Nayib Bukele fortalece su músculo represivo cuatro años después de implantar el Estado de excepción

"Por muchos a�os fuimos contactados por personas que se dedicaban a extorsionar. Ahora, como microempresarios, hemos sido muy beneficiados con la seguridad que hay", relata Lilian Escobar, desde su tienda de lubricantes en el distrito de Ilobasco, en El Salvador. Antes de que iniciara el Estado de excepci�n, que este viernes cumpli� cuatro a�os de haber sido instaurado, pagaba por seguridad privada para esquivar la entrega de extorsi�n a las maras.Pero lo que para ella ha sido un alivio, para personas como Reyna Aguilar ha sido un suplicio. Su nieta, una beb� de 15 meses, falleci� despu�s de permanecer encarcelada junto a su madre, a quien las autoridades han acusado de tener v�nculos conpandillas. "Mi hija ya va a cumplir cuatro a�os de estar detenida injustamente porque la capturaron por una llamada an�nima. Necesito justicia para ella y para la ni�a muerta", dice Reyna.Lilian y Reyna viven en universos paralelos dentro de El Salvador. Desde que empez� el Estado de excepci�n, el 27 de marzo de 2022, lo excepcional solo qued� en el nombre. El Congreso salvadore�o ha prorrogado 48 veces la medida que suspende garant�as constitucionales. Han sido capturadas m�s de 91.000 personas, las pandillas fueron neutralizadas y disminuyeron los homicidios. El Salvadordej� de ser el pa�s m�s violento de Am�rica. Pero mientras se sacud�a el mote de "La capital de la muerte", aparecieron cientos de denuncias de capturas arbitrarias, torturas y violaciones de Derechos Humanos en las c�rceles del Gobierno de Nayib Bukele.La madre de un detenido sostiene un cartel durante una manifestaci�n el martes 25 de marzo de 2025 en San Salvador. EFE/ Rodrigo SuraEFELa revelaci�n m�s reciente fue la del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigaci�n de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepci�n en El Salvador (GIPES), conformado por cinco reconocidos abogados. El pasado 10 de marzo, el grupo present� un informe que concluye que, conforme a los est�ndares aplicados por la Corte Penal Internacional (CPI), existen indicios de que en El Salvador se est�n cometiendo cr�menes de lesa humanidad, "como encarcelamiento, tortura, asesinato, desaparici�n forzada, persecuci�n y otros actos inhumanos, en el marco de la pol�tica de seguridad".La investigaci�n, elaborada con base a documentos oficiales y testimonios directos de v�ctimas, tiene el respaldo de la Fundaci�n para el Debido Proceso (DPLF), la Comisi�n Internacional de Juristas (CIJ), la Federaci�n Internacional de Derechos Humanos (FIDH), InterJust, el Proyecto de Investigaci�n IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto, de la Universidad Ghent (B�lgica).Los expertos instaron al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a crear una misi�n internacional que investigue los hechos para asegurar la rendici�n de cuentas del Gobierno de Bukele. Y tambi�n pidieron a los Estados Parte del Estatuto de Roma que remitan la situaci�n de El Salvador a la Fiscal�a de la CPI para que inicie una investigaci�n.La diputada de oposici�n Claudia Ortiz muestra el informe elaborado por GIPES durante una plenaria en el congreso. EFE/ Rodrigo SuraEFEEsta nueva denuncia acapar� la atenci�n de varios medios internacionales. Y la respuesta de Bukele no se hizo esperar. Reaccion� como suele reaccionar cuando le se�alan posibles arbitrariedades o le exigen rendici�n de cuentas: atacando y descalificando a los autores del informe. Los acus� de abogar por la liberaci�n de pandilleros, algo que ellos han salido a desmentir. "Las organizaciones de Derechos Humanos se han convertido en los bufetes legales de los delincuentes", tuite� el presidente salvadore�o.Pero m�s all� de la reacci�n en redes sociales, vino una reforma constitucional. Una semana despu�s de que el grupo de expertos se�alara la posible comisi�n de cr�menes de lesa humanidad, el Gobierno de Bukele decidi� ponerle esteroides a su m�sculo punitivo e instaur� la cadena perpetua para quienes cometan homicidio, violaci�n o terrorismo.La cadena perpetua estaba prohibida en la Constituci�n salvadore�a. El Congreso, controlado por el oficialista Nuevas Ideas, reform� el art�culo 27 de la Constituci�n y elimin� la prohibici�n. En los �ltimos cuatro a�os el partido oficialista ha modificado la legislaci�n penal para extender los plazos de detenci�n, para crear la figura de jueces sin rostro y para permitir los juicios masivos.La antesala a la cadena perpetua"Con estas reformas, sistem�ticamente comenzaron a violentar Derechos Humanos y el derecho al debido proceso, reconocido en los tratados internacionales. Han ido limitando el ejercicio de la defensa", dijo a EL MUNDO David Morales, ex procurador para la defensa de los Derechos Humanos en El Salvador y actual abogado de la organizaci�n Cristosal.Para Morales, lo que realmente hace que el Estado de excepci�n se perpet�e es el control que tiene el presidente salvadore�o del Poder Judicial. En mayo de 2021, Bukele descabez� el tribunal constitucional para tomar el control absoluto de la Corte Suprema de Justicia y, cuatro meses despu�s, jubil� forzosamente a un tercio de la judicatura y puso jueces afines."�C�mo logran hacer funcionar un aparato penal de manera tan arbitraria, que viola sistem�ticamente los Derechos Humanos? Porque ahora es una estructura judicial tomada por el poder pol�tico. Estos jueces est�n funcionando de facto en la pr�ctica como tribunales de excepci�n, como tribunales ad hoc", opina Morales.La base de todo, se�ala el abogado, es la destrucci�n de la democracia y la concentraci�n de poder del popular presidente salvadore�o.Santiago Cant�n, uno de los abogados que particip� en la investigaci�n del GIPES, coincide con ese an�lisis: "El famoso modelo Bukele se sustenta en definitiva en la destrucci�n del Estado de Derecho. Es la �nica manera de que funcione. Este modelo est� siendo usado como un ejemplo para toda la regi�n... Estos modelos pueden mostrar un resultado r�pido, pero no es de larga duraci�n", declar� en una entrevista con Aristegui Noticias.Para Reyna, la abuela de la beb� que falleci� tras permanecer en prisi�n, lo que explican los abogados sobre la falta de garant�as procesales se traduce en cuestiones pr�cticas: la defensora p�blica que llevaba el caso de su hija no se ha presentado a los tribunales desde noviembre pasado: "No me contesta el tel�fono, no me contesta nada. Ya no s� qu� hacer porque, como me dijo un agente, ahora el papel aguanta con todo lo que le pongan".