Función Pública prevé que las 35 horas en el Estado entren en vigor a mediados de abril, aunque aún carece de todo el apoyo sindical

Las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos de la Función Pública para implantar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) y para diseñar la oferta de empleo pública de 2026 no terminan de cuajar. Tras varias reuniones técnicas, la secretaría de Estado de Función Pública ha convocado, este miércoles, la mesa de negociación de la AGE para el próximo viernes, con la intención de aprobar definitivamente esta reducción de jornada (actualmente la jornada en la AGE es de 37,5 horas). Sin embargo, solo UGT ha dicho, de momento, que respalda la aplicación de las 35 horas tal y como la ha diseñado el Gobierno, mientras CC OO y CSIF siguen analizando la última propuesta que Función Pública les ha facilitado este mismo miércoles, antes de mostrar su apoyo o su rechazo. Así, UGT ha anunciado este miércoles que apoyará el nuevo texto aportado por Función Pública “porque contempla mejoras suficientes para que el sindicato lo avale”. Entre ellas, destacan las siguientes: el compromiso de publicar la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública en un plazo máximo de 15 días; el cómputo anual de horas correspondiente a esta nueva jornada (1.533 horas); y la adaptación de la jornada de especial dedicación (que pasaría de 40 a 37 horas y media); así como la concreción de los horarios fijos de presencia, “que se incorporarán al texto definitivo a instancia de UGT”, apuntan en un comunicado desde este sindicato.Por su parte, CC OO y CSIF siguen analizando tanto el texto presentado este miércoles, como las cuestiones que el Gobierno se ha comprometido a incluir en la redacción final de su propuesta, que se conocerá tras la reunión de la mesa general del próximo viernes. Así, fuentes sindicales han indicado que “la Administración se ha comprometido a llevar un texto en el que no se excluya a nadie, por lo que se incluirá a instituciones penitenciarias, y el personal de Ingesa y profesores de Ceuta y Melilla, si bien estos colectivos tendrán que negociar en su propio ámbito”. Asimismo, el texto final también podría incluir al personal de los organismos públicos estatales (agencias y demás entidades de derecho público, como las empresas públicas). Estos organismos también tendrán que aterrizar la implantación de las 35 horas en sus respectivas mesas de negociación. Dicho esto, aunque CC OO y CSIF, o una de estas dos centrales, no se sumaran al acuerdo que ya se anticipa entre el Ejecutivo y UGT, el Gobierno podría sacar adelante esta reducción del tiempo de trabajo en el Estado, ya que según argumenta Función Pública, “la implantación de esta jornada semanal de trabajo efectivo en la AGE y en sus organismos públicos, era uno de los compromisos adquirido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”. Así, todo apunta a que, con mayor o menor respaldo, el próximo viernes las 35 horas quedarán aprobadas para más de 200.000 trabajadores de la administración central. Y, según el compromiso manifestado por Función Pública, el ministerio publicará inmediatamente una resolución de jornadas y horarios que estará vigente en 15 días, esto es, a mediados de abril. La oferta de empleo, en pausaPor otra parte, los sindicatos también han informado, tras las reuniones mantenidas este miércoles, de que las conversaciones abiertas con el ministerio que dirige Oscar López para diseñar la oferta de empleo pública de 2026 se retrasan, de momento. Así, a pesar de la prisa manifestada por el Ejecutivo en reuniones anteriores para que esta oferta se aprobara a la vuelta de la Semana Santa, en lugar de hacerlo en julio como es habitual, el número de plazas que se ofertarán no se incluirá en la mesa general que se celebrará el viernes.De ahí, que las centrales hayan asegurado que estas negociaciones se paralizan, de momento, ya que, además, UGT, CC OO y CSIF, han manifestado a los responsables de Función Pública su temor y rechazo a que la oferta de empleo de este año para la AGE tampoco suponga la creación de empleo neto (que haya más nuevas plazas que bajas), algo que ya les llevó a rechazar la oferta de 2025.Sin embargo, desde Función Pública han asegurado que en ningún momento estaba previsto aprobar esta oferta el viernes, por lo que sostienen que la negociación de los sindicatos, no se retrasa, sino que seguirá su curso para intentar sacarla adelante lo antes posible. De momento, lo único que han trasladado los responsables ministeriales es que dicha oferta será similar a la del año pasado, cuando se aprobaron 27.000 plazas (de nuevo ingreso y de promoción interna) para la administración central, sin contar con los puestos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.