La Iglesia Católica debe implicarse para que conozcamos la realidad de la pederastia

Lo más insoportable de un sector de la jerarquía de la Iglesia Católica Española es su intento de transferir a las víctimas la culpa por los delitos de pederastia que han asolado la historia de la institución. El último caso es el del antiguo obispo de la diócesis de Tenerife, quien aseguró haber sido “provocado” por adolescentes, chicos y chicas de 13 y 14 años, a cometer abusos sexuales. Cuando algunas de esas víctimas denunciaron a su vez la actitud del obispo, la jerarquía, en lugar de actuar contra él y proceder a denunciarle a su vez ante la Fiscalía, se limitó a trasladarle a otra diócesis, tal y como puede hacer, de acuerdo con la legislación actual.No es la primera vez que esto sucede. Indigna comprobar el sufrimiento de alguna de esas víctimas que intentaron, una y otra vez, que alguien les prestara atención y pusiera barreras para impedir que casos parecidos se reprodujeran y afectaran a víctimas aún menores de edad. Sin resultados palpables. Por lo que se ve, el miedo de la jerarquía católica es tener que establecer tarifas fijas de indemnización que obligaran a satisfacer las denuncias con cantidades económicas concretas. Lo primero que se les ocurrió a esos responsables de la Iglesia fue negarse a dar datos concretos y negarse también a participar en una encuesta en ámbitos más amplios. Por ejemplo, un 1,13% de la población entre 18 y 90 años ha sufrido alguna vez abusos siendo menor de edad en el ámbito religioso, pero la diócesis de Oviedo se negó a dar datos y ni siquiera contestó a un segundo requerimiento del Defensor de Pueblo. Peor fue la respuesta del homólogo en Portugal, que decidió mantener un silencio completo.El silencio no afecta solo a obispos o cargos intermedios: en absoluto. Nada menos que 54 cardenales decidieron no abrir la boca en las últimas décadas y solo fue posible abrir los expedientes cuando EL PAÍS decidió intervenir ante la Conferencia Episcopal Española y el propio Vaticano, en julio de 2020. Esta primera revisión muestra 816 personas que habían denunciado los abusos en más de 306 casos distintos.La mejor idea fue abrir un buzón anónimo que permitiera recoger denuncias de personas que habían sufrido abusos sin recibir respuesta alguna. Las respuestas periodísticas fueron las primeras que permitieron dar un marco humano moral a situaciones intolerables de personas que solo encontraron silencio y rechazo, incluso en su propio entorno familiar. Igualmente, sorprendente fue el muro de silencio que estas denuncias provocaron en medios de comunicación locales y nacionales a los que costó encontrar las pruebas necesarias para sostener las acusaciones y exigir las reparaciones imprescindibles, sobre todo cuando se trataba de adolescentes o menores fácilmente manipulables, en el marco de relaciones escolares. Los reporteros Íñigo Domínguez, Julio Núñez y Daniele Grasso, por su parte, revelaron que seguían trabajando sobre la primera base de datos de España, un desierto estadístico sobre el alcance de la pederastia en la Iglesia católica. La Conferencia Episcopal Española (CEE) que, a diferencia de los obispos de otros países, se ha negado a investigarlo, mantiene que ya habían salido a la luz muchos casos a través de los medios de comunicación, pero que, tras una petición formal de información a todas las diócesis y una búsqueda de sentencias, el total ascendía a solo 34 casos y 780 víctimas.En Estados Unidos, una investigación contó en la Corte Suprema de Pensilvania con unos similares 300 abusadores y con más de 1.000 víctimas en 2019 y cifras similares a las que ahora emergen en España, aunque ese Estado tiene solo 12 millones de habitantes.Por el momento, el aumento de las investigaciones en todo el mundo prosigue con altibajos con la esperanza de encontrar finalmente cifras finales creíbles, capaces de establecer los límites de la investigación en la Iglesia católica. Probablemente, no resultará fácil encontrar esos límites finales creíbles. Haría falta para ello unas estadísticas muy superiores o una voluntad de intervención por parte de la jerarquía eclesiástica mucho más grande.