La autora de la última reforma del aborto lleva a Igualdad ante la Audiencia Nacional

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una demanda contra el Ministerio de Igualdad en la que una jurista acusa a la Administración de haberse apropiado de un trabajo suyo relacionado con el anteproyecto de reforma de la ley del aborto.Adilia de las Mercedes, la demandante y también jurista, sostiene que el ministerio utilizó el borrador elaborado por ella sin reconocer su autoría ni compensarla, lo que –según su escrito– habría supuesto un enriquecimiento injusto de la Administración y su invisibilización profesional.Denuncia “racismo y violencia institucional”Según el escrito judicial, al que ha tenido acceso La Vanguardia, los hechos se habrían producido entre 2021 y 2023, cuando el departamento estaba dirigido por la entonces ministra Irene Montero. La recurrente, española nacida en Guatemala, afirma además que estas actuaciones se produjeron en un contexto de discriminación por razón de origen nacional, étnico y racial, que califica de “racismo y violencia institucional”. La jurista ha decidido dar a conocer su caso públicamente para evitar que “sea instrumentalizado por ningún sector político”, según ha declarado a este diario.El actual Ministerio de Igualdad ha señalado a preguntas de este diario que “ya ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional el expediente completo, en el que se acredita la legalidad de los procedimientos y la improcedencia tanto de la declaración de nulidad como de la indemnización solicitada”. Según añade el departamento, “el Consejo de Estado se pronunció en el mismo sentido en su dictamen”.Lee tambiénLa abogada asegura que fue contratada en 2021 por el Ministerio de Igualdad para la elaboración de un “esquema técnico” que serviría de “base” para la reforma de la ley del aborto, aprobada finalmente en 2023. Este primer trabajo se tramitó mediante el sistema de anticipo de caja fija y por el máximo permitido por este medio de pago (5.000 euros).La demandante sostiene que este fue el primer contrato verbal. Según recoge el escrito, “jamás recibió ningún contrato por escrito, nunca firmó documento alguno que recogiera el objeto especificado, ni la duración, ni el precio u organismo contratante, siempre bajo la excusa de la urgencia del procedimiento y bajo las condiciones de confianza institucional”.En octubre del 2021Se le encarga un “esquema técnico” de la reforma de la ley del abortoNo obstante, la abogada se dio cuenta “nada más comenzar a trabajar” de que “no le estaban exigiendo ese ‘esquema técnico’, sino el borrador mismo del anteproyecto de ley”. Ante este cambio de objeto contractual, la demandante pidió que se tuviera en cuenta este hecho y el correspondiente aumento retributivo. Por este segundo contrato administrativo verbal, la jurista denuncia que nunca recibió contraprestación alguna. Sí la recibió por otro documento que consistía en elaborar un estudio sobre los fundamentos legales de la reforma en el derecho internacional, pero nunca por el borrador de la ley.La demanda ante la Audiencia Nacional tiene su origen en la solicitud presentada por De las Mercedes para que la Administración revisara y declarara nulos estos dos contratos verbales. El 2 de enero de 2024, la recurrente presentó formalmente la solicitud de revisión de oficio y la alegación de haber sufrido una serie de actos discriminatorios por parte de diferentes cargos de Igualdad. Ante la falta de resolución dentro del plazo legal, la jurista interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.El Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable hacia la recurrenteEn su demanda, la jurista solicita que se declaren nulos los contratos que, según sostiene, se formalizaron de manera verbal con la Administración, aportando documentación que, a su juicio, respalda su versión. Además, reclama el reconocimiento de su autoría en la elaboración del borrador del anteproyecto y una compensación por los perjuicios profesionales y morales que le habría causado la utilización de su trabajo sin atribución y la discriminación y violencia institucional sufridas, siempre según la versión de la denunciante. La reclamación económica derivada de estos hechos asciende a unos 278.000 euros, tal y como se recoge en el escrito.En el marco de este procedimiento, también intervinieron otros órganos consultivos y jurídicos de la Administración previamente a la demanda ante la Audiencia Nacional. En concreto, la Abogacía del Estado emitió el 30 de abril de 2024 un informe favorable al escrito de contestación elaborado por el Instituto de las Mujeres, indicando que el mismo se consideraba ajustado a Derecho. Posteriormente, el 23 de julio de 2024, el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable a la solicitud presentada por la recurrente, concluyendo que no procedía estimar la revisión de oficio solicitada. Según la demandante, “ambos escritos se contradicen, por lo que ha acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa para que sean los tribunales los que decidan sobre su situación”.En el marco de este procedimiento, también intervinieron otros órganos consultivos y jurídicos de la Administración previamente a la demanda ante la Audiencia Nacional. En concreto, la Abogacía del Estado emitió el 30 de abril de 2024 un informe favorable al escrito de contestación elaborado por el Instituto de las Mujeres, indicando que el mismo se consideraba ajustado a Derecho. Posteriormente, el 23 de julio de 2024, el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable a la solicitud presentada por la recurrente, concluyendo que no procedía estimar la revisión de oficio solicitada.El Consejo de Estado dictaminó, por un lado, que los contratos eran de pleno derecho, pues en ambos casos existe una documentación por escrito de cada contrato y sus condiciones; por otro, rechazó las pretensiones indemnizatorias de la demandante. “Si la Sra. ...... consideraba que el servicio requerido tenía un valor tan superior al acordado, hubiera debido acudir a las vías oportunas para solicitar, en tiempo y forma, la resolución del contrato y la adjudicación de uno nuevo”.Periodista especializada en temática social: feminismos, migraciones, salud mental. Antes, en el equipo de Redes Sociales. Doble licenciada en Periodismo y Publicidad y RR.PP. por la UAB