El Gobierno prevé desestimar más del 30% de las solicitudes de regularización de migrantes

El Gobierno prevé recibir 750.000 solicitudes de migrantes para la regulación extraordinaria que se aprobará este mes, aunque redondea los beneficiarios finales en 500.000. De ellos, estiman que 300.000 entrarán por la vía prevista para quienes solicitaron protección internacional, a quienes se les exige haber entrado al país antes del 1 de enero de este año. Los 200.000 restantes serán extranjeros que también llegaron antes de esa fecha y puedan acreditar una permanencia continuada en España de cinco meses al presentar la solicitud. Para los primeros, el documento interno del Ministerio de Migraciones al que ha tenido acceso este periódico, no añade este requisito. Los cálculos se han efectuado teniendo en cuenta las solicitudes que se recibieron por la regularización extraordinaria tras la dana de Valencia, 143% respecto al número final de beneficiarios. El incumplimiento de los requisitos y las solicitudes duplicadas explicaron aquella cifra, según el documento. En este caso, las estimaciones han sido más conservadoras, hasta un 150% sobre los beneficiarios potenciales, para hacer previsiones de carga de trabajo con holgura. “El dimensionamiento del operativo [...] deberá hacer frente a un número de solicitudes y expedientes superior a la estimación de potenciales beneficiarios”, se lee en el documento. Respecto a los 200.000 permisos de residencia y trabajo previstos por razones de arraigo, la estimación se basa en las autorizaciones de residencia concedidas en los últimos tres años y teniendo en cuenta, dicen, que en esta ocasión se contempla una flexibilización de los requisitos de acceso respecto a la normativa vigente. Esa flexibilización es cierta en el tiempo de arraigo, basta ahora con cinco meses frente a los dos años anteriores, y también en los antecedentes penales, donde el decreto se muestra permisivo. El documento, una especie de manual de trabajo en el que se prepara el dispositivo tecnológico y humano para hacer frente a este proceso administrativo, informa de que quedan excluidas de la regularización aquellas personas que ya tienen en trámites su permiso de residencia y trabajo, un total de “180.000 expedientes de arraigo pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2025″. Para no incurrir en agravios comparativos con los solicitantes de asilo, a quienes sí se les recibirá la solicitud aunque estén con trámites pendientes, el documento informa que estos casos serán resueltos de forma favorable automáticamente a través de una “pasarela” para su tramitación preferente, siempre que “carezcan de antecedentes penales y no supongan una amenaza para el orden, la seguridad o la salud públicos”. El mismo procedimiento se aplicará a quienes estén tramitando un permiso de residencia por circunstancias excepcionales. La modificación del decreto con estas dos disposiciones transitorias, la 5.ª y la 6.ª, además de regularizar a medio millón de personas sin papeles para que su actividad laboral salga a la luz con sus correspondientes impuestos y derechos, pretende disolver el atasco administrativo acumulado para la regularización de los extranjeros, 180.000 expedientes de arraigo a finales del año pasado. Tramitación exprésEl decreto está ahora en revisión por el Consejo de Estado y su aprobación está prevista para este mes, algunas fuentes sostienen que será el 21 cuando sea aprobado por el Consejo de Ministros para su publicación en el BOE, pero no todos dan por buena esa fecha. El reloj corre para los que esperan su permiso de trabajo y de residencia y para una legión de abogados, ONG y sindicatos que serán intermediarios para formalizar los trámites. El decreto se tramita por vía de urgencia, por tanto, la Administración se ha fijado un plazo acelerado para la admisión o denegación de solicitudes de 15 días y de tres meses para resolverlo definitivamente. Una vez admitido el trámite, el solicitante dispondrá ya de un permiso de trabajo y residencia provisional por el que deberá pagar una tasa de 38,28 euros. Además de intermediarios, los migrantes podrán cumplimentar personalmente su regularización previa cita, un trámite por el que no se puede cobrar. El documento prevé una vía telemática para las solicitudes, tal y como se procesan en la actualidad el 90% de ellas, pero también se podrá acudir a las oficinas dispuestas para ello, que serán las de Extranjería, así como las que se habiliten en Correos y en la Seguridad Social. Para acudir presencialmente a estas oficinas se requiere pedir cita, algo que podrá hacerse en la página web del Ministerio de Migraciones mediante un sistema Cl@ve para evitar, dice el informe, “el riesgo de secuestro de citas”; y también a través del teléfono 060, que ofrecerá también información sobre el procedimiento. Una vez recibidas las peticiones, será la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, la UTEX, dependiente del Ministerio de Migraciones, quien se encargará de verificar si el solicitante cumple lo requisitos o debe incorporar alguna información más. La UTEX dispone de 51 personas en plantilla que está previsto reforzar con personal técnico de la empresa pública Tragsa y personal del Ministerio de Migraciones. Estiman que el tiempo medio para tramitar cada expediente alcance unos 15 minutos. El documento prevé también la publicación de publicidad sobre el proceso para que los interesados puedan conocer sus principales requisitos, quiénes pueden ayudarles, así como los derechos que les asisten, de modo que no dé lugar a estafas. En una pestaña web habrá un formulario para efectuar consultas. El Ministerio también ha sacado cuentas de la carga de trabajo por provincias, siendo Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia en las que más solicitudes se esperan. Málaga, Almería, Girona y Baleares, por ese orden, les siguen. La llegada de migrantes a España por vía marítima y terrestre experimentó el año pasado su mayor caída desde 2019, pero Baleares rompió esa tendencia, con un incremento del 24%. Decenas de pateras recalaron en verano en las islas mediterráneas y muchos de ellos ya tendrían el tiempo suficiente en el país para interesarse por la regularización. Siguiendo los cálculos del ministerio, Soria, Ceuta y Zamora serán los territorios que menos trámites tendrán que formalizar. Para atender a todos ellos, las oficinas de extranjería y de la Seguridad Social “ofertarán un horario de atención unificado y común de 16.30 a 19.30, que se verá reforzado en las oficinas de Correos por las mañanas de 8.30 a 14.30. En los territorios de mayor demanda cabría ampliar la atención también por la tarde, prevé el Gobierno. Esta regularización no está vinculada exclusivamente, como las anteriores —la última de este tenor fue en 2005— a una relación laboral previa, sino que alcanza también a familiares que convivan en España con el trabajador. La regularización parte de una iniciativa legislativa popular de 2024 que finalmente arrancó Podemos al Gobierno, tras una negociación, a finales de enero de este año. Ha sido bien recibida por la izquierda política, organizaciones sociales y la Iglesia católica, todas ellas implicadas en el proceso, pero ha desatado las críticas de la derecha y la ultraderecha, menos matizadas estas últimas.