Acuerdo Estado-Iglesia contra los abusos

El Estado español y la Iglesia católica firmaron ayer el protocolo que regula los procedimientos para reparar, en la medida de lo posible, los daños sufridos por las víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos. Los firmantes de dicho protocolo –el Gobierno de España, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Española y la Confederación Española de Religiosos– acordaron que será el Defensor del Pueblo, tras recibir el informe pertinente del Ministerio de Justicia, el que revise cada caso de abusos y señale el monto de las indemnizaciones que deben percibir las víctimas, que luego abonará íntegramente la Iglesia, sin contribución estatal.El acuerdo suscrito ayer, que desarrolla y concreta el ya firmado el 8 de enero, constituye una buena noticia, puesto que articula un mecanismo de reconocimiento y reparación. Habría sido mejor que los mencionados abusos no se hubieran cometido jamás, y menos en la cantidad y con la reiteración que se sucedieron. La Iglesia reconoce un total de 2.002 casos, pero otras fuentes los cifran, al menos, en un 50% más. También habría sido preferible que la Iglesia, que de entrada ocultó, negó o minimizó tales abusos, hubiera dado una respuesta más diligente y sin­cera, acorde con su doctrina y con las responsabilidades contraídas por sus integrantes que la vulneraron. Pero en la presente coyuntura parece prioritario que la sociedad se congratule por lo que la noticia tiene de positiva.Ciertamente, el acuerdo deja margen para el debate. Según fuentes relacionadas con las víctimas, habría sido deseable que se establecieran unos baremos para fijar las indemnizaciones, pero no se ha hecho. Al decir de fuentes gubernamentales, esto habría supuesto topar reparaciones de algunos abusos que, dada su gravedad, podrían haberse cuantificado en cifras superiores a las marcadas por tales baremos. También se ha criticado, desde el ámbito de las víctimas, la corta duración de los plazos relacionados con las indemnizaciones.El Defensor del Pueblo establecerá el monto de las indemnizaciones, que deberá abonar la IglesiaEn la firma de este protocolo ha sido notable la influencia del Vaticano. No sucedió lo mismo bajo anteriores papados, más proclives a la ocultación de conductas inadmisibles. Pero la posición de León XIV, al igual que la de su antecesor Francisco, ha sido clara. Durante el consistorio de cardenales que se celebró en enero pasado, el Papa lamentó sin ambages que la Iglesia hubiera “cerrado las puertas” a las víctimas de abusos, actitud que incrementó su dolor, y admitió que dichos abusos podían haber causado “una herida profunda que tal vez dure toda la vida”.Dicha herida puede presentar distintas cicatrices. Irlanda, país pionero en la aplicación de mecanismos reparadores, clasificó en su día las secuelas derivadas de los abusos sexuales cometidos por eclesiásticos en tres capítulos: el médico-psiquiátrico (del que pueden derivarse trastornos varios y adicciones), el psicosocial (con menoscabo de la capacidad de relación) y el asociado con la pérdida de oportunidades (que puede pesar como una losa sobre el desarrollo académico o profesional de los afectados). Un solo abuso puede generar un trauma insuperable, y no digamos una cadena de abusos.Durante largos años, la opacidad de la Iglesia y la incomodidad que producía a las víctimas la denuncia de los abusos sufridos alimentó la hipótesis de que este lamentable fenómeno no era de la dimensión suficiente como para abordarlo de modo decidido. Pero esa era una apreciación errónea. Según el informe encargado por el Congreso al Defensor del Pueblo, hecho público en el 2022, alrededor del 1,13% de la población española había sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso.El protocolo firmado es una buena noticia y puede ayudar a reducir el número de abusosCualquier abuso es censurable, y muchos de ellos se convierten en una desagradable sombra que se proyecta sobre la víctima a lo largo de toda su existencia. Pero los producidos en el ámbito eclesiástico o educativo, en los que los victimarios actúan desde una posición superior, teóricamente revestida de respetabilidad, y las víctimas son a menudo sorprendidas en su inocencia, resultan particularmente odiosos.El protocolo para repararlas ahora aprobado quizás no baste para librar a quienes sufrieron este tipo de abusos de sus recuerdos más tenebrosos. Pero constituye un paso adelante indispensable para que las instituciones extremen el control sobre sus miembros más irresponsables y, en definitiva, para ayudar a que se reduzca de modo significativo el número de abusos.