El Congreso pone en marcha la cuarta reforma de la Constitución para que Formentera tenga senador

La cuarta reforma de la Constitución desde 1978 ya está en marcha. Será más bien un retoque para permitir que la isla de Formentera pueda elegir un senador propio y no conjuntamente con Ibiza. El pleno del Congreso la aprobó este jueves por el método exprés de tramitación única y ahora queda pendiente de la ratificación del Senado. Como todas las reformas de la ley fundamental, requería del apoyo de al menos tres quintos de la Cámara baja (210 diputados), listón que superó holgadamente, ya que solo Vox votó en contra.La levísima reforma consistirá únicamente en agregar en el apartado tercero del artículo 69 de la Constitución el nombre de Formentera (11.000 habitantes) a la relación de islas con derecho a elegir un senador propio. Hasta ahora es la única de los archipiélagos de Baleares y Canarias que no tiene reconocido ese derecho. La demanda había sido respaldada por unanimidad tanto en las instituciones de la isla como en el Parlamento balear. La propuesta recogió 272 votos a favor, frente al rechazo de Vox y la abstención del PNV. Los nacionalistas vascos negaron su apoyo en protesta por la decisión de la Mesa del Congreso, con el consenso de PSOE y PP, de impedir la tramitación de varias enmiendas que pretendían aprovechar la ventana abierta por la iniciativa sobre Formentera para plantear otras reformas de la ley fundamental, como el reconocimiento del derecho de autodeterminación, limitar la inviolabilidad del Rey o suprimir el artículo 155, que permite a la Administración central intervenir una comunidad autónoma. “Es un atropello democrático”, denunció el diputado peneuvista Mikel Legarda. “Lo que más descalifica a una democracia es no dejar hablar, sin perjuicio de que luego cada uno vote lo que quiera”. El anterior retoque constitucional fue aprobado en enero de 2024 y afectó al artículo 49, en el que se sustituyó el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. Como ahora, el único voto contrario fue el de Vox. Los escasos cambios en la norma que permitió recuperar la democracia se iniciaron en 1992, con una reforma impuesta por el tratado de Maastricht para conceder a los ciudadanos de otros países de la UE residentes en España el derecho a votar en elecciones municipales. Se aprobó por unanimidad. Mucho más controvertida resultó la de 2011, cuando, en plena Gran Recesión y bajo fuertes presiones internacionales, se modificó el artículo 135 para establecer como prioridad máxima de los gastos del Estado el pago de los intereses de la deuda pública. El último pleno del Congreso antes de las vacaciones dejó buenas noticias para el Gobierno, que logró sacar adelante cinco iniciativas legislativas, en todos los casos con el apoyo de Junts: la reforma constitucional, dos decretos -el de medidas de emergencia para paliar los efectos de la guerra y otro sobre memoria histórica- y las leyes de economía social y la que endurece las penas para los delincuentes multirreincidentes, ambas ya listas para su publicación en el BOE tras haber pasado también por el Senado. El decreto de memoria histórica amplía hasta 1978 el plazo dentro del cual se pueden considerar víctimas de la lucha por la democracia a los asesinados por cuerpos del Estado cuando defendían causas políticas. Hasta ahora la fecha tope era la de la aprobación de la ley de amnistía, en 1977, que se extiende hasta que entró en vigor la Constitución. También se duplicará la cuantía de las indemnizaciones previstas. El Gobierno, con el apoyo de la mayoría de los grupos, accedió a tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que permitirá introducir modificaciones posteriores. El ministro Ángel Víctor Torres se ha comprometido con ERC a estirar aún más el plazo, hasta 1983, ya que durante ese periodo siguieron produciéndose episodios de “violencia policial indiscriminada”, justificó el diputado republicano Francesc Marc Alvaro. Durante el debate, varios de los oradores citaron que la norma permitirá abordar casos de víctimas cuyos familiares llevaban años buscando reparación sin éxito. Uno de los más citados fue el de Manuel García Caparrós, un joven de 18 años muerto en Málaga por disparos de un policía durante una marcha en favor del Estatuto de Autonomía. PP y Vox votaron en contra, con durísimas críticas en ambos casos. “No vamos a ser cómplices de su proceso de deconstrucción constitucional”, afirmó el popular Pedro Muñoz Abrines.