Funcionarios a 25 euros la hora para la 'megaregularización' de inmigrantes

Barcelona 25/03/2026 06:00 Actualizado a 25/03/2026 18:18 El inicio del proceso de regularización de más de medio millón de personas inmigradas anunciado por el Gobierno de España está a la vuelta de la esquina. En principio, y según las previsiones, las primeras solicitudes deberían poder presentarse a partir de principios del mes que viene –es decir, en una semana– y hasta el 30 de junio. No obstante, poco se sabe del dispositivo. Y de eso se quejan sus principales afectados, los funcionarios de Extranjería. Aseguran no contar con toda la información. Además, lamentan que los dejen de lado –solo nueve oficinas de Extranjería participarían del dispositivo, cuando hay una por provincia- y en su lugar sean funcionarios voluntarios, se desconoce el número, de la Seguridad Social y Correos –también personal no funcionario de la empresa pública Tragsa- los que, a 25 euros la hora extra, realizarán gran parte del proceso.A una (en teoría) semana del inicio del dispositivo, fuentes del sindicato CSIF dicen no contar con la mínima información. Lo que sí saben es que la mayoría de oficinas de Extranjería, que son las especialistas en la materia, quedarán excluidas. Solo nueve, y según estas mismas fuentes, participarían de alguna forma (Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga, Almería, Murcia y Palma de Mallorca). En su defecto, serán trabajadores de la Seguridad Social y Correos los que encabecen el dispositivo. Lo harán fuera de su horario ordinario –por las tardes y a 25 euros la hora- y en oficinas que se crearán específicamente para la ocasión. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Catalunya, se estarían buscando al menos tres ubicaciones en Barcelona.Estas mismas fuentes explican a este diario desconocer hoy la magnitud del dispositivo. El Gobierno está trabajando en el decreto que debe regularlo y “hasta que no se publique en el BOE no se distribuirá”. Idéntica información trasladan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que según fuentes del CSIF es el que comandará el proceso.Estas mismas fuentes sindicales lamentan que los funcionarios de Extranjería queden apartados del dispositivo cuando dentro de un año, momento en el que deberán renovarse los permisos provisionales de residencia que se emitan, serán ellos los que tendrán que realizar esa tarea, en horario ordinario y en un contexto de colapso que arrastran desde hace mucho tiempo.Desde CSIF, además, denuncian el papel que tendrá la empresa pública Tragsa en el proceso, que habría contratado ya a 150 personas, según el sindicato. En principio, su tarea quedaba restringida a preparar la estructura informática necesaria. Pero se temen que su papel vaya más allá.Está previsto que pueden acogerse a esta regularización –la séptima regularización extraordinaria de inmigrantes que aprueba España en democracia– tanto personas que lleven un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025 como solicitantes de protección internacional que presentaron la solicitud antes de esa misma fecha. Un requisito indispensable será no contar con antecedentes penales.En este sentido, en distintos consulados de Barcelona, como en el de Pakistán, se dieron largas colas a finales de enero y principios de febrero para pedir el certificado de antecedentes penales en aras de poder presentarlo en el proceso.El decreto que regula el proceso, pendiente de pasar por el Consejo de Estado, no requiere el aval parlamentarioMás difícil lo tendrán para obtener el histórico del padrón, aunque podrán usar otros documentos –informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte– para acreditar que llevaban un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre del 2025. En el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, no hay citas disponibles para pedir el histórico del padrón hasta finales de mayo.El real decreto que regulará el proceso está pendiente de pasar por el Consejo de Estado y volver al de Ministros para su aprobación definitiva. El texto no necesita de un aval parlamentario.Licenciado en Periodismo por la UAB, trabaja en La Vanguardia desde el 2010. Actualmente, en la sección de Sociedad, donde escribe sobre salud, ciencia o educación. Antes había trabajado en la Cadena Ser y COM Ràdio. jfita@lavanguardia.es