Una gran oportunidad

El reciente nombramiento de Arcadi España como ministro de Hacienda abre una ventana política que la Comunitat Valenciana difícilmente puede permitirse desaprovechar. No se trata únicamente de un relevo en una cartera clave del Gobierno, sino de la coincidencia de dos factores que, juntos, conforman una coyuntura excepcional: por un lado, la llegada a la dirección de la política fiscal española de un dirigente que conoce de primera mano la infrafinanciación valenciana; por otro, la situación crítica de las cuentas públicas de la Generalitat.Arcadi España LVPocas veces se alinean los elementos de forma tan evidente. Arcadi España no es un actor ajeno a la realidad valenciana: fue conseller de Hacienda bajo el gobierno de Ximo Puig y denunció reiteradamente la injusticia del actual modelo de financiación autonómica. Su diagnóstico no ha cambiado, porque los datos tampoco lo han hecho: la Comunitat Valenciana sigue siendo una de las autonomías peor financiadas de España, con un sistema caducado desde 2014 y que ha cronificado un desequilibrio estructural.En este contexto, el papel del actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, resulta determinante. La oportunidad existe, pero requiere voluntad política. Y esa voluntad pasa, inevitablemente, por alejarse del marco estrictamente partidista que marca Alberto Núñez Feijóo para abrir un canal de diálogo directo con el Gobierno central.Durante demasiado tiempo, el debate sobre la financiación autonómica ha estado secuestrado por estrategias partidarias. Es cierto que la propuesta actual del Gobierno ha sido pactada con ERC, pero ese hecho no debería ser utilizado como excusa para eludir una negociación. La historia política reciente demuestra que estos acuerdos forman parte de la normalidad institucional: José María Aznar negoció en 2001 con Jordi Pujol, y José Luis Rodríguez Zapatero hizo lo propio en 2009 con el tripartito catalán. La financiación autonómica siempre ha sido fruto de pactos complejos, y pretender ahora una pureza inexistente solo conduce a la parálisis.Y la Comunitat Valenciana no puede permitirse más parálisis. No tiene tiempo. Mientras otras autonomías consolidan su posición económica, la valenciana pierde peso relativo año tras año. Su PIB regional es ya la mitad del de Madrid y se sitúa significativamente por debajo de la media nacional. A esta realidad se suma una presión creciente sobre los servicios públicos, derivada de un aumento demográfico notable en los últimos años.La sociedad civil valenciana ha entendido perfectamente la urgencia del momento. Desde Vicente Boluda, al frente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), hasta Vicente Lafuente, pasando por los sindicatos, el mensaje es claro: hay que aprovechar la oportunidad. Existe una coincidencia poco habitual entre empresarios y trabajadores en torno a la necesidad de abordar de una vez por todas la reforma del sistema de financiación.Además, el PSPV ha dado un paso significativo al mostrarse dispuesto a incorporar a la negociación un Fondo de Nivelación Transitorio, una de las principales reivindicaciones del propio Consell y del Partido Popular valenciano. Este gesto elimina uno de los principales obstáculos que se habían esgrimido hasta ahora para no sentarse a negociar.Por tanto, las excusas se agotan. Persistir en la negativa al diálogo supone, en la práctica, aceptar el statu quo. Un statu quo que beneficia a otras comunidades autónomas —algunas gobernadas por el propio Partido Popular— mientras la Comunitat Valenciana continúa acumulando deuda a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y ve comprometida su capacidad para sostener unos servicios públicos de calidad.La pregunta que debería plantearse con honestidad es sencilla: ¿qué alternativa real existe? ¿Esperar a un hipotético cambio político en el que el PP gobierne con Vox, una formación que cuestiona abiertamente el sistema autonómico, garantizaría una financiación más justa para los valencianos? La respuesta, cuanto menos, genera dudas razonables.Arcadi España representa, en este momento, un interlocutor privilegiado. Alguien que conoce el problema, que lo ha sufrido desde dentro y que ahora tiene capacidad para influir en su solución. Pero para que esa oportunidad se materialice, es imprescindible que desde la Generalitat se dé el paso. La política útil no consiste en atrincherarse en posiciones ideológicas, sino en buscar soluciones concretas a problemas concretos. Y la infrafinanciación valenciana es, probablemente, el problema más estructural al que se enfrenta la Comunitat.Estamos, por tanto, ante una gran oportunidad. Quizá irrepetible en mucho tiempo. Aprovecharla o dejarla pasar dependerá, en gran medida, de la capacidad de los responsables políticos para anteponer el interés general a la lógica partidista. Porque, en última instancia, lo que está en juego no es un relato político, sino el futuro económico y social de millones de valencianos.Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Doctor en Comunicación por la UV. Delegado en València y redactor jefe de La Vanguardia desde 1991