Los funcionarios de
Correos, sobre todo, pero tambi�n los de
Seguridad Social y las oficinas de Extranjer�a est�n a la espera de la aprobaci�n definitiva de la regularizaci�n extraordinaria de extranjeros -cuyo texto est� ahora en el
Consejo de Estado- y que deb�a entrar en vigor el pr�ximo mi�rcoles, 1 de abril, ya que temen que la gesti�n de la misma se retrase y conlleve el colapso de sus oficinas hacia el verano ante la falta de personal adicional para acometer esa labor. El
Gobierno elev� el texto a audiencia p�blica en enero y ahora est� siguiendo los tr�mites preceptivos para su aprobaci�n. Aunque inicialmente estaba previsto que "las solicitudes se empezaran a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los tr�mites preceptivos para aprobar definitivamente el Real Decreto, y el proceso estuviera abierto hasta el 30 de junio de 2026", seg�n explic� el
Ministerio de Seguridad Social, la demora en el proceso hace imposible que el tr�mite arranque la pr�xima semana. El grueso de las solicitudes se tramitar�n en
Correos, ya que en la
Seguridad Social va a haber muy pocas oficinas habilitadas para hacer ese tr�mite. Seg�n explican fuentes sindicales de
CSIF, en las ciudades grandes habr� s�lo tres oficinas de la
Seguridad Social en las que se pueda gestionar la regularizaci�n, en las medianas habr� dos y en algunas provincias s�lo una, mientras que tan s�lo habr� 10 oficinas de Extranjer�a en toda Espa�a que se puedan ocupar de esta gesti�n. Esto supone que en la pr�ctica ser�n los funcionarios de
Correos -que trabajan ma�ana y tarde- los que se ocupar�n de la tramitaci�n de expedientes. "El decreto dec�a que las solicitudes se empezar�an a recibir el 1 de abril, pero es imposible cumplir con esa fecha. Creemos que es posible que se extienda la entrada en vigor y que coincida la tramitaci�n de las solicitudes con los meses de julio y agosto, lo que podr�a suponer un problema al coincidir con las vacaciones", explican desde
CSIF a EL MUNDO. Dado que el Ejecutivo quiere llevar a cabo la regularizaci�n en el plazo de tres meses, es muy probable que la gesti�n se realice o al menos concluya durante el verano.En
Correos est�n a la espera de firmar un convenio especial para articular c�mo se va a realizar este trabajo y si se van a poner mesas especiales, mientras que en la
Seguridad Social ya han acordado que esta labor se har� por las tardes y que los funcionarios podr�n voluntariamente apuntarse para hacerlo por 25 euros la hora. El proceso de regularizaci�n se articular� en dos fases. La inicial es la de recogida de documentaci�n y gesti�n de solicitudes, que es la que conllevar� m�s volumen de trabajo y se canalizar� a trav�s de los 9.000 trabajadores de
Correos -como ha ocurrido en el pasado con otros tr�mites de la Administraci�n-, las oficinas de
Seguridad Social y Extranjer�a habilitadas y las delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno.Esa solicitud se podr� hacer tambi�n por v�a telem�tica por medio de los intermediarios que est�n dados de alta en el Registro Electr�nico de Colaboradores de Extranjer�a. Entre ellos figuran organizaciones sindicales, entidades sin �nimo de lucro o despachos de abogados acreditados que act�an como gestor�as y ayudan a los solicitantes a hacer los tr�mites cuando habitualmente no tienen documentos en regla por su propia situaci�n, ni tampoco firma digital ni forma de acreditarse. En total,
CSIF estima que se podr�an producir hasta un mill�n de solicitudes, a pesar de que el Ejecutivo haya calculado que la regularizaci�n cubrir� a unas 500.000 personas, y que los funcionarios dedicar�n de media 20 minutos a cada uno de los candidatos. La segunda fase es la de an�lisis de la documentaci�n y autorizaci�n para quienes cumplen los requisitos, que se centralizar� en la Unidad de Tramitaci�n de Expedientes de Extranjer�a (UTEX, con sede en Vigo). Seg�n ha podido saber este medio, est� sobre la mesa la posibilidad de contratar a Tragsa para colaborar en este proceso, algo que no se ver�a con buenos ojos en Extranjer�a, al considerar sus funcionarios que el tratamiento de datos tan sensibles no deber�a externalizarse. Ante sus alegaciones, es posible que el
Consejo de Estado se pronuncie al respecto. M�s all� de coordinar con las distintas administraciones y empresas p�blicas c�mo se va a hacer la gesti�n del procedimiento, el
Gobierno tambi�n tiene que poner en marcha las plataformas inform�ticas necesarias para volcar toda la documentaci�n -que sean, adem�s, accesibles por los intermediarios externos- y para poder llevar a cabo la autorizaci�n de solicitudes. Los requisitos exigidos para los solicitantes son que puedan acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y haber residido en nuestro pa�s antes del 31 de diciembre de 2025. En el caso de los solicitantes de protecci�n internacional, bastar� con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar. Otro de los requisitos indispensables es carecer de antecedentes penales.