El Gobierno discrepa del gran decreto de Llorca

El Gobierno de España ha manifestado sus discrepancias sobre seis artículos y una disposición transitoria del decreto ley del conocido como Plan Simplifica II, el primer gran decreto aprobado por el Consell de Pérez Llorca, por lo que ha abierto una comisión bilateral con la Generalitat para buscar un acuerdo que las solucione y evite un recurso de inconstitucionalidad. Una de las materias en las que el Ejecutivo muestra su disconformidad es en los cambios introducidos por el Consell en la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje; uno de los puntos más polémicos de un decreto que incluye un sinfín de cambios normativos.Tanto PSPV como Compromís habían denunciado que con la excusa de la la agilización administrativa, el decreto supone un retroceso en la protección del territorio y “abre la puerta a nuevas dinámicas de especulación urbanística”. Ambas formaciones alertan de que la norma debilita los controles públicos, resta competencias a los ayuntamientos y permite actuaciones en suelo protegido y no urbanizable, lo que, a su juicio, favorece “pelotazos”, “oscurantismo” y un urbanismo “a la carta”.Respecto al Simplifica II, el Gobierno ha expresado su desacuerdo sobre los artículos 23, 25, 26, 42, 45 y 83 y la disposición transitoria segunda del Decreto-ley 14/2025, de 26 de diciembre, del Consell, de medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado. Los primeros hacen referencia a los contratos que afectan al personal investigador a la participación de las universidades o centros públicos de investigación de la Comunitat Valenciana en empresas basadas en conocimiento, por una parte, y cuestiones de patrimonio documental y archivos de la Generalitat.Este decreto ley es la primera norma impulsada por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y fue validado a finales de enero en Les Corts con el apoyo del PP y Vox y el rechazo de la izquierda, y actualmente se está tramitando como proyecto de ley. De hecho, en los próximos días, los grupos parlamentarios tienen que presentar sus enmiendas al texto que ahora ha sido cuestionado por el Ejecutivo central.Tras el inicio de estas negociaciones, la comisión bilateral de cooperación Administración general del Estado-Generalitat dispone ahora de seis meses para alcanzar un acuerdo sobre esos puntos y evitar así la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional.Desde la Conselleria de Hacienda y Administración Pública han señalado que la publicación de este acuerdo es “un trámite habitual de cooperación institucional” entre la Generalitat y el Estado, que han acordado “abrir un proceso de diálogo técnico” para analizar determinadas cuestiones del decreto-ley y encontrar “soluciones compartidas dentro del marco constitucional”.El Consell apunta a que es “un trámite habitual de cooperación institucional”Asimismo, las mismas fuentes han destacado que lo que se van a analizar son “solo 7 artículos”, de modo que “las dos instituciones están de acuerdo en el 95 % del plan”, y que la bilateral en ningún caso supone la suspensión de la norma, que sigue plenamente vigente y desplegando sus efectos para “eliminar burocracia, agilizar trámites y facilitar la vida a las personas”. Licenciado en Periodismo (2005) y Ciencias Políticas y de la Administración (2012). Redactor de La Vanguardia en la Comunidad Valenciana desde enero de 2021. Antes, en El Mundo. Ha participado en varios libros sobre la Comunidad Valenciana