Aldama acredita al Supremo que su socio pagó los casi 3.000 euros del alquiler de la expareja de Ábalos en el centro de Madrid

El presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, ha aportado una serie de documentación al Tribunal Supremo que acredita que Alberto Escolano, uno de sus socios, pagó durante cierto tiempo los 2.940 euros mensuales que costaba el piso ubicado en la Torre de Madrid, en pleno centro de la capital, donde vivió alquilada Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Los correos electrónicos entregados muestran que, cuando Escolano dejó de pagar, la agencia inmobiliaria amenazó con el “desahucio” ante la deuda acumulada. “La más afectada está siendo ella”, le advirtieron. Aldama responde así a las defensas de Ábalos y su exasesor ministerial, Koldo García, que exigieron que, de cara al juicio que arrancará el próximo 7 de abril en el Tribunal Supremo contra los tres por los presuntos cobros de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia, el empresario aportara pruebas de que había soportado ese alquiler. Los magistrados descartaron reclamar dicha documentación al comisionista, pero dejaron la puerta abierta a que, si quería, su defensa lo acreditara. A las puertas del juicio, el presunto conseguidor ha enviado al Supremo un email de la agencia inmobiliaria a Escolano que confirma el alquiler de ese apartamento de lujo entre el 3 de abril de 2020 y el 3 de abril de 2022. También ha aportado una relación de correos electrónicos “por los que se acreditan parte de los pagos de las mensualidades de alquiler efectuados por el mismo”; y otra cadena de correos que refleja los problemas que surgieron cuando el socio de Aldama dejó de abonar la renta. La investigación judicial reveló que Aldama, a través de Escolano, asumió prácticamente la totalidad del alquiler del piso donde la joven estuvo viviendo durante años, incluso una vez rota su relación sentimental con Ábalos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil calculó, que, de los 88.101 euros que costó el alquiler de la vivienda, la mayor parte (82.298 euros) la asumió una compañía a nombre de Escolano y otra sociedad a nombre de la esposa de éste. Según las pesquisas y las propias declaraciones de los implicados, cuando el empresario dejó de abonar las rentas, fue Koldo García quien se hizo cargo, incluso haciendo uso de una cuenta bancaria titulada por su hija, que en ese momento tenía un año.En los documentos entregados se recogen pagos mensuales efectuados en 2020 que oscilan entre los 2.900 y los 2.940 euros, así como un pago único de 5.803 euros en septiembre de 2021 al que acompaña un email en el que Escolano agradece a la agencia inmobiliaria “su paciencia”, lo que evidenciaría un retraso en los ingresos. “Cuando lo tengáis en cuenta, comunicádmelo para estar tranquilo”, les dijo. Poco después, el 3 de diciembre de 2021, la inmobiliaria le reclamó un total de 9.032 euros ―por tres cuotas de 2.940 euros y otras dos de “tasa de servicio de la Torre de Madrid” de 106 euros cada una― avisándole ya de que, si no los abonaba, tendría que “dejar el piso”. A los días, el 9 de diciembre, la agencia volvió a dirigirse a Escolano para apremiarle, ya por una cuantía de 12.039 euros. A 20 de diciembre, cuando seguía “sin recibir ningún tipo de respuesta” por parte del empresario, la agencia le informó de que había hablado con la joven y les había trasladado que tampoco lograba contactar con él. Una vez más, le urgieron a pagar para evitar el “desahucio”. “La más afectada está siendo ella”, apostillaron. La última comunicación aportada por Aldama es un correo electrónico de 29 de diciembre de ese año en el que la inmobiliaria hizo un último intento para “solventar” la situación.Normas de convivencia: sin “ruidos” ni decoración externa y perros atados El presunto conseguidor también ha entregado al Supremo las “normas” de la Torre de Madrid para los pisos de alquiler, un estricto catálogo que da cuenta de la exclusividad de las viviendas. De entrada, indica que los inquilinos no podrán acceder al edificio si no es acompañados por personal de la agencia inmobiliaria para quedar registrados, teniendo que dejar sus datos personales en recepción (nombre, DNI o periodo de estancia, entre otros). Tras completar el check in, deja en manos de la inmobiliaria explicar a los inquilinos “el manejo del ascensor” y “la domótica de la vivienda”, además de las reglas comunitarias. Entre ellas, que “queda prohibido desarrollar actividades que produzcan ruidos y molestias a los vecinos desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana” y “desde las 14 hasta las 16″ porque son horarios de “descanso”. También prohíben “alterar los elementos comunes” y “decorar las puertas de entrada a las viviendas, terrazas, fachadas y zonas comunes con elementos decorativos distintos a los originales”. Asimismo, obligan a llevar atados a los perros en las zonas comunes.La propia Rodríguez testificó ante el Supremo que cuando conoció a Ábalos vivía con unas amigas. Se le acabó el contrato y el ministro le pidió que buscara casa sola. El inmueble lo escogió ella porque estaba cerca de la calle Ferraz (donde se ubica la sede central del PSOE) y de la universidad pero la gestión del alquiler la hizo García. La joven admitió que nunca pagó la renta. El exasesor, por su parte, declaró que ayudó a Rodríguez en calidad de “amiga” porque sufría una “emergencia” habitacional. Le pidió ayuda a Escolano ―“Me haces un favor como la copa de un pino”, le dijo― y, cuando el empresario cerró el grifo, lo abrió él, tirando de la cuenta bancaria de su hija y de su hermano Joseba. Todos ellos tendrán la oportunidad de ratificar o enmendar su testimonio en el juicio.El instructor y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que el abono de este alquiler en beneficio de la entonces pareja de Ábalos era en realidad un pago más a la presunta trama. Según la investigación judicial, Aldama habría pagado al ministro y su asesor tanto en metálico (unos 10.000 euros mensuales que García habría gestionado para su jefe) como en especie a cambio de favores políticos de toda índole, entre ellos los contratos de las mascarillas. En esa segunda modalidad se incluirían el piso de la Torre de Madrid y otros tres inmuebles: un chalet en Málaga y otro en Cádiz que Ábalos disfrutó en vacaciones y una casa en el Paseo de la Castellana de Madrid que, de acuerdo con Aldama, servía de garantía por la obra pública preadjudicada.