Será el
Defensor del Pueblo el que revisará cada caso de abusos sexuales en el ámbito de la
Iglesia Católica que ya han prescrito y también el que establecerá las cuantías a percibir, que abonará la Iglesia. Este es uno de los principales acuerdos del protocolo que el
Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el
Defensor del Pueblo han firmado este lunes y que entrará en vigor el 15 de abrilEl protocolo firmado este lunes desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero y establece que Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones. “No se han establecido baremos porque se estudiará caso a caso”, señala el ministro de Presidencia,
Félix Bolaños. Y es que, como indica el
Defensor del Pueblo, Ángel Galilondo, habrá muchos tipos de reparaciones, no solo económicas. Hay muchos que quieren apoyo, acompañamiento, reparación moral...indica el presidente de la Conferencia Episcopal Española,
Luis Argüello.Este protocolo se ha firmado con el conocimiento y la intervención del
Vaticano, señala Bolaños, que reconoce que ha sido un impulsor de este acuerdo y que su intervención ha sido vital para su firma. La semana pasada, en la visita de los Reyes al Papa se volvió a tratar el asunto, al igual que este fin de semana.”Es un acuerdo para aliviar la pasión de víctimas de abuso en plena Semana Santa”, ha proclamado ante los medios de comunicación el presidente de la Conferencia Episcopal Española,
Luis Argüello.La víctima deberá iniciar el proceso ante una unidad de tramitación del
Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del
Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.Si alguna de las partes mostrase su disconformidad, se convocará la Comisión Mixta, en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera, prevalecerá la valoración realizada por el
Defensor del Pueblo.Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto. Hasta el momento, un centenar de personas han sido consideradas víctimas por la Iglesia, de las que unas 80 han recibido una indemnización económica.¿Podrán recibir dos indemnizaciones? Tanto el
Gobierno como la Iglesia, como el
Defensor del Pueblo, han dejado claro que quieren evitar las duplicidades, pero si acude una víctima a este protocolo y se comprueba una mayor reparación, se descontará lo recibido.Indeminzaciones extentas de tributación“El sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes. Es una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario”, señaló Argüello. El
Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta.El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia,
Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el
Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.Redactora jefa de La Vanguardia en la delegación de Madrid, especializada en temas sociales. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.