La Iglesia y el Gobierno firman el protocolo para indemnizar a las víctimas de pederastia, sin incluir “baremos ni cantidades económicas”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es───────────Casi tres meses después de que la Iglesia, el Gobierno y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) firmaran el acuerdo para reparar a las víctimas de pederastia en el clero español, ha llegado, este lunes, en la sede del Defensor del Pueblo, el organismo que se encargará de revisar cada caso y establecer las cuantías a pagar por parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la firma del protocolo. Un documento indispensable porque es el que recoge los pasos de cómo ejecutar los procedimientos para solicitar y abonar las reparaciones. No habrá baremos, según dijo Luis Argüello, presidente de la CEE. La inclusión de baremos y los criterios de valoración era la reclamación principal de las víctimas, como garantía de equidad y como ejercicio de transparencia. La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial (la mayoría de los delitos de pederastia han prescrito), acordada el pasado 8 de enero, entrará en funcionamiento el 15 de abril. Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto. A partir del 15 de abril, deberán elegir si recurren al nuevo sistema Iglesia-Estado o al PRIVA.El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de Justicia que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Estudiado el caso y escuchadas las partes, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución. Si alguna de las partes mostrase su disconformidad, se convocará la Comisión Mixta, en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo. La Iglesia Católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras. Si no lo hiciera directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.Luis Argüello, presidente de la CEE, valoró así el acuerdo: “Se abre un nuevo paso, en el que hacemos un llamamiento a las víctimas para seguir impulsando este plan, ahora desde un acuerdo en el que nuestra propuesta se complementa, nunca se sustituye, con una colaboración pública. Mi propia experiencia personal me hace saber que hay ámbitos donde la reparación integral es imposible, por los aspectos de las heridas provocadas, que excede de los acuerdos y de lo que cada uno de nosotros podamos humanamente hacer. Esto no nos exime, sin embargo, de hacer todo lo posible para abordar todas las situaciones de cada rostro. Somos consciente de que algunas víctimas no han confiado en las diócesis para las reparaciones, por lo que este acuerdo era necesario: hacemos un ejercicio de confianza, confiamos en el equipo del Defensor de Pueblo”. Hace diez días, cuando ya había un pacto, la jerarquía eclesial dio un paso atrás y se resistió a sellar el convenio, como tenían previsto hacer esa misma semana. Una de las asociaciones de víctimas, Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) informó a través de un comunicado que habría “movilizaciones” si no se firmaba el acuerdo. Fuentes conocedoras del proceso señalaron entonces que había una discrepancia en las cuantías que debían abonar y también sobre si el Defensor es competente para revisar las indemnizaciones que la Iglesia ya ha pagado internamente, las cuales, según denuncian las asociaciones de víctimas, han sido, en muchas ocasiones, “ridículas y humillantes”. Uno de los aspectos más espinosos y delicados era precisamente el marco que se seguirá para indemnizar a los afectados. Es decir, cuánto pagará la jerarquía eclesial, si finalmente se guiará por baremos como ya hicieron otros países europeos y qué tiempo tardará en tramitarse cada procedimiento. Argüello zanjó así la cuestión: “Insisto en que hay que ir rostro a rostro. Hemos querido excluir del texto baremos y cantidades económicas. En esto hemos estado de acuerdo las tres entidades. Ni cantidades, ni horquillas ni nada, sino propuestas de reparación”. Félix Bolaños, ministro de Justicia, recalcó que el motivo por el que no se han fijado cuantías ni mínimas ni máximas es porque “cada caso se va a estudiar en profundidad. Una reparación justa no debe estar determinada por ninguna cifra”. Preguntado por qué se tomó esa decisión teniendo en cuenta de que era una de las peticiones de las víctimas ―al propio Bolaños se le entregó una carta el pasado 8 de enero con los asuntos más sensibles a negociar en el protocolo―, Bolaños ha contestado: “Siempre he trasladado a las victimas que un umbral mínimo y máximo no es una buena noticia para ellos, buena noticia es que se estudie en profundidad cada caso. Aquí el que tomará la decisión será el Defensor del Pueblo, una figura independiente. Antes, las víctimas que acudieron al plan PRIVA o a las diócesis se quejaban de que las reparaciones no eran justas porque la Iglesia era juez y parte en ellas. No quiero poner casos extremos, pero los ha habido... ¿Por qué limitar esas indemnizaciones ahora? Será un organismo independiente el que haga una propuesta y el estado el que tenga la última palabra”. En países como Irlanda, se pagaron hasta un máximo de 300.500 euros por víctima con un promedio de 62.245, mientras que la media europea es de 35.000. La Iglesia española, en su recuento, reconoce 2.002 víctimas de abusos; si se aplicara la media europea, la posible factura a la que se enfrenta es de unos 70 millones; si se aplicara la media irlandesa, esa cifra ascendería a 124 millones. Las víctimas pueden ser aún más; 2.002 son las que reconoce la Iglesia, pero según la contabilidad de este periódico, la única existente en España sobre pederastia en el clero español, hay 2.951.En el informe que el Defensor del Pueblo presentó en el Congreso en 2023, citaba el sistema irlandés ―el único en el mundo, junto a Australia, en el que hay un mecanismo de reparación estatal— y explicaba su funcionamiento. El sistema irlandés es pionero en este campo. Divide las secuelas en tres tipos: médico-psiquiátricas (trastorno de estrés postraumático, trastorno de la personalidad, alcoholismo y drogodependencias), psicosociales (aislamiento social, dificultades en las relaciones familiares, sexuales o afectivas) y secuelas por la pérdida de oportunidades (menor rendimiento académico, desarrollo profesional o dificultad para acceder o mantener un empleo). Además, este método clasifica la gravedad de los abusos en cinco niveles diferentes, y a cada uno se le asigna un rango de compensación posible, lo que permite concretar la indemnización según las diferencias de cada caso. En el muy grave, por ejemplo, se puede establecer una indemnización de entre 200.000 y 300.000 euros. En el protocolo que se ha presentado este lunes se hace una clara referencia a esos criterios en el punto 3. Se tendrán en cuenta (para las propuestas de reparación): “La gravedad de los abusos sufridos, atendiendo a su naturaleza, la violencia ejercida, la edad de la víctima, el tiempo que duraron y la relación entre víctima y victimario”. También “El daño provocado, incluido el daño a la dignidad, el dolor, el sufrimiento y la angustia emocional, y las secuelas físicas, psicológicas, sociales y familiares que se hayan producido, incluida la pérdida de oportunidades educativas, laborales o de prestaciones sociales”.