Todas las asociaciones judiciales piden al CGPJ que corrija y les aplique la ley de riesgos laborales

La salud laboral de los jueces y magistrados, que vienen denunciando falta de medios humanos y materiales para hacer bien su trabajo frente a una litigiosidad creciente, se ha convertido en objeto de polémica entre su órgano de gobierno y las asociaciones profesionales. En su último pleno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó excluir a los togados de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una decisión que todas las asociaciones ―tanto conservadoras como progresistas― han criticado porque aseguran que otorga al colectivo una protección “más débil”. El Tribunal Supremo ya fijó hace años que el CGPJ es el responsable en la materia pero su incumplimiento ha dado lugar a sucesivas condenas que le obligan al pago de indemnizaciones por más de 300.000 euros. Fue el pasado miércoles, en un movimiento que pasó casi inadvertido, cuando el Consejo aprobó con un apoyo transversal ―8 vocales progresistas, los 10 conservadores y la presidenta del Consejo y del Supremo, Isabel Perelló―, y la única oposición de los vocales designados por Sumar, Carlos Hugo Preciado e Inés Herreros, una propuesta de reforma del actual Reglamento de la Carrera Judicial (vigente desde 2011) que dice que jueces y magistrados quedan al margen de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El texto aprobado parte de la premisa de que los togados no son trabajadores cualquiera, sino que la Constitución les otorga un estatus especial atendiendo a la importante función que desempeñan. Por eso, rechaza que se les pueda aplicar el régimen común en esta materia. Además, se apoya en que no hay base legal para que el CGPJ asuma esas competencias porque ni las leyes ni las directivas europeas sobre salud en el trabajo mencionan expresamente a la carrera judicial. En este punto, reprocha al Tribunal Supremo que haya construido una doctrina errónea al equiparar al Consejo con “un empleador” y, por tanto, “deudor de la seguridad” de jueces y magistrados.No obstante, consciente de que el bienestar laboral forma parte de la independencia judicial, cuya garantía constituye la principal razón de ser del CGPJ, se compromete a actuar en ese pequeño margen, lo que se traduce en abrir un canal de comunicación para recibir las quejas que jueces y magistrados quieran trasladar; realizar estudios y hacer recomendaciones. La única medida concreta que señala es la fijación de “indicadores mínimos de rendimiento saludable y de alerta”. Pese a ello, el Consejo se esfuerza en dejar claro que esta propuesta regulatoria “no constituye un régimen general de prevención de riesgos laborales de la carrera judicial ni comporta la asunción, por vía reglamentaria, de un sistema sustantivo completo de derechos, deberes, responsabilidades o garantías distinto del establecido por las leyes”. De hecho, encomienda a los propios togados adoptar las “medidas activas” adecuadas “para mantener su salud”. Sobre la mesa había una propuesta alternativa, la rubricada por Preciado y apoyada por Herreros, que partía de la aplicación plena a la carrera judicial de la normativa europea y nacional en prevención de riesgos laborales, así como del deber del CGPJ de asegurar la salud en el trabajo de jueces y magistrados, tal y como venía haciendo desde hace años. Este texto abogaba por dar un paso más para superar la normativa vigente, que cree absolutamente desfasada, entre otras cosas, porque ignora el plan de igualdad de la carrera judicial. Así, pedía integrar la perspectiva de género, con medidas específicas frente al acoso y la violencia. Y apostaba también por modernizar la regulación para adaptar las condiciones de trabajo a la edad, de modo que sea un factor relevante a la hora de fijar las cargas, asemejándose en este sentido al marco aplicado a los profesionales sanitarios, que a partir de cierta edad carecen de guardias obligatorias. Fuentes del CGPJ explican a EL PAÍS que habría sido una buena forma de frenar la sangría de jubilaciones anticipadas entre jueces y magistrados.Las asociaciones urgen al CGPJ a recularLa primera respuesta llegó 24 horas después. Las cuatro asociaciones judiciales, que estaban convocadas el jueves por el CGPJ a una reunión rutinaria de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, pidieron aplazarla para poder analizar la reforma propuesta. La cita se canceló sine die. Ya el viernes, en una acción poco frecuente, todas ―la Asociación Profesional de la Magistratura (de corte conservador), Juezas y Jueces para la Democracia (de talante progresista), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente― han hecho patente su “profunda decepción” en un comunicado conjunto. Las firmantes denuncian que sacar a los jueces y magistrados del marco general de salud laboral “rebaja el nivel de protección que la normativa de prevención garantiza a cualquier trabajador” para imponerles “un régimen propio, más débil y discrecional”. Creen que el CGPJ debería haber acogido esa segunda propuesta porque “desarrollaba una política estructural de prevención de riesgos laborales para la carrera judicial”. Lo contrario, avisan, supone no solo “desconocer la propia posición del CGPJ”, que había asumido obligaciones en materia de riesgos laborales, aunque de forma “reactiva”; sino que “se sitúa en abierta contradicción” con la doctrina fijada por el Supremo, que ordenó al Consejo “identificar y evaluar los riesgos psicosociales”, concretamente regular las cargas de trabajo, “y adoptar medidas preventivas generales, no solo respuestas reactivas cuando ya existe un daño individual”. En consecuencia, instan al CGPJ a que “reoriente su actuación” en línea con la ley y con el alto tribunal y avanzan que utilizarán “los cauces institucionales” para “exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales”. “Sin condiciones de trabajo seguras, con cargas de trabajo reguladas y evaluadas preventivamente, no hay protección real de la integridad física y moral de jueces y magistrados, ni tampoco una independencia judicial materialmente garantizada”, alertan. Por su parte, la Asociación de Mujeres Juezas de España se ha adherido al comunicado al considerar que el texto aprobado por el CGPJ implica “un retroceso de décadas” en los avances reconocidos en la materia, especialmente para las togadas, ya que el propio Consejo señala que se sitúan en un nivel “muy elevado” de “riesgos psicosociales”. El CGPJ dice que hay “límites insalvables”Horas después de ese inusitado pronunciamiento, el CGPJ ha respondido oficialmente con una nota de prensa donde afirma que la propuesta aprobada supone “establecer un nuevo modelo” basado en “la consideración de la salud de los jueces y magistrados como elemento esencial de la independencia judicial”. Según defiende, las medidas señaladas suponen crear “un servicio especializado en salud judicial” que mejorará “el bienestar profesional y personal de los miembros de la carrera judicial”. Asegura que ha asumido y asume la responsabilidad de velar por la salud laboral de los togados como un compromiso “irrenunciable” pero incide en que “se trata de una competencia no regulada en el ordenamiento jurídico vigente”. De esta forma, habla de la existencia de “límites insalvables” porque estima que la aplicación de la normativa general de prevención riesgos laborales a jueces y magistrados ”no resulta compatible con la independencia judicial", ni encaja con las competencias del propio Consejo, “que tiene constitucionalmente vedado dirigir instrucciones a los miembros de la carrera judicial y tampoco puede crear plazas judiciales o aprobar refuerzos con autonomía, por carecer de competencia y presupuestos para ello”.Asimismo, recalca que la reforma reglamentaria es un proceso en marcha, aseverando que “el texto resultante será sometido a la opinión de las asociaciones judiciales y a informes de legalidad y de impacto de género”. Las fuentes consultadas indican que, por ahora, no se ha vuelto a convocar a las organizaciones gremiales para ese tema concreto. Sin embargo, el próximo 13 de abril había prevista una reunión, en el marco de los contactos habituales entre CGPJ y asociaciones, y se espera que el tema se aborde allí. La carrera judicial está “indignadísima”Fuentes jurídicas afirman que la carrera judicial está “indignadísima” con el cambio de paradigma que plantea el CGPJ porque deja a quienes ejercen la función jurisdiccional “absolutamente desprotegidos” en este ámbito. Esta dejación de funciones se ha confirmado sentencia tras sentencia en distintas instancias con condenas indemnizatorias. Las fuentes consultadas indican que, precisamente, la intención del Consejo de eludir estas responsabilidades económicas sería el verdadero motivo para excluir a la carrera judicial de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. EL PAÍS ha tenido acceso a una decena de resoluciones condenatorias que ordenan al CGPJ pagar 310.918 euros en indemnizaciones. La más reciente es una dictada el pasado 6 de marzo por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que da la razón a un juez que fue sancionado en 2009 con 1.500 euros al estimar que había incurrido en una falta muy grave por un “retraso injustificado” en la tramitación de asuntos. La unidad inspectora concluyó que solo había alcanzado en un 89% el objetivo de productividad, “frente a un promedio del 115% de los órganos judiciales de igual clase de Barcelona”. El magistrado alegó que la causa de su baja productividad era que había pasado por “un periodo personalmente complicado”, “en el que, a pesar de dedicar grandes esfuerzos, no conseguía un rendimiento adecuado”. Decía sufrir “un cuadro depresivo compatible con síndrome de burn-out" o de trabajador quemado. Para él, “la consecuencia era inevitable”, al “haberse dilatado más de la cuenta la situación patológica”, algo que achacaba a que “no existe en el CGPJ un servicio de prevención de riesgos laborales efectivamente desplegado”. Esta última sentencia le reconoce una indemnización de 77.730 euros, más otros 7.376,40 en intereses. Un total de 85.106 euros que debe pagar el Consejo.