El Gobierno impulsa la factura electrónica en los pagos de empresas y profesionales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que obliga al uso de facturas electrónicas entre empresas y profesionales. Esta medida impulsa, según el Gobierno, la digitalización del tejido empresarial, reduce la morosidad y permite a las empresas, especialmente a las pymes, cobrar antes y con mayor previsibilidad.España tiene uno de los periodos medios de pago más elevados de la Unión Europea (UE), en torno a los 80 días, muy por encima del máximo de 60 días que establece la Ley de Morosidad y de la media comunitaria. Esta situación, explica el Ejecutivo, frena el crecimiento y la competitividad de nuestras empresas. “Al registrar electrónicamente cuándo se emite, se acepta y se paga cada factura, las empresas tendrán mayor control sobre sus cobros y pagos, y la Administración podrá monitorizar el cumplimiento real de los plazos de pago”, detalló el comunicado posterior al Consejo de Ministros. La implantación de la factura electrónica introduce la obligación de informar del estado de cada factura: aceptación y fecha de pago efectivo. “Esta trazabilidad completa del ciclo de facturación es la clave para combatir la morosidad. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, apenas el 20% de las grandes empresas de nuestro país pagan a tiempo, según los datos de la Comisión Europea”, destacaron.La entrada en vigor será escalonada en función de la facturación de las empresasLas empresas podrán optar por gestionar sus facturas electrónicas a través de plataformas privadas o por la solución pública y gratuita que está desarrollando la Agencia Tributaria. La entrada en vigor será escalonada para facilitar la adaptación de todas las empresas: un año para aquellas con una facturación superior a 8 millones de euros, y dos años para el resto. Los plazos comenzarán a computar desde la publicación de la orden ministerial de Hacienda que regulará los aspectos técnicos de la solución pública, que se prevé antes del 1 de julio de 2026.Este real decreto de factura electrónica B2B ha coincidido en el tiempo con otro proyecto del Ministerio de Hacienda: el real decreto, conocido como “Verifactu”, que ya ha entrado en vigor, pero cuyos efectos se han diferido a 2027. La tramitación de ambos proyectos ha coincidido en el tiempo, pero se trata de dos medidas diferentes.Verifactu busca combatir el fraude fiscal en transacciones de todo tipo. Establece una serie de obligaciones para los productores de software de facturación, que dificultan la manipulación de facturas, y habilita diferentes mecanismos de reporte de información fiscal a la Agencia Tributaria.El Gobierno destacó en su nota que a día de hoy se intercambian ya más de 550 millones de facturas electrónicas al año en España con ahorros que se estiman por encima de 2.700 millones de euros. En cuanto al volumen de ahorros a futuro, la referencia europea más cercana es Italia, que tiene el sistema en funcionamiento para las facturas B2B desde 2019 y maneja al año más de 2.000 millones de facturas electrónicas. “Cuando lleguemos a ese nivel de 2.000 millones de facturas electrónicas al año, estimamos unos ahorros de más de 8.000 millones para el conjunto de empresas de nuestro país”, afirmaron.Acceso al mercado de capitalesEl Consejo de Ministros ha aprobado además este martes para su publicación en audiencia pública un anteproyecto de ley (APL) de transposición de distintas normativas europeas sobre mercados de valores. El paquete está orientado, según detallan en un comunicado, a mejorar la competitividad del mercado de capitales, facilitando el acceso de las empresas, especialmente las de menor tamaño, a los mercados, “incentivando la participación del inversor minorista y reforzando la industria de gestión de activos”.El paquete normativo responde directamente, según la explicación del Gobierno, a las barreras identificadas por las propias empresas en los mercados de valores y “moderniza el marco regulatorio español en línea con la normativa europea”, con los objetivos prioritarios de que aumente el número de empresas españolas que salen a cotizar para financiar su crecimiento, y también de que crezca el número de inversores minoristas.El paquete de medidas tiene un primer eje en la mejora del acceso a financiación, eliminando las barreras que impiden a las empresas, especialmente pymes, acudir a financiación no bancaria como son los requisitos para salir a cotizar, elevando los umbrales para la exención de elaborar un folleto y reduciendo el free float mínimo del 25% al 10% así como algunas obligaciones de información. Se amplían las fuentes y oportunidades de inversión, con medidas orientadas a ampliar los canales de financiación de las empresas y el abanico de vehículos a través de los cuales puede canalizarse el ahorro hacia la economía real. El paquete incluye medidas para que los inversores minoristas inviertan con más información y menos conflictos de interés. Se aumenta la transparencia en la retribución de intermediarios y se incentiva la cobertura de análisis de las empresas cotizadas de menor tamaño, facilitando que los inversores tomen decisiones mejor informadas.Licenciada en Derecho y Periodismo. Master de Periodismo y de Periodismo Jurídico UAM/El País. Ha trabajado como redactora de Empresas en Cinco Días y como directora de comunicación de ANFAC.