La peliculera trama de dos detectives privados en el juicio a los Pujol

Llamaron al telefonillo, preguntaron por Mari Carmen, era ella misma. Le traían un paquete. Frente a la puerta del domicilio, se lo entregaron y le pidieron que, además de su nombre y DNI, escribiera por favor algunas palabras sobre la profesionalidad del servicio. Así lo hizo. Quedó contenta. La mujer no sabía que quienes le entregaban el paquete no eran mensajeros sino que eran detectives, y que lo que querían era su caligrafía: y la querían lo más completa posible.Lo hicieron con gran profesionalidad, desde luego.Aquellas letras han sido releídas e interpretadas este jueves en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la familia Pujol, porque la mujer, María del Carmen Tejedor, era la administradora de una sociedad, Adhoc Estrategia SL, que en 2001 intervino en la compra de unos terrenos cerca de Madrid donde la empresa Isolux preveía construir su sede central, y que conllevó el pago de una comisión de 661.174 euros a Jordi Pujol Ferrusola.Isolux estaba presidida por el empresario Luis Delso Heras, uno de los ahora acusados en el juicio y que fue quien contrató a los detectives para desmontar la declaración de la mujer.Para la acusación, que ejercen el ministerio fiscal y la abogacía del estado, el pago de 661.174 euros de Luis Delso a Jordi Pujol Ferrusola -que participaron en diversos negocios juntos- no corresponde a ningún servicio real, sino a algún tipo de comisión.El expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, testificó por videoconferencia el primer día, a finales de noviembre, para comprobar su estado de salud FERNANDO VILLAR / EFEPero la clave, en la sesión de este jueves, no han sido las cifras sino las letras, porque la Unidad de Delito Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que investigaba las operaciones de la familia Pujol, citó en su día a declarar a María del Carmen Tejedor y la invitó a firmar un documento, en teoría escrito por ella misma, en el que decía que el pago de aquella comisión a Pujol Ferrusola había sido “una exigencia de Isolux”.Este entrecomillado creció en los informes policiales, añadiendo complementos gramaticales.Primero pasó a ser “una exigencia de los directivos de Isolux” y después “una exigencia de los directivos de Isolux, entre ellos Delso Heras”, tal como recoge el escrito de defensa de este empresario, que tilda directamente de invención los sintagmas preposicionales añadidos que inculpan a Delso.Con el agravante, recuerda, que toda esta información se obtuvo del pendrive que la policía añadió ilegalmente a la causa de los Pujol.Este caso fue juzgado y supuso la condena del entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino.Uno de sus subordinados, el agente 89.140, fue inicialmente imputado en aquel caso, aunque acabó exculpado, y ha declarado en este juicio contra los Pujol como testigo; empezó proclamando su “animadversión personal” hacia los acusados.La Abogacía del Estado carga contra las “maquinaciones insidiosas” para lograr la letra de una administradora mercantil que intervino en una operación de PujolLa cuestión es que en la sesión de hoy han declarado los detectives que obtuvieron el manuscrito de Tejedor.También lo ha hecho un perito caligráfico que ha mantenido que el texto que en la UDEF la mujer asume como propio no contiene la misma caligrafía que el obtenido en el rellano de su escalera en 2017 por los detectives de Delso.Las semejanzas entre grafías “son prácticamente nulas”, ha dicho el experto calígrafo Francisco José Méndez, citado como perito.Ha detallado diferencias en las “contorsiones”, en las “deformidades”, en la “regularidad” y en la “inclinación”; ésta es siempre de entre 90 y 92 grados en la del informe de la UDEF, y caótica en la del rellano. Y no puede haber tantas diferencias, ha añadido, por mucho que en la del segundo texto la mujer tuviera que estar de pie.Aquella maniobra ha suscitado un nuevo rifirrafe jurídico en la Audiencia Nacional. El fiscal, Fernando Bermejo, ha recriminado a los dos investigadores privados aquella maniobra, que podría vulnerar “la ley de seguridad privada”.El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha cortado las opiniones del ministerio público, a quien ha invitado a exponerlas en su escrito de conclusiones.El fiscal ha puesto en cuestión con sus preguntas que el texto obtenido frente al domicilio tenga valor, dado que nadie garantiza la identidad cierta de la mujer, que no se garantizó la custodia de la “prueba” obtenida y que tampoco se levantó acta notarial. La escena fue grabada por los profesionales.Por su lado, la Abogacía del Estado, ejercida por José Ignacio Ocio, ha comenzado su interrogatorio denunciando el “dolo” y las “maquinaciones insidiosas” e ilegales de los detectives para conseguir unas palabras manuscritas de la mujer.El juicio ha quedado pausado hasta el 13 de abril.Redactor jefe de A Fondo. Antes, en Cultura, Política y responsable de tribunales en Barcelona y Madrid. Entre 2005-2007 cubrió el proceso de paz con ETA. Contacto: afondo@lavanguardia.es