El juez del ‘caso Montoro’ alerta sobre los pagos a exsocios y familiares y profundiza la investigación financiera

El juez que investiga una supuesta trama protagonizada por Cristóbal Montoro y su antiguo despacho, Equipo Económico, para conseguir legislación a medida para empresas gasistas ha reclamado la información bancaria completa del que fuera ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) y otra veintena de personas, entre físicas y jurídicas, incluido el bufete que ayudó a fundar, tras llamar la atención sobre los pagos efectuados a exsocios y sus familias.En una resolución adelantada por El Periódico y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el titular del la Plaza Número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona, Rubén Rus, autoriza a los Mossos d’Esquadra a acceder al Fichero de Titularidades Financieras para conocer todos los productos bancarios asociados a esa veintena de personas. El propio instructor explica que en realidad se trata de información que viene reclamando desde hace años, pese a lo cual sigue sin estar completa, de ahí que haga este nuevo llamamiento. El juez cree que estos datos son aún más necesarios tras el último informe aportado por la Agencia Tributaria, donde advirtió la existencia de una arquitectura financiera, con “mezcolanza de fondos” y diseminación de los mismos a través de varias personas y cuentas bancarias, que sospecha que sirvió a Equipo Económico para camuflar los pagos recibidos de distintos clientes. El fisco localizó ingresos por un total de 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013 que procederían de las gasísticas investigadas, pero también de otros pagadores a los que proponía identificar para poder determinar el origen y la finalidad del dinero.De momento, Rus no ha decidido si amplía la investigación a esos otros pagadores, pero coincide con Hacienda en que, en relación a los pagos realizados por las gasistas y su “fragmentación”, llama la atención “la existencia de pagos a exsocios y familiares”. Y ello porque se hicieron cuando ya no eran miembros de Equipo Económico, porque no todos los exsocios los recibían y porque eran “diferentes”. Sobre esto último, el juez considera que son “incoherentes con los previos porcentajes de participación”. De hecho, resalta que determinados socios percibieron “ingresos por debajo de su porcentaje de participación e incluso por debajo de otros socios con menor participación”.En lo tocante a Montoro, el fisco localizó siete transferencias bancarias como destinatario por pagos que le hizo Equipo Económico entre marzo de 2007 y febrero de 2008 por un importe global de 137.358,16 euros. No obstante, Hacienda recalca que, según la información del resumen anual de retenciones e ingresos a cuentas de Montoro, el exministro habría percibido retribuciones del despacho “únicamente en 2007 y por importe de 200.000 euros (70.000 euros de retención)”. La Agencia Tributaria también ubicó pagos a la mujer del exministro que se hicieron cuando ya no estaba vinculado al despacho y aún no había llegado al Gobierno. Se refiere, en concreto, a dos envíos —en octubre de 2008 y septiembre de 2010— que suman 9.450,69 euros. Fuentes de la defensa del despacho aseguraron a este periódico que se trataba de pagos por el catering de dos fiestas que se solían celebrar anualmente y a las que asistían los socios con sus familias. La respuesta de Equipo Económico al auto no se ha hecho esperar y ha presentado un recurso en el que carga contra la decisión del juez al considerar que lo que pretende “es prolongar artificial e indefinidamente” la instrucción de la causa. El que fuera despacho de Montoro considera que es “desproporcionado” que el magistrado solicite 12 años de información bancaria y que, además, se remonte a 18 años, “periodos muy anteriores a la supuesta comisión de los delitos”. “Todo eso resulta extravagante”, añade.El escrito incide en que ―como el propio juez señala― esa información ya fue solicitada y recuerda que sobre la misma la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró un informe en febrero de 2025 que, en opinión de la defensa de Equipo Económico, no halló movimientos sospechosos. “Es evidente que la reiteración en la solicitud de dicha información, por muchas veces que se produzca, difícilmente podrá arrojar un resultado distinto del ya obtenido, por mucho que este no le guste al Tribunal”, indica el recurso, que concluye que es “una actuación redundante sin virtualidad práctica para el esclarecimiento de los hechos”.Equipo Económico considera también que las nuevas diligencias constituyen una “investigación prospectiva [prohibida por ley]” ya que en el listado de personas sobre las que se pide la información bancaria hay algunas que, en los siete años de investigación, no han tenido en ningún momento la condición de investigadas, lo que considera “un verdadero desatino”. La defensa del bufete critica, además, que el juez instructor siga haciendo peticiones de documentación cuando aún no ha resuelto recursos presentados en julio de 2025.