La expansión del 'coliving' empuja a vecinos al desahucio: "Mi vida y mi casa no son el Monopoly"

Rosario Castelló, de 63 años, lleva 26 viviendo en su piso del Eixample. Allí crió a sus hijos, invirtió dinero en una reforma profunda cuando el inmueble estaba "como si hubiese pasado la guerra" y construyó su vida en el barrio. Hoy es la única vecina fija que queda en su edificio de la calle Entença tras la compra del bloque por un fondo de inversión. El resto de viviendas han sido reformadas, troceadas y convertidas en espacios ‘coliving’, habitaciones alquiladas a jóvenes extranjeros que rotan cada pocos meses. Rosario intenta sacar adelante una pequeña firma de vestidos con su hija mientras se enfrenta a una demanda por expiración de contrato y por la negativa de la propiedad a renovarlo. " Lo único que podemos hacer ahora es intentar alargar la fecha de desahucio todo lo posible", cuenta. Ante ese escenario y sin apenas tiempo para dedicarse al negocio, lucha para poderse quedar entre las paredes que guardan más de dos décadas de recuerdos. Su caso forma parte de una estrategia que, según denuncian colectivos de inquilinos, se repite en distintos bloques de Barcelona, en plena expansión de este modelo residencial. La compra de edificios completos para reconvertirlos en ‘colivings’ presiona a los inquilinos tradicionales para que abandonen sus vivienda. El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento, Joan Ramon Riera, avisa que "hay que pararle los pies" a "una industria emergente que intenta ganar terreno" ; y que la manera de hacerlo, asegura, es dando cumplimiento al marco legal reciente. Desde diciembre de 2025, la ley en materia de vivienda prevé integrar dentro del tope de precios los ‘colivings’, el alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones, si el uso es residencial. "Esta es la manera de frenar la avaricia", sentencia. María Paula Rodríguez Liévano, investigadora postdoctoral de Derecho Civil y de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira y Virgili, advierte que el ‘coliving’ no debe confundirse con otras formas de vivienda colaborativa. "La vivienda colaborativa abarca diversos modelos caracterizados por formas colectivas autoorganizadas y participativas, con algún tipo de propiedad colectiva", señala. En cambio, el ‘coliving’ lo define como una fórmula de alojamiento temporal, pensada para perfiles con alta movilidad, como estudiantes o jóvenes profesionales. Por ello, concluye, " mientras que en el primero hablamos de vivienda, en el segundo hablamos de una solución residencial". El Sindicato de Inquilinas calcula que hay "al menos una decena de bloques afectados" en la ciudad y que cinco o seis afrontan demandas judiciales . En muchos casos, los pisos enteros se dividen en varias habitaciones que se alquilan individualmente por precios muy superiores al alquiler tradicional , hasta 1.000 o incluso 1.500 euros por habitación. Según Idealista, el 15% de las viviendas alquiladas en España en el cuarto trimestre de 2025 se ocuparon en menos de 24 horas. Barcelona y Girona lideran el ranking de alquiler exprés, con un 36% . En paralelo, el precio de la vivienda en Catalunya subió un 10,9% en 2025, el mayor aumento registrado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En un contexto inflacionario, el ‘coliving’ se ha convertido en un negocio cada vez más atractivo para inversores. Edificios en transformación Más allá de las cifras, este encarecimiento también se traduce en cambios concretos que afectan directamente a los vecinos. "Una cosa es el lucro, ganarse la vida con el alquiler residencial normal", distingue el comisionado de Vivienda Riera, "y la otra cosa es la avaricia, es aprovecharse de la escasez y operar un poco en la frontera". El Ayuntamiento también sostiene que son aproximadamente una docena de bloques: "no son muchas fincas pero son significativas y no deja de ser un drama humano", asegura el comisionado. " Esto no es bienvenido en Barcelona porque atenta el derecho a la vivienda, el uso residencial de la vivienda" , remata. El edificio en el que lleva viviendo Rosario pertenecía a un propietario particular que falleció en torno al año 2021, y, según relata, el inmueble fue donado a una fundación vinculada a la Sagrada Familia, que a su vez lo vendió rápidamente. A finales de 2021, fue adquirido nuevamente por el fondo de inversión Vandor Real Estate. La inquilina cuenta que no recibió una comunicación formal. "Me enteré por un vecino", explica. Con el tiempo empezó a notar que otros inquilinos se marchaban. "A algunos les indemnizaban si se iban antes", recuerda. En su caso, cuando se produjo la compra todavía le quedaban dos años de contrato. "Yo dije que me quedaban dos años y que legalmente me podía quedar". Durante meses intentó buscar otra vivienda pero ante "la barbaridad y el colapso de viviendas carísimas que había" decidió quedarse. En 2022 comenzaron las obras de reforma integral. "Hubo momentos en que pensaba que la finca se venía encima", recuerda. Se quedó sola en Entença ese mismo año. El caso de Rosario está ahora en manos de la Audiencia Provincial. Vandor, mediante su abogada, le ofrece trasladarse a otro piso en la calle Sepúlveda, entre las calles de Calàbria y Viladomat, en un bloque que el fondo compró el año pasado y en el que, según explica, han ido expulsando a varios inquilinos. Frente al portal se acumulan cada día varios sacos de ruina -los lunes con más intensidad-, y desde hace cerca de un mes hay movimiento de recogida de muebles. En este tipo de procesos, el Ayuntamiento mantiene que actúa en el ámbito de sus competencias. "Nosotros actuamos en normativa de obras", explica el comisionado Riera, que subraya que "cuando intentan hacer un coliving, han de tramitar una gran rehabilitación y ahí ponemos el ojo clínico". La vivienda que ofrecen a Rosario sería más pequeña que la actual, aunque estaría reformada. " Si me ofrecen firmar un nuevo contrato en otro piso de ellos, ¿por qué no me ofrecen un nuevo contrato en el mío?" , se pregunta. En 2023 empezaron a llegar los primeros inquilinos. "Son chavales muy jóvenes, muchos norteamericanos. Vienen tres meses y luego llegan otros nuevos", explica. "Es una fiesta continua para ellos". Según cuenta, los anuncios que vio antes de desaparecer de los portales ofrecían habitaciones por precios que oscilaban entre los 600 y 1.300 euros. Las habitaciones se publicitaban en las webs de ‘Vanguard Student Housing’ y ‘Cotown’, marcas comerciales del grupo Vandor Real Estate que operan también en las ciudades de Madrid, Valencia y Bilbao. Demandas judiciales "Es un buen número de pisos. En mi bloque, estoy sola, pero a los que pueden, se los quitan de encima. Simplemente es que te echen para hacer el coliving", denuncia. " Hay unos apegos que a esta gente, evidentemente, le da lo mismo". Según la investigadora Rodríguez Liévano, este modelo responde también a cambios en el mercado laboral y en los estilos de vida. "El coliving surge para cubrir un segmento del mercado que ni el alquiler tradicional ni la propiedad logran satisfacer adecuadamente", afirma, en referencia a perfiles que necesitan estancias de corta o media duración. Sin embargo, advierte que este modelo no puede sustituir a la vivienda convencional. " El ‘coliving’ no puede resolver el problema estructural del acceso a la vivienda, sino ofrecer una solución residencial temporal y flexible, más cercana a modelos como el hospedaje". Una situación parecida vive Txema Escorsa, en el número 14 de la calle Sant Agustí, en el barrio de Gràcia. Llegó allí en 2015, con 23 años, para compartir piso con dos amigas. Ahora es uno de los vecinos que resiste en un edificio en el que varios pisos ya han sido transformados en ‘colivings’, con habitaciones anunciadas por entre 850 y 1.000 euros al mes. Tras negarse a abandonar la vivienda cuando la nueva propiedad dejó de renovar los contratos, él también recibió una demanda de desahucio, previsto con fecha inminente, el 25 de marzo, y ahora espera la resolución de su recurso ante la Audiencia Provincial. El caso ha mobilizado centenares de personas y, por ende, ha generado reacción institucional. "Hoy hemos exigido parar el proceso de desahucio", afirmó el martes desde la corporación municipal Riera, que califica este tipo de situaciones como "inadmisibles". Este mismo miércoles 25, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestado que el Govern "se opone frontalmente" al desahucio: " En ninguna ciudad de Cataluña permitiremos actuaciones abusivas contra el derecho de los vecinos a vivir en su barrio", ha dicho ha tarvés de la red social 'X'. Txema explica su vínculo con el barrio: su abuela aprendía a coser allí, él conoce a los comerciantes y participa en asociaciones. El piso costaba 690 € en 2016 y, tras renovarse en 2019 a 725 € entre tres personas y actualizarse con el IPC, ahora es de 811 €. Los cambios empezaron en 2023, cuando la propiedad dejó de renovar contratos y vendió el edificio sin avisar. Los vecinos se organizaron en asambleas y supieron del cambio. A finales de ese año, la empresa New Amsterdam Developers (NAD) compró el inmueble. Según explica, los nuevos administradores comunicaron que no se firmarían nuevos contratos de alquiler habitual porque "el objetivo era reformar los pisos para destinarlos a alquiler de lujo". Las obras comenzaron en 2024. Poco después aparecieron anuncios de habitaciones en internet por precios de hasta 1.212 euros. "Instalaron teclados numéricos en cada habitación. Ahí entendimos que serían ‘colivings’, una especie de pensión encubierta", cuenta. Antes de esa transformación, en el edificio vivían once unidades familiares: parejas con hijos, personas mayores y jóvenes que compartían piso. Hoy quedan cinco . Tres familias con niños pequeños decidieron marcharse ante la incertidumbre y el miedo a posibles demandas. Reformas integrales Los incentivos económicos explican su expansión, favorecida por un marco jurídico ambiguo. Según la investigadora Rodríguez Liévano, al no considerarse arrendamientos de vivienda habitual, "estos alojamientos suelen quedar fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos", lo que evita límites de renta y prórrogas obligatorias. Las reformas también han generado conflictos con los vecinos. En el edificio de Rosario, asegura que se modificó la estructura de los pisos para añadir más habitaciones y baños. "Hemos visto muchas irregularidades en las licencias", afirma la vecina. Según manifiesta, al revisar los expedientes municipales se han encontrado con numerosas inconsistencias: "El ayuntamiento es quien concede las licencias y quién debería enviar inspectores para comprobar que todo está en regla", sostiene. Desde el Ayuntamiento, aseguran que están "en diálogo con los vecinos afectados" y que trabajan coordinadamente con la Generalitat para reforzar los controles. "Hay esta coordinación con la Generalitat para que impulsen la inspección con control de rentas del alquiler", explican. "No queremos rendijas en el despliegue del derecho a vivienda en Barcelona, por eso hacemos todos los esfuerzos en materia de inspección". Tras las obras, la convivencia en Entença cambió. "Sabemos que había órdenes para que se nos hiciera la vida imposible: retrasar arreglos, hacer más ruido con las obras…", sigue Rosario. Y los antiguos pisos se convirtieron en viviendas compartidas. "Por dentro parecen pensiones: todo muy nuevo, muy blanco, pero son habitaciones metidas dentro de pisos pequeños2. En el edificio de Gràcia, Txema describe inercias parecidas. " Son como un hotel o apartamentos turísticos. La gente cambia cada pocos meses, la mayoría estadounidenses, y tienen dinámicas de estar de paso" , explica. Los vecinos denunciaron que las reformas "se tramitaron como obras menores cuando en realidad se trataba de rehabilitaciones profundas", detalla. En este sentido, el consistorio advierte de que algunas reformas no se ajustan a la legalidad: "No vale hacer una gran obra sin licencia", en cuanto a intervenciones que deberían tramitarse como rehabilitaciones de mayor alcance. Sobre la eficacia de los controles, admiten que "es lento, pero al final te alcanza" y que, aunque "no somos lo rápidos que querríamos todos", los procedimientos administrativos acaban resolviéndose. "Utilizan las demandas para forzarnos a irnos" , denuncia Rosario con firmeza. El procedimiento judicial, sostiene, genera un efecto claro entre los vecinos. "El miedo a la demanda, el miedo a lo que puede pasarte, hace que la gente se vaya de casa". En base a lo que explica, ese temor empuja a muchos inquilinos a aceptar indemnizaciones y marcharse antes de llegar al juicio. Txema cuenta que además de él, otros dos vecinos afrontan demandas de desahucio. La suya es la que está más avanzada, tuvo el juicio el 13 de enero y la sentencia fue desfavorable. " Esta situación que vivimos desde hace más de dos años tiene un efecto en la salud mental y emocional". Reenfocar la legislación La investigadora recuerda que la ley de vivienda introduce nuevas normas sobre alquiler temporal y habitaciones, incluyendo el ‘coliving’ dentro del régimen de vivienda y el control de rentas. Aun así, advierte que el acceso a la vivienda no se resuelve solo con regulación y "requiere un enfoque integral", como aumentar la vivienda social. Los vecinos han creado el colectivo Bloc Sant Agustí con el mismo objetivo: intentar mantenerse en sus casas. " Lo que queremos es algo muy sencillo: poder seguir viviendo en nuestras casas con estabilidad, pagando nuestro alquiler" , dice Txema. Los vecinos de ambos edificios han terminado organizándose colectivamente. Rosario lo plantea en términos similares, para ella, resistir ya no es solo una cuestión personal. "Esto ya es una cuestión ética", sostiene. "Si no ponemos un límite, acabarán haciéndose con la ciudad entera". Además, Rodríguez Liévano advierte de que equiparar jurídicamente lo que es el ‘coliving’ al alquiler de vivienda parte de "una premisa errónea", ya que se trata de estancias temporales con servicios asociados que "no constituyen propiamente viviendas". En algunos casos, añade, considerar vivienda habitaciones sin baño o cocina propios "podría suponer la legalización del sinhogarismo oculto". Salvador Illa ha asegurado que el Govern está actuando "contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa". También que han activado "todos los mecanismos legales para proteger a los vecinos". La Consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, ha explicado que, tras la inspección del bloque, se detectó que "puede haber incumplimiento de la normativa", por lo que iniciará los expedientes de las 23 viviendas del edificio. Ambos vecinos esperan la decisión de la Audiencia Provincial. Siguen pagando el alquiler cada mes y tratando de ganar tiempo . " Mi vida y mi casa no son el juego del Monopoly", defiende Rosario, " pero si no luchas", concluye, "te vas sin más". Txema tenía fecha de lanzamiento fijada para el miércoles 25 de marzo: "Si no se para en el juzgado, la pararemos en la calle", insistía. Después de levantarse una gran mobilización vecinal y sindical, la presión ha forzado a suspender el desahucio en Sant Agustí, que el juez ha aplazado para el próximo 15 de abril. Si quieres contactar con 20minutos , realizar alguna denuncia o tienes una historia que contarnos, puedes escribir a través de Ciudadano20 o contactarme personalmente a mi correo: actualidad @20minutos.es . También puedes suscribirte a las newsletters de 20minutos para recibir cada día las noticias más destacadas o la edición impresa .