El Gobierno mantiene el pulso contra la educación especial al reforzar la inclusión en los colegios

El Gobierno mantiene su pulso contra la educación especial y continúa con la estrategia de avanzar hacia la inclusión del alumnado con discapacidad en los centros ordinarios, tal y como se recoge en la última reforma educativa, la LOMLOE, vigente desde 2021. El Ministerio de Educación está cerrando los flecos de un "plan estratégico de educación inclusiva" que garantice que los colegios ordinarios cuentan con los recursos necesarios para asumir a un mayor número de alumnos con discapacidad, de tal modo que los de educación especial acaben siendo centros "de referencia y apoyo" en los que solo se matriculen aquellos niños con mayores dificultades de aprendizaje. Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Educación, Milagros Tolón, que ha contado que su departamento está trabajando en este plan junto a las comunidades autónomas con el objetivo de que se apruebe "en los próximos meses". "El objetivo es avanzar en una transformación progresiva del sistema educativo, reforzando recursos, mejorando la organización de los centros y promoviendo estrategias pedagógicas más inclusivas", ha detallado en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido por primera vez desde que asumió la cartera, hace tres meses, en sustitución de Pilar Alegría. Tolón no ha entrado en detalles sobre ese plan, aunque sí que ha contado que se tocarán asuntos "clave" como la accesibilidad universal o la formación del profesorado. También ha defendido la necesaria coordinación entre centros ordinarios y de educación especial, de quienes ha asegurado que quiere aprovechar "el conocimiento y la experiencia" en su atención a los alumnados con discapacidad para aplicarlo a ese refuerzo de la inclusión. "La diversidad en nuestras aulas es la nueva normalidad y el objetivo es claro: fortalecer un sistema educativo más inclusivo, mejor coordinado y un sistema que garantice de forma efectiva los derechos de todo el alumnado", ha aseverado. La educación especial, para "apoyos más intensivos"Este plan responde a un mandato de la LOMLOE, que establecía un plazo de 10 años desde su aprobación para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender al alumnado con discapacidad, de tal modo que solo se escolarice en educación especial cuando las necesidades del niño no puedan ser atendidas en un colegio ordinario. Esta medida nació ya con revuelo, pues hay familias que lo ven como un ataque a la educación especial que, en muchos casos, es la única opción de que sus hijos con discapacidad reciban una educación personalizada y atenta con sus necesidades, sobre todo frente a unos centros ordinarios que ya de por sí están sobrecargados y en los cuales faltan profesionales especializados. Tolón, no obstante, niega la mayor. En su discurso inicial desde la Cámara Baja, la ministra ha asegurado que "no es cierto que se vayan a cerrar los centros de educación especial en España", y ha defendido que la ley "reconoce el valor y la especialización" de estos centros que, según sostiene, sí cumplen "un papel importante en la escolarización de alumnos que necesitan apoyos más intensivos". "Se reconoce su función como centro de referencia y apoyo a los ordinarios para fortalecer nuestra respuesta inclusiva", ha insistido.También el PP ha abanderado esa lucha contra el objetivo del Ejecutivo en más de una ocasión. La última fue hace poco más de un año, cuando presentó una proposición de ley para derogar ese artículo de la ley y permitir que las familias del alumnado con necesidades educativas especiales pudieran elegir en qué centro quieren escolarizar a sus hijos. La norma fue rechazada por todos los grupos salvo PP, UPN y Vox. La próxima será después de Semana Santa, el 7 de abril, cuando los de Génova llevarán una moción al Senado en la que exigirán al Gobierno que elabore un plan, precisamente, contrario al anunciado hoy: un plan para "blindar" los centros de educación en España.Según datos del PP, en España hay cerca de 300.000 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, representando en torno al 3,6% del total del alumnado. De ellos, aproximadamente el 85% se encuentra escolarizado en enseñanzas ordinarias y en torno al 15% en centros o unidades específicas de educación especial.