Cuando en tus documentos no aparece tu nombre: el limbo de las personas trans migrantes

Almudena Valdespino, una mujer trans panameña de 39 años, llegó a España desde su país en 2014. Le dijeron que venía a trabajar, pero nunca imaginó que eso a lo que llamaban trabajo implicara ser explotada sexualmente. “Me engañaron y fui víctima de trata”, relata. A Valdespino le costó más de un año salir de esa situación. “Pedí asilo y me lo denegaron. Luego ya obtuve mi permiso de residencia y de trabajo, pero aún no he podido adecuar mis documentos”, explica Valdespino, que reside en Albacete y estudia Trabajo Social. Así, en la mayoría de documentos oficiales figura su deadname ―el nombre que tenían antes de transicionar―, lo que le genera diversos problemas, desde laborales hasta sanitarios. “En algunos aparezco como Almudena; en otros, con mi deadname: Esteban”, incide: “Estoy en un limbo”. Para la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+) esto “vulnera los derechos de alrededor de 65.000 personas trans migrantes; las deja en una situación de inseguridad jurídica permanente”. En España hay una legislación trans muy avanzada (la 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI), y un artículo (el 50) que especifica que “las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen” puedan hacerlo en los documentos que se les expidan. Sin embargo, no se está aplicando. “Esta situación contradice los principios constitucionales de igualdad, dignidad y no discriminación, así como los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos”, en palabras de la presidenta de la Federación, Paula Iglesias. “En Panamá no hay una ley estatal para las personas trans, no hay una normativa que me reconozca”, incide Almudena Valdespino. “Tengo mi tratamiento hormonal, vivo como una mujer, soy una mujer. Pero el sistema no me da solución. Den sus papeles a la gente para que podamos tener una mejor calidad de vida. Todo el que emigra lo hace en un intento de mejorar su vida. Si la sociedad nos expulsa, no nos queda otra que irnos al bajo mundo. Lo único que pedimos las mujeres trans migrantes es tener una mejor calidad de vida, poder vivir sin violencia”, añade. Tobías Conza, de 27 años, llegó a España desde Perú en 2022. “Lo hice para poder vivir libremente mi identidad, ya que en mi país de origen no existe una legislación que me reconozca”, explica este chico que nació en Arequipa y que ahora reside en Vigo. Cuando obtuvo la residencia legal en España, intentó cambiar su nombre y sexo en sus documentos apelando a la Ley trans española: “La brigada de extranjería no me recibió la petición”. Ya se lo han denegado en dos ocasiones. “Pensé que en España iba a ser más fácil. La Ley trans tiene huecos y uno de ellos es lo que pasa con las personas trans migrantes”, lamenta.Ante esos problemas, Conza se puso en contacto con Nós mesmas. Irene A. Francés es la abogada de esta organización gallega de defensa de los derechos LGTBIQ+ y está ayudando a Conza en el trasiego legal. “Esa falta de reconocimiento del nombre y del sexo en los documentos produce una invisibilización y una vulneración de derechos en cascada: sanitarios, laborales, educativos... Así lo reseñan tanto el Constitucional español como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, añade Francés. “El artículo 50 de la Ley trans debería asegurar que este cambio fuese un mero trámite administrativo, con la declaración del ciudadano y el cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, como la vía administrativa ha sido negativa, hemos tenido que recurrir a la judicial”, detalla la abogada. Considera que “el marco legislativo existe; el tema es esa falta de voluntad de aplicarlo. Esperamos que se haga justicia y que el resultado del caso de Tobías pueda allanar el camino para futuros peticionarios”. Mientras, Conza sigue esperando: “La opción que me queda es pedir la nacionalidad española y, cuando lo consiga, hacer el cambio documental. Hasta que eso ocurra, siento que mi vida ha sido puesta en pausa. Me siento abandonado, afligido y paralizado; me hace recordar que no puedo vivir libremente”. Cuando una persona trans llega a España habiendo sido perseguida en su país y solicita asilo por motivo de identidad de género, todos los documentos se expiden con su deadname. “Así ocurre en el 99% de los casos”, apunta la abogada de Nós mesmas. “Si en el país de origen no se reconoce su realidad, tampoco lo van a consignar en sus documentos. Esto hace que sea un camino muy complejo”. Ante esta situación, la Felgtbi+ ha acudido al Defensor del Pueblo. También lo ha hecho la Plataforma Trans. Tras recibir esas quejas, la oficina dirigida por Ángel Gabilondo ha constatado “las dificultades a las que hacen frente personas extranjeras, solicitantes de protección internacional y refugiadas para instar la rectificación del sexo y el cambio de nombre, en aplicación del artículo 50 de la Ley 4/2023”. El Defensor del Pueblo elevó la cuestión a la Dirección General de Protección Internacional que indicó que “hasta que el Gobierno no apruebe una norma de rango reglamentario para el desarrollo de los procedimientos de adecuación de los documentos expedidos a personas extranjeras, ni esta dirección general ni ningún otro organismo puede atribuirse esa competencia”. Justamente, en el último informe anual de la oficina del Defensor, publicado hace unos días, se subraya “la necesidad de un reglamento que facilite la adecuación de los documentos expedidos a personas trans extranjeras que no pueden realizar la rectificación registral en sus países de origen”. Yasmine, de 32 años, es de Azerbaiyán. “Soy una persona refugiada con residencia en España”, resume la mujer que reside en Barcelona y prefiere no dar su nombre real. Cuando acudió a comisaría para solicitar el cambio de nombre y sexo en sus documentos, también se lo denegaron. “Al no tener nacionalidad española, me exigieron presentar un pasaporte en el que ya constara el nombre y el sexo modificados. Les expliqué que esto no era posible: tuve que huir de mi país por mi identidad de género. Además, allí no existe ningún procedimiento legal para realizar ese tipo de cambio”, explica esta mujer. Conoce la Ley 4/2023 y también el artículo 50. Y aunque lo mencionó en las instancias oficiales, “ellos parecían no conocer la normativa; no me realizaron el cambio”. El mes pasado, Sumar, socio minoritario de la coalición de Gobierno, pidió al Ejecutivo algún mecanismo para solventar esta situación. “Está generando una evidente inseguridad jurídica y situaciones de discriminación”, argumentaron desde la formación de izquierdas. Una petición que este 31 de marzo, Día de la visibilidad trans, será reclamada de nuevo por las organizaciones que luchan por los derechos del colectivo. “Hay que visibilizar no solo a las personas trans, sino todas las discriminaciones que sufren”, remarcó la presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, en la manifestación convocada el sábado para conmemorar el Día de la visibilidad trans. “La violencia extrema que estamos viviendo el colectivo LGTBIQ+ es un atentado al Estado de Derecho, contra la libertad, contra la democracia”, continuó.Para la abogada Irene A. Francés, “no cabe que en un Estado [como España] que se quiere denominar social y de derecho se dé esta situación”. Considera que es algo incomprensible en base a la propia normativa española: “Es transfobia institucional y falta de voluntad política. La Ley trans ha implicado avances, pero ha dejado a algunos colectivos fuera, como a las personas trans migrantes, cuyos derechos se vulneran sistemáticamente. Hay que solucionarlo”.