Adilia de las Mercedes es la abogada que ha demandado al
Ministerio de Igualdad por la gestión de
Irene Montero. Denuncia la discriminación racista que sufrió tras ser contratada en 2021 para elaborar la reforma de la ley del aborto. Según dice, se apropiaron de su trabajo y no le pagaron sus servicios. Declara que “la violencia racista es irreparable” y acusa a la dirigente de
Podemos de hacer “lo que el colonialismo lleva siglos haciendo: apropiarse de ese conocimiento producido en otros territorios y presentarlo como propio”. Tal y como informó
El Confidencial,
Adilia de las Mercedes presentó en febrero una demanda de 162 folios que ha admitido a trámite la
Audiencia Nacional. Fue por la negativa del actual
Ministerio de Igualdad a revisar los contratos que le firmó el equipo de Montero. Según dice, le dejaron a deber el pago por haber redactado prácticamente toda la reforma de la ley del aborto que entró en vigor en 2023 bajo el sello del ministerio de
Podemos de Montero. “La violencia racista siempre nos rompe por dentro porque es la negación radical de que merecemos el mismo trato que cualquier otra mujer española. Pero cuando además es perpetrada por las instituciones obligadas a protegernos del racismo y la discriminación, el daño es simplemente irreparable”, lamenta esta mujer.
Adilia de las Mercedes es una abogada de origen guatemalteco, pero con nacionalidad española desde hace dos décadas. Es reconocida internacionalmente en el ámbito de la lucha por el respeto de los Derechos Humanos y la mujer. Fue refugiada tras huir de su país y del genocidio en
Guatemala. Estuvo implicada en la defensa de uno de los supervivientes de la tragedia en la valla de
Melilla, donde decenas de subsaharianos murieron en el verano de 2022 por la actuación de las fuerzas de seguridad de
Marruecos. Esta abogada vincula el trato que recibió en Igualdad con un caso de racismo: "La ministra intentaba borrar dos hechos: que fue una mujer de origen centroamericano quien redactó el borrador de esa ley estatal y que la norma, de la que tanto presumía como vanguardista, está basada en leyes latinoamericanas que llevan años vigentes en las Américas”. “En todos sus discursos –de
Irene Montero– es perfectamente trazable cómo nombró a muchas mujeres, todas ellas españolas, y nunca a la única mujer racializada a la que dedicó meses enteros para que pudiera existir la actual ley y que ella pudiera cumplir en plazo una promesa que había hecho a la ciudadanía”. Se refiere a que tuvo que emplear jornadas laborales de 16 horas, incluyendo festivos y fines de semana, para cumplir con la promesa de entregar un redactado en las navidades de 2021.
Adilia de las Mercedes y su abogado, Arsenio Cores, junto al joven superviviente de
Melilla al que defendieron. (EFE) Según denuncia, “el
Ministerio de Igualdad no solo expolió un conocimiento acumulado durante más de 25 años”, sino que “sus altas funcionarias perpetraron de forma sistemática una gran cantidad de actuaciones discriminatorias para apropiarse de un trabajo ajeno”. Le parece irónico que
Podemos se defina a si mismo como antirracista y concluye que “el borrado de las mujeres” es en realidad lo que le hicieron a ella. “Ha sido muy revictimizante ver cómo, mientras portaba un pañuelo verde en la muñeca –símbolo de las luchas latinoamericanas por el aborto–,
Irene Montero mentía desde las Cortes a toda la ciudadanía una y otra vez, al adjudicarse a sí misma y a su equipo la redacción de la nueva ley del aborto de España”, afirma
Adilia de las Mercedes. Se queja de que, desde 2021, el
Ministerio de Igualdad ha intentado silenciarla “una y otra vez para borrar” su trabajo “y apropiarse de él”. Esta letrada asegura que no hubiese ido a los tribunales si Igualdad hubiese abierto alguna investigación interna: “Para algunas representantes de la izquierda española es perfectamente compatible portar un pañuelo palestino y decir 'no a la guerra', mientras discriminan a una sobreviviente de genocidio”.
Adilia de las Mercedes es la abogada que ha demandado al
Ministerio de Igualdad por la gestión de
Irene Montero. Denuncia la discriminación racista que sufrió tras ser contratada en 2021 para elaborar la reforma de la ley del aborto. Según dice, se apropiaron de su trabajo y no le pagaron sus servicios. Declara que “la violencia racista es irreparable” y acusa a la dirigente de
Podemos de hacer “lo que el colonialismo lleva siglos haciendo: apropiarse de ese conocimiento producido en otros territorios y presentarlo como propio”.