El mayor proyecto eólico fue autorizado pese a informes desfavorables de los técnicos de Aragón

El mayor proyecto eólico español, el Cluster Maestrazgo (20 parques eólicos, 125 aerogeneradores), fue validado por la Administracion de Aragón y autorizado finalmente por el Ministerio para la Transición Ecológica pese a informes “desfavorables” de los técnicos del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), encargado de evaluarlo. Estos funcionarios han denunciado que sufrieron “presiones”, “amenazas” y represalias por emitir estos informes negativos antes de que se cambiara su valoración. Desde Aragón ese macroproyecto se abrió paso con la luz verde de sus superiores del Inaga. Todo ello lo explican en las diligencias abiertas por la Guardia Civil.Los funcionarios de la Administración de Aragón han denunciado, como testigos, y ante los agentes de la Guardia Civil, numerosas irregularidades en la tramitación del Clúster Maestrazgo de Teruel, el mayor proyecto eólico español en su momento.El macroproyecto fue promovido por Forestalia, que obtuvo en diciembre de 2022 una autorización ambiental, ahora bajo sospecha. Las obras aún no han comenzado. La Unidad Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil investiga una presunta trama mediante la cual Eugenio Domínguez, ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio, facilitó la decisiva autorización ambiental de este macroproyecto a cambio de presuntas contrapartidas en un entramado societario vinculado al grupo Forestalia, según la investigación de la Guardia Civil.“Presiones continuas”El llamado caso Forestalia recoge, entre otros, los testimonios de funcionarios del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) encargado de una parte de la tramitación de estos expedientes de energías renovables. Son voces sorprendentes y en los que se habla de “presiones continuas”, “amenazas de cese” y diversas estrategias por parte de sus superiores de la Administración aragonesa para forzar una valoración favorable a los proyectos eólicos, frente a la negativa de los funcionarios a darles su luz verde, al considerar que implican fuertes impactos ambientales.Uno de estos testimonios (el de un funcionario, jefe técnico) señala que las situaciones anómalas fueron detectadas a partir de ‘boom’ de las renovables, cuando el director general del Inaga, Jesús Lobera (“hombre de partido”, veterinario, fue teniente de alcalde del PSOE en Barbastro) se mostró como una persona “proactiva” para que los expedientes de las renovables “salieran adelante”.El funcionario jefe describe “presiones”, y cómo, tras haber hecho una valoración negativa de tres proyectos relacionados con el grupo Forestalia (Canteras I y Steve), fue sustituido en las funciones de su cargo tras lo cual “las valoraciones pasaron a ser positivas”.Este funcionario jefe señala que fue “removido” (sustituido) en su cargo “debido a sus criterios técnicos desfavorables” a los proyectos mencionados. Los expedientes relacionados con las renovables “tenían que ser gestionados” personalmente por el director general del Inaga, de forma que “una vez asumida la gestión de estos expedientes por Jesús Lobera, todas las resoluciones pasaron a ser positivas” mientras que en paralelo “todas las funciones del proceso de evaluación ambiental” se hicieron “a través de consultoras externas”, se recoge en el atestado.Las presiones se ejercieron mediante la reducción del tiempo a la hora de evaluar el proyecto o “exigiendo en determinadas ocasiones más informes para tratar de cambiar la valoración de los distintos expedientes”.Clúster MaestrazgoEl funcionario jefe denuncia el intento de los promotores de Forestalia y de altos cargos aragoneses de fraccionar los 22 parques eólicos del Cluster Maestrazgo en unidades de menos de 50 MW de potencia, con el fin de la tramitación se hiciera en el ámbito autonómico (pues pasa a la Administración central si se superan los 50 MW) y más rápidamente. A este intento de fraccionamiento se opuso el funcionario en una reunión en la que estuvo Carlos Ontañón (anterior director del Inaga), Luis Marruedo (ex viceconsejero de Medio Ambiente) y Lobera.El funcionario manifestó su oposición previa al proyecto debido a su gran dimensión y “la tramitación que podría sufrir el territorio”.Al aceptarse esa sobredimensión del macroproyecto, la tramitación pasó a ser capitaneada por el Ministerio para la Transición Ecológica, quien debe solicitar el preceptivo informe a la comunidad autónoma (al Inaga).“Reparos” al macroproyectoEn este punto el funcionario jefe del Inaga expresó en un escrito (firmado junto a su compañera técnica) sus “reparos” para que el macroproyecto saliera adelante y lo elevó a fin de que fuera firmado por el director general (Lobera); sin embargo, inmediatamente el funcionario fue apartado del expediente mientras que su superior: le dijo: ‘tú déjalo ahí, no haga más, que me encargo yo’.Y finalmente “fue emitido un informe positivo por parte de Jesús Lobera que fue elevado al Ministerio”.El funcionario detalla incluso que las presiones eran tan fuertes que “llegó a sufrir una amenaza de cese” por parte del consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona (PSOE), transmitidas indirectamente.Asimismo, explica que Jesús Lobera y el conseller Olona se reunían “asiduamente” con promotores vinculados al grupo Forestalia.Lee tambiénLa funcionaria, un testimonio similarAsimismo, una funcionaria del Inaga da un testimonio coincidente y expresa que sufrió “presiones continuas” en expedientes relacionados con el grupo Forestalia, “a fin de que estos salieran adelante”, según recogen las diligencias.Jesús Lobera llegó a devolver de manera “masiva” los expedientes que habían tenido valoración “desfavorable” por parte los técnicos, “negándose a firmarlos, sin ningún tipo de explicación técnica”, recoge este testimonio en las diligencias. Fue entonces cuando se apartó de su puesto al funcionario arriba aludido anteriormente, con lo que el director general pasó a tramitar dichos expedientes, “sin contar con la anuencia de los funcionarios ni de su criterio técnico”.La funcionaria denuncia también que supo, por mediación de una persona de la Administración central, que los informes evacuados para el Ministerio desde el Inaga aragonés [y que obtuvieron luz verde] “eran contrarios al criterio y los informes que habían sido emitidos por ella y por su [funcionario] jefe”.Esta situación irregular fue denunciada y pidió explicaciones sin que le fueran dadas.Este testimonio ratifica, por otra parte, que su compañero, el funcionario jefe, fue apartado porque “no cedió a las fuentes presiones” para emitir una valoración favorable para los proyectos, “que Lobera pretendía a toda costa”.En otro momento, explica que ella, durante un tiempo, era la única técnica responsable para tramitar las renovables.En esas circunstancias, al no haber más técnicos, todos los expedientes deberían haber pasado por ella, una “circunstancia que no se producía”, pero “sin embargo salían como favorables y se remitían de manera masiva (lo cual, por su volumen, era materialmente imposible)”. El hecho era que “eran firmados por Jesús Lobera sin la emisión favorable por parte de la manifestante…”.Funcionaria apartadaLa funcionaria fue apartada de su puesto; amenazada con un expediente (“mediante maniobras turbias”, dice) por motivos relacionados con sus vacaciones y se le cambia de puesto -añade-. Así, durante un tiempo “el área que llevaba a cabo los expedientes sobre las renovables quedó sin ningún técnico al frente; y, a pesar de ello, siguieron saliendo los proyectos favorables masivos”.A su juicio -recogen las diligencias- ese deseo de removerla (sustituirla) en sus funciones relacionadas con las renovables guarda relación con su negativa a dar el plácet a estos proyectos de renovables. Pero en los informe que, en su ausencia, fueron tramitados directamente por Lobera (el director general) observa una “baja calidad técnica”, “distintos errores” y “corta-pega de otros informes”.En relación al proyecto Cluster Maestrazgo (20 parques finalmente aprobados desde el ministerio), la funcionaria técnica señala que emitió un informe “desfavorable que contenía numerosos reparos” y que al ser remitido para ser firmado por Lobera, este se negó a firmarlo. Fue entonces cuando Lobera -estando ella presente- le espetó al funcionario jefe que no tocara más el expediente y que él se encargaría directamente.“Posteriormente, sale una resolución positiva que llega al Ministerio y que es completamente contraria al criterio técnico” que ella su jefe habían trabajado, señalan las diligencias.Periodista especializado en medio ambiente. Promotor del Canal Natural. Autor de 'Emergencia climática: Escenarios del calentamiento y sus efectos en España'. (Librosdevanguardia) acerrillo@lavanguardia.es