El Supremo obliga al PSC a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles de su sede al Ayuntamiento de Barcelona

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) tendrá que pagar al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de su sede de la calle Pallars de Barcelona. La formación llevó su rechazo a la exigencia del Ayuntamiento de que lo hiciera a los tribunales y, tras imponerse en el contencioso, ahora el Tribunal Supremo le ha quitado la razón, por lo que tendrá que liquidar el tributo municipal del ejercicio 2020 y los que sigan. La sentencia, que cierra el recorrido judicial del litigio, señala que “en la mente del legislador no estaba reconocer a los partidos políticos exenciones en tributos locales”, como así defendían los asesores jurídicos del partido que lidera Salvador Illa. El caso se remonta a 2021. Entonces, aún mandaba en el Ayuntamiento Ada Colau y Barcelona en Comú, la concejalía responsable de la Hacienda municipal requirió al PSC el pago del IBI haciendo caso omiso de la petición del partido, que consideraba que estaba exento de ese tributo. El Juzgado de lo Contencioso 16 de Barcelona daba la razón a la formación política, al considerar que una formación política es, al fin y al cabo, una entidad sin fines lucrativos. Los servicios municipales no dieron su brazo a tocer y mantuvieron el pulso con un recurso a esa decisión llegada en septiembre de 2023, una vez que Jaume Collboni, del PSC, ya tenía el bastón de mando de la ciudad. Mientras que el PSC defendía la aplicación de una normativa supletoria a la Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos, por la que el PSC se podía librar el impuesto por su carácter no lucrativo, el servicio jurídico del Ayuntamiento rechazaba ese razonamiento al no tratarse de fundaciones ni asociaciones declaradas de utilidad pública. Y ese era el dilema que debía descubrir el Supremo: si las sedes de los partidos políticos pueden quedar exentas del IBI.Con todo, esa exención que reclamaba para sí el PSC, falla la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, “no está contemplado de forma expresa en la norma que disciplina el régimen tributario de los partidos políticos, ni en la norma que disciplina la tributación local“. De hecho, asegura que ”el legislador" [a través de los partidos políticos en el Congreso y el Senado] tuvo oportunidad de cambiar en ese sentido la ley de partidos, tal y como lo hizo con la de entidades sin ánimo de lucro, y no lo hizo: “No aprovechó esta oportunidad” o “fue desaprovechada”, dice en dos ocasiones diferentes de la sentencia.“La elaboración de una ley de financiación de los partidos políticos que incorporase un régimen tributario propio -reza el texto- era la oportunidad que tenía el legislador de expresar, en caso de querer hacerlo, la voluntad inequívoca de reconocer la exención del IBI (y de otros tributos locales, que sin embargo se silenciaron en los antecedentes parlamentarios) a favor de los partidos políticos”.