El Gobierno de Milei insiste con su política de “memoria completa” de la dictadura con un video que justifica a los represores

La postura oficial del Gobierno de Javier Milei sobre la última dictadura es negar que hubo 30.000 desaparecidos —la cifra simbólica que sostienen los organismos de derechos humanos— y poner en plano de igualdad el terrorismo de Estado con la violencia perpetrada por las guerrillas. Este 24 de marzo, en el que Argentina conmemora el 50º aniversario del último golpe de Estado con marchas multitudinarias en las calles, la Casa Rosada publicó un vídeo de 75 minutos donde acusa al Kirchnerismo de haber impuesto “una visión sesgada y revanchista” de la historia. El Gobierno ultraderechista pide una “memoria completa” que niega la existencia de un plan sistemático de represión ilegal, tal y como reconoce desde 1985 el fallo del tribunal del Juicio a las Juntas y han confirmado decenas de fallos posteriores. Según el Gobierno de Milei, el Kirchnerismo silenció a víctimas que no se ajustaban a su relato y en la grabación difunde el testimonio de dos de ellas: el de Miriam Fernández, hija de los militantes montoneros desaparecidos María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, que conoció su verdadera identidad en 2017, a los 40 años; y el de Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure que fue secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1975. Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias.A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender… pic.twitter.com/icsjrHZLNR— Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026 Fernández, la nieta 127 recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, critica con dureza el proceso judicial por el que fue obligada a dar muestras de ADN a la justicia ante la sospecha de que era hija de desaparecidos y que había sido robada al nacer en cautiverio e inscrita bajo una identidad falsa. Consciente desde la adolescencia de que no era hija biológica del expolicía Armando Fernández y de Iris Yolanda Luffi, pero sin querer saber más, cuando recibió la primera notificación judicial, huyó a Chile. Al no presentarse, enviaron fuerzas policiales a su domicilio que, dice, la hicieron sentir “una delincuente”. Sí compareció a la segunda citación, pero con la intención de engañar a los investigadores entregando ropa interior de una de sus hermanas de crianza para el exámen genético. Tras la confirmación de su verdadera identidad, Fernández cuenta que visitó la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, para escuchar el relato de su parto. Aun sin negar sus orígenes, Fernández pone en duda que existiese un plan sistemático de robo de bebés por parte de los militares y justifica la decisión de su apropiador, condenado por crímenes de lesa humanidad, de anotarla como hija propia en el Registro Civil por miedo a las consecuencias si no lo hacía. Acusa a testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad de haber cobrado por su relato ante los tribunales y critica a Abuelas de Plaza de Mayo por haberse opuesto a que conservase el apellido Fernández en vez de adoptar el de sus padres desaparecidos por la dictadura.El segundo testimonio del vídeo es el de Larrabure, familiar de una de las víctimas más conocidas de la violencia guerrillera previa al golpe de Estado. Larrabure ha contado el largo secuestro de su padre y su posterior asesinato en el libro Un canto a la patria y ha relatado el calvario familiar en varias entrevistas a lo largo de su vida. En la grabación asegura que las víctimas de las organizaciones armadas fueron “muy discriminadas” durante el Kirchnerismo y pone como ejemplo las dificultades que encontró para presentar su libro en bibliotecas públicas. Larrabure dice también que “hay más de 20.000 víctimas de terrorismo en la Argentina”, aunque distintos estudios sobre los atentados de Montoneros y ERP estiman que fueron entre 700 y 1.100 víctimas. El número que cita el testimonio del vídeo oficial es más del doble, además, de los 8.960 desaparecidos que Milei reconoce como parte del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, al tomar los casos registrados por la Comisión Nacional de los Desaparecidos en 1984.Se trata del tercer vídeo que publica el Gobierno de Milei con su postura sobre la dictadura Argentina. A diferencia del primero, en 2024, su postura ya no causa sorpresa en una sociedad que se opone de forma mayoritaria a la dictadura. Horas después de la publicación del mensaje oficial, decenas de miles de personas volvieron a salir a las calles este martes para recordar a las víctimas de la represión ilegal y reivindicar la democracia que el país recuperó en 1983. El revisionismo impulsado desde el Ejecutivo convirtió también las marchas en una demostración pública contra Milei.