El Gobierno ordena retirar un monumento franquista y el Ayuntamiento de Palma lo protege minutos después

La secretaría de estado de Memoria Democrática ha acordado este jueves la retirada del monumento de Sa Feixina de Palma, construido en 1948 en homenaje a las víctimas del Crucero Baleares, y su inclusión en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Poco después de conocerse la resolución, el pleno del Palma" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="75270" data-entity-type="organization">Ayuntamiento de Palma ha acordado, con los votos a favor de PP y Vox, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para catalogar con la máxima protección patrimonial este monolito, que arrastra una larga histórica de polémicas cruzadas. El regidor de Urbanismo y Vivienda del Consistorio, el popular Óscar Fidalgo, ha avanzado que defenderán en los tribunales la protección del monumento y ha esgrimido la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que en 2021 ratificó la sentencia de primera instancia que obligaba a catalogar el monumento para salvarlo de una demolición. La resolución dictada por el departamento dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática recoge las conclusiones del informe definitivo y vinculante de la comisión técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que considera que el monumento a las víctimas del Crucero Baleares fue construido “en plena dictadura” para homenajear “de forma explícita” a los casi 800 combatientes sublevados que murieron en el hundimiento del crucero en la madrugada del seis de marzo de 1938. “El monumento debe entenderse como parte y ejemplo del culto a los caídos desarrollado por el régimen franquista” señala el informe, que puntualiza que, a pesar de que en 2010 le fueron retirados los símbolos e inscripciones franquistas, la forma del obelisco responde en sí misma “al estilo propio conmemorativo” de las construcciones dictatoriales dirigidas a recordar a los caídos. “Constituye una construcción ideada y erigida para conmemorar de forma excluyente a los combatientes del bando sublevado” sostiene el informe, que insiste en que el valor formal del monolito “no es autónomo ni neutral” sino que está “profundamente” condicionado por su origen. Estos motivos son los que han llevado a la secretaría de estado de Memoria Democrática a incluir el monumento en el catálogo, dado que los técnicos no aprecian la existencia de razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen su mantenimiento. El Gobierno central ha acordado así su retirada del espacio público y su depósito y custodia, recordando que ni el Palma" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="75270" data-entity-type="organization">Ayuntamiento de Palma ni el Gobierno de la comunidad autónoma han presentado alegaciones al expediente. La resolución, que se ha conocido en la mañana de este jueves, ha coincidido con el desarrollo del pleno del Palma" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="75270" data-entity-type="organization">Ayuntamiento de Palma en el que estaba prevista la votación para otorgarle la máxima protección, que finalmente ha salido adelante con el favor del PP y Vox. Y es que el equipo de Gobierno ha avanzado que defenderá la protección de Sa Feixina en los tribunales si fuera necesario. Fidalgo ha insistido en que la Justicia “ya ha hablado” y cuando eso ocurre “la política responsable y seria escucha y cumple”. El regidor ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que en 2021 ratificó una resolución de primera instancia que apreciaba elementos arquitectónicos singulares y ordenaba al Consell de Mallorca incluir el monumento en el catálogo de patrimonio cultural y artístico, frenando así los intentos de la izquierda durante su mandato en las instituciones públicas de derribar la construcción. La entidad Memòria de Mallorca ha celebrado la decisión del Gobierno central porque consideran que este dictamen les permite iniciar un nuevo proceso judicial para conseguir el derribo del monumento. “Expresamos nuestra preocupación ante posibles derogaciones o retrocesos en materias clave de las políticas de memoria, como la gestión de la documentación, los restos humanos no identificados, los memoriales o los bancos de ADN”, ha señalado la presidenta de la asociación, Maria Antònia Oliver, que ha instado a que se catalogue como lugares de la memoria el Fortín de Illetes de Calvià y el Muro de la Memoria de Palma.