El Govern investiga el fondo que está convirtiendo un edificio de Gràcia en colivings

Luis BenvenutyBarcelona 25/03/2026 18:42 Actualizado a 25/03/2026 20:22 La festiva oposición de cientos de personas frenó este miércoles el desalojo de un vecino del barrio de Vila de Gràcia. Lo inquilinos del número 14 de la calle Sant Agustí denuncian que un fondo de inversiones holandés está resuelto a hacer de la finca una complejo tipo coliving la mar de cuco, a dividir las viviendas en montón de habitaciones y alquilar cada una por unos 900 euros, por unas rentas bien parecidas a las que se venían pagando por cada piso.El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, tildó los modos de este fondo de inversiones de abusivas. Además, la consellera de Habitatge y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, subrayó que la Generalitat ya está investigando qué está pasando en este edificio y que muy pronto abrirá los correspondientes expedientes. El espíritu de la Casa Orsola sobrevuela de nuevo Barcelona. Y nadie quiere que esta vez le coja a contrapié.El inquilino del número 14 de Sant Agustí que este miércoles esquivó el desahucioMiquel Muñoz / ShootingPese a la insistencia del fondo en recuperar su propiedad, la comitiva judicial resolvió aplazar por motivos de seguridad el lanzamiento de este joven profesor de una escuela cercana llamado Txema. Algunos de los concentrados en esta calle semipeatonal tan de postal se emocionaron. La nueva fecha de este desahucio es el 15 de abril. Todos prometieron que volverán entonces.Txema lleva once años en la finca y paga un alquiler de 800 euros. Se trata del primer inquilino de este bloque que se enfrentó a su desalojo. El Sindicat de Llogateres dice que asistimos al primer proceso de desahucio instado por una empresa dedicada al coliving en Barcelona. También que desde que este fondo compró este edificio en el 2023 declinó renovar los contratos de alquiler a fin de reformar los pisos y alquilar sus habitaciones. Ya solo queda gente en cinco viviendas. Las fuentes añaden que estos años marcharon los inquilinos de seis pisos. Cuatro de ellos ya fueron reformados, y otros dos aún permanecen vacíos. El Síndic de Greuges ya aceptó la propuesta de los afectados de mediar en este conflicto.A las nueve y media la mañana el president Illa tecleó un post defendiendo a los inquilinos afectadosEste choque entre los derechos a la vivienda y a la propiedad privada es tan virulento que el president de la Generalitat ya tomó partido. A las nueve y media de la mañana, cuando las cámaras de los programas matutinos realizaban sus conexiones en directo, Illa dejó patente en las redes su oposición a este lanzamiento.“En ninguna ciudad de Catalunya permitiremos actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos a vivir en su barrio –tecleó en X–. Desde el Govern estamos actuando contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa. Hemos activado todos los mecanismos legales para proteger a los vecinos”.Una imagen del inmueble en cuestiónMiquel Muñoz / ShootingY poco después, ya delante de un micrófono, preguntando por los periodistas, el president Illa abundó que “la política de vivienda de la Generalitat es clara: todos los ciudadanos de Catalunya deben tener acceso a la vivienda. Quien quiera invertir en vivienda puede hacerlo en vivienda social para la gente vulnerable. El Govern no quiere ningún modelo de inversión y negocio basado en la especulación”.Además, la consellera Paneque, señaló que técnicos de la Generalitat visitaron el inmueble de manera reciente y detectaron que los precios de las habitaciones tan cucas ideales para pasar unos meses en la ciudad que el fondo de marras ya habilitó en el 14 de Sant Agustí están superando los topes legalmente establecidos. Ello podría comportar multas de hasta 90.000 euros por vivienda.El aplazamiento del desahucio emocionó a muchos de los concentradosMiquel Muñoz / ShootingEn la calle, sin embargo, las reacciones del Govern fueron recibidas con recelos. En Sant Agustí el quid de la cuestión, dijeron los representantes del Sindicat de Llogateres y también mucha gente que se acercó por su cuenta, es que el Ayuntamiento, la Generalitat y el Estado pongan en marcha normas y mecanismos de control que frenen unas prácticas consideradas por muchos como especulativas. Lo que ocurre es que en estos momentos la búsqueda de consensos entre las formaciones en torno a la vivienda está resultando muy complicada.Entretanto, también este miércoles por la mañana, pero de un modo mucho más discreto, sin tanta repercusión, agentes de la Guardia Urbana desalojaron a cerca de 130 personas de un buen puñado de chabolas levantadas durante los últimos años en los alrededores de las obras de la estación de la Sagrera. Lo de la vivienda en Barcelona está pasando de problema a drama a toda velocidad. Y se está manifiestando en todos los estratos sociales.Lee tambiénHace poco más de un año el gobierno de alcalde Jaume Collboni se las ingenió para hacerse con la propiedad de la Casa Orsola. Aquel edificio fue comprado meses atrás por un inversor catalán a fin de reformar las viviendas a medida que fueran expirando sus contratos de alquiler y arrendarlas por meses por rentas que prácticamente doblaban las anteriores. Buena parte de los inquilinos dijeron que no se marcharían. Lo que está pasando en Sant Agustí va mucho más allá.Nacido en Salamanca en 1974. Licenciado en Sociología por la Universidad de Granada. Máster en Periodismo Les Hueras de la Universitat de Barcelona. Premio Josep Maria Huertas Clavería en 2008 por su obra Mudanzas . Desde el año 2000 escribe reportajes en La Vanguardia , en su mayor parte sobre el ámbito local.