Cruzada legal de Sant Cugat para combatir el fraude en el padrón municipal

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès endurecerá las medidas para frenar las altas irregulares en el padrón, después de que el pasado mes de agosto se detectasen 322 empadronamientos fraudulentos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana una instrucción que incluye la obligatoriedad del registro presencial o una posterior comprobación para los mayores de 16 años, así como un aumento de las inspecciones en domicilios o en viviendas con rotaciones inusuales de inquilinos.El alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès (Junts), y el teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales, Jordi Puigneró, han detallado que el Consistorio ha incorporado un software, un sistema informático que permite detectar posibles casos de sobreocupación de un domicilio.La presencialidad, han matizado, comportará que toda persona que quiera hacer efectivo el registro y sea mayor de 16 años tendrá que ir físicamente a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o demostrar que existe como persona física y que la residencia que marca es donde vivirá.El edil ha apuntado que “el trámite telemático no desaparece, ya que sirve para aportar la documentación, pero ya no nos vale el “autorizado”, que es cuando el tenedor del contrato de alquiler o un propietario venía con la documentación de otros. En ocasiones, lamentablemente, era falsa y ha acabado empadronando a la gente en su inmueble sin que, ni siquiera, estén en el municipio”, ha añadido.Lee tambiénOtro de los cambios es que se aumentarán las inspecciones en los domicilios, tanto por parte de los técnicos municipales como de la policía, en diferentes horarios y días. “Cuando la documentación que se aporta puede parecer que no es buena, habrá inspección. En paralelo, también haremos inspecciones aleatorias, bastante habituales en los ayuntamientos”, ha apuntado.4.000 bajas del padrón municipalEn agosto del año pasado, el Ayuntamiento detectó 324 casos de posible fraude en el empadronamiento, de los que, tras las comprobaciones, solo dos eran legales. A su vez, entre 2019 y 2023 se comprobó que había 4.000 personas empadronadas que ya no residían en el municipio y se eliminaron del padrón. De aquí nació esta cruzada para regular los nuevos mecanismos, en una ciudad con 98.708 habitantes, que es considerada una de las urbes mayores de 50.000 habitantes, con el PIB per cápita más alto de Catalunya (59.780 euros en 2024, frente a los 56.360 de Barcelona).Puigneró ha descrito casos en los que se disparan las alarmas: “si hay viviendas con sobreocupación y que durante el año se producen 40 y 50 altas y bajas de padrón, es claramente sospechoso”.Respecto a las personas con domicilios ficticios, es decir, sin techo, el trámite se realizará siguiendo los mecanismos de verificación de los Servicios Sociales. El plazo para realizar todas las comprobaciones será de hasta tres meses. Pasado ese tiempo, si no se ha podido demostrar la autenticidad de los datos, el empadronamiento no se hará efectivo.Iniciativa en el Congreso de los DiputadosHace unas semanas, el alcalde se reunió con la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, y le trasladó su preocupación. “Le pedí que estos siete diputados que tenemos en Madrid intenten mejorar la legislación vigente para que los ayuntamientos podamos tener más herramientas de control para evitar el fraude en los padrones municipales”.”El objetivo es claro: queremos evitar que vuelva a pasar lo que ocurrió en agosto. Afortunadamente, los dimos de baja a todos y, por eso, aumentamos estos protocolos. El padrón tiene que representar la realidad de la ciudad porque detrás suyo hay una serie de servicios y de posibles ayudas”, ha insistido Vallès.