El bloqueo de los órganos estatutarios valencianos quiebra la institucionalidad

El lunes el Consell Valencià de Cultura (CVC) aprobó una declaración contra “el intento de censura de autores en el sistema educativo valenciano” impulsado por la Conselleria de Educación. Esta institución estatutaria que asesora al gobierno valenciano en materia de cultura ya había sido muy crítica, con anterioridad, con la aprobación de la ley de libertad educativa y había mostrado su apoyo a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ante los recortes presupuestarios aprobados por PP y Vox para los presupuestos de 2025. Por cierto, la AVL es otra institución de la Generalitat muy crítica con la política lingüística del PP y Vox que gracias a su blindaje en el Estatuto ha evitado su desaparición.Ayer, era el Síndic de Greuges, otro ente estatutario, el que cuestionaba la gestión del Consell en materias como vivienda o servicios sociales. Más allá de señalar “el atasco irresoluble de los Servicios Sociales” o como la dana había agudizado aún más el problema para acceder a una solución habitacional, Ángel Luna cargaba en genérico contra las Corts Valencianes -e indirectamente contra la mayoría de PP y Vox que hacen y deshacen en el Parlamento- por protagonizar “una deriva institucional peligrosa”. El que fuera síndic del grupo parlamentario socialista durante la época de Francisco Camps acusó al Parlamento autonómico de querer “taparle la boca” para evitar que traslade las quejas de los ciudadanos.El bloqueo en la renovación de los órganos estatutarios ha quebrado la institucionalidad y ha tensionado la relación de cordialidad que debería existir entre las distintas instituciones. Luna acusa a las Corts de querer silenciarlo, mientras que estas reforman su reglamento para intentar condicionar la labor de esos mismos entes que operan alejados de su control. La mayoría de los miembros que forman parte de estos organismos fueron elegidos en tiempos en que gobernaba la izquierda.En la oposición, el PP evitó la renovación de los órganos; ahora es la izquierda quien alarga el bloqueoHay que recordar que fue el PP, a finales de la anterior legislatura, quien hizo saltar por los aires un acuerdo para la renovación de los órganos estatutarios. Pensaban los populares que, tras las elecciones autonómicas de 2023, podrían darle la vuelta y elegir ellos a la mayoría de los miembros de estas instituciones. Sin embargo, tras la victoria de Carlos Mazón, la izquierda parlamentaria optó por mantener un bloqueo que, con la excusa de la polarización y la ruptura de todos los puentes entre gobierno y oposición tras la dana, parece que piensa alargar durante toda la legislatura.Esta situación, pese a las llamadas (poco sinceras) al diálogo, ha generado mucha incomodidad en el PP que ve como estos entes, con una especial protección legislativa, se han convertido en altavoces para cuestionar su gestión en la Generalitat.El PP ve como los entes, con mayorías progresistas, se han convertido en altavoces contra su gestiónAyer era el propio Luna el primero en desear que la presentación de su informe anual ante las Corts fuera la última de su mandato, que expira a finales de año. El defensor del pueblo valenciano era muy crítico: “Este bloqueo de las instituciones no es bueno para el funcionamiento del Estado de derecho y del sistema democrático”.Antes, el Síndic de Greuges aprovechó su comparecencia y denunció las maniobras de PP y Vox para “debilitar a las instituciones estatutarias sin tener la mayoría suficiente”. Y es que cualquier cambio en el funcionamiento de estas debería de hacerse modificando sus leyes de creación, para lo que se necesita una mayoría reforzada de tres quintas partes de la cámara autonómica, números que la derecha y la derecha extrema no tienen.En este sentido, Luna enfatizó la apuesta de ambos partidos por reformar el reglamento de las Corts -para lo que les ha bastado una mayoría simple- e intentar “reducir la visibilidad” del Síndic de Greuges y, por ende, de sus denuncias. De hecho, con el nuevo reglamento, la presentación del informe anual del defensor del pueblo queda relegada a una comisión, pese a que la ley del Sindic le obliga a hacerlo ante el pleno. Con todo, la modificación más importante introducida en el nuevo reglamento es aquella que permite cambiar las partidas presupuestarias solo de las instituciones estatutarias durante la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat en el Hemiciclo; precisamente, el terreno donde Vox se sabe más fuerte. Una circunstancia que Luna interpreta como “un riesgo para presionar políticamente a las instituciones”.Licenciado en Periodismo (2005) y Ciencias Políticas y de la Administración (2012). Redactor de La Vanguardia en la Comunidad Valenciana desde enero de 2021. Antes, en El Mundo. Ha participado en varios libros sobre la Comunidad Valenciana