, se introdujo una disposición adicional de Vox que obligaba al Gobierno a suscribir , en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, acuerdos con otros Estados para expulsar a delincuentes reincidentes a sus naciones de origen y que cumplan allí las penas impuestas por la Justicia española. La ley contra la multirreincidencia fue aprobada en primera vuelta en el Congreso en febrero con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y Junts , que fue la formación que la impulsó. Algunos de los puntos destacables de la norma son endurecer las penas para quienes cometan más de tres hurtos, incluso leves, y castigar con entre uno y tres años de cárcel a quien sustraiga móviles u ordenadores. Por otro lado, también alegando motivos presupuestarios, el Gobierno ha vetado otra enmienda que introdujo el PP para aumentar la plantilla de fiscales en nuestro país . La fórmula de los populares, dice el Ejecutivo, obligaría a sacar 491 plazas más de profesionales, lo que supondría un coste de casi 54 millones de euros para las arcas públicas.