Alerta australiana: las redes no colaboran

Australia, país pionero en la prohibición de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, acaba de lanzar una señal de alerta. Su regulación, vigente desde el pasado 10 de diciembre, no está recibiendo la indispensable colaboración de los propietarios de dichas redes. Tanto es así que siete de cada diez menores que tenían perfiles sociales antes de la prohibición en plataformas como Instagram, Snapchat o TikTok siguen disponiendo de ellas. En el caso de YouTube, el porcentaje baja hasta el 50%. Pero, diferencias porcentuales aparte, está claro que la orden gubernamental se incumple.Según la Administración australiana, ello se debe principalmente a que los propietarios de las redes no están haciendo lo necesario para restringir el acceso a ellas de los más jóvenes, que no son requeridos, en la mayoría de los casos, para que verifiquen su edad. De tal modo que pueden seguir utilizándolas, pese a las advertencias gubernamentales. En un primer momento, tras promulgarse la prohibición, sí se realizaron limitaciones importantes. Pero, poco a poco, el control se ha ido relajando hasta llegar a la insatisfactoria situación actual.Las advertencias del Ejecutivo australiano no son menores, puesto que su incumplimiento lleva asociadas sanciones millonarias. Aun así, y deseosas de cuidar su cuenta de resultados, las compañías priman sobre su cuota de responsabilidad social la preservación del beneficio que obtienen de sus actividades, a menudo generado por el sector más joven e influenciable de la población.Las plataformas desoyen el requerimiento público de comprobar la edad de los usuarios de las redesLas razones por las que Australia decidió aplicar esta prohibición no son caprichosas ni, desde luego, irrelevantes. Entre ellas se incluye la preservación de la salud mental, por entender que el abuso de las redes puede constituir un riesgo para el bienestar psicológico de los más jóvenes, con efectos indeseables. También se incluye la seguridad infantil, puesto que las redes son un ámbito recurrente para el ciberacoso y la difusión de contenidos inapropiados. Y, asimismo, se mencionan los algoritmos presentados como peligrosos, puesto que estimulan el uso adictivo de las pantallas.No se pide a los propietarios de las redes que cesen en su ac­tividad. Se les pide, únicamente, que se tomen la molestia de verificar las edades de sus usuarios, para evitar que los más jóvenes e indefensos incurran en conductas que pueden acabar siendo lesivas para ellos.Dichos propietarios no pueden argumentar en su descargo que se enfrenten a dificultades técnicas insalvables para identificar a las personas que deben ser sometidas a controles de edad. Al contrario, son las propias redes las que se vanaglorian a menudo de su capacidad para definir con gran precisión los perfiles de los usuarios, entre otras razones porque es así como consiguen apuntar mejor cuando disparan sus mensajes comerciales.Problemas psicológicos o de seguridad acechan a los jóvenes con excesiva exposición digitalLa iniciativa pionera de Australia encontró eco en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de febrero que nuestro país iba a tratar de promulgar medidas legislativas regulatorias encaminadas a frenar los abusos de las grandes plataformas, en pos de un entorno digital más seguro y respetuoso con los derechos fundamentales, convencido de que el desgobierno de la esfera digital es un hecho, y de que puede tener consecuencias muy lesivas para las nuevas generaciones­. Otros países se han expresado de modo similar. Indonesia restringió el pasado sábado el acceso de los menores de 16 años a las redes, replicando la iniciativa australiana. De hecho, el peligro potencial que entraña un uso desprevenido de las redes es un motivo de preocupación para numerosos gobiernos, progresivamente conscientes de los riesgos que tiene.El conflicto entre las autoridades públicas y las compañías privadas que han creado las redes y se lucran gracias a ellas tiene su origen en los muy distintos propósitos que les animan. Las autoridades están obligadas a velar por el bienestar de la ciudadanía, en este caso con particular atención a los más jóvenes, y siempre con la diligencia requerida en un mundo digital que avanza y se desarrolla a gran velocidad. Las compañías privadas, en cambio, buscan el mayor beneficio posible y creen que no deben rendir cuentas más que ante sus accionistas. Es comprensible que así lo hagan, puesto que está en su naturaleza. Pero no a costa de perjudicar a quienes ahora pueden caer más fácilmente en adicciones. Y, sin duda alguna, las compañías privadas nunca deberían dejar de colaborar con las autoridades democráticamente elegidas.