Dana y VPP, comisiones dormidas

02/04/2026 05:00 Actualizado a 02/04/2026 17:59 Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Y hay pausas que, lejos de ser necesarias, resultan incomprensibles. Es lo que está ocurriendo con la comisión de investigación de la Dana en las Corts Valencianes, una comisión que debería estar en plena ebullición política y que, sin embargo, vuelve a encontrarse en un estado de letargo difícil de justificar, dormida de facto. Justo lo contrario de las comisiones de investigación sobre este suceso en el Congreso, en la Diputación de València e incluso en el Senado.La presidenta de Dana" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="89821" data-entity-type="organization">Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, a su llegada a la comisión de investigación sobre de la Dana delas Corts, Ana Escobar / EFENo hablamos de un asunto menor. La Dana que golpeó la Comunitat Valenciana dejó tras de sí 230 víctimas mortales, miles de damnificados, daños materiales incalculables y, sobre todo, una serie de interrogantes sobre la gestión de la emergencia que siguen sin respuesta política. Precisamente por eso, el lugar natural para esclarecer responsabilidades no puede ser otro que el parlamento valenciano, la sede de la soberanía popular. Y, sin embargo, desde su constitución en enero de 2025, esta comisión apenas ha celebrado una decena de sesiones. Una cifra que, por sí sola, retrata el escaso interés de quienes la controlan, Partido Popular y Vox.La gravedad de la mecánica de esta comisión se observa con el hecho de que los representantes de las víctimas tardaron más de un año en comparecer, y lo hicieron tras una presión sostenida tanto por parte de la sociedad civil como de los medios de comunicación. Es decir, no fue la voluntad política la que impulsó su participación, sino la incomodidad pública ante una ausencia difícil de explicar y a la que tuvo que dar respuesta el president Juanfran Pérez Llorca forzando a su grupo parlamentario.Mientras tanto, en el juzgado de instrucción de Catarroja, la realidad avanza a otro ritmo. Más de 500 testigos han prestado declaración y aún lo harán muchos más. Quinientos relatos, quinientas versiones de lo sucedido, quinientas piezas de un puzle que en sede judicial sí parece querer completarse. La comparación es inevitable: frente a la actividad judicial, la parálisis parlamentaria. Frente al impulso de esclarecer hechos, la apatía institucional.Y lo más preocupante es que no se trata de un retraso puntual, sino de una dinámica sostenida en el tiempo. A día de hoy, no hay fecha para la próxima sesión, pese a que la lista de comparecientes lleva aprobada meses. La insistencia del PSPV-PSOE en que se reanude ha caído en saco roto, evidenciando que el problema no es de agenda, sino de voluntad.El episodio vivido en octubre resulta especialmente revelador. El PSPV presentó una propuesta de modificación del plan de trabajo que incluía nuevos informes y comparecencias clave, como la de Miguel Barrachina y los responsables de la presa de Buseo. La propuesta fue rechazada. Un mes después, Vox presentó un texto idéntico, una copia literal. Esta vez, sí fue aprobado con el respaldo del Partido Popular. Más allá de la anécdota, el mensaje es claro: el contenido importa menos que quién lo propone. Por si fuera poco, los dos imputados en la causa —la exconsellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso— tampoco han comparecido en la comisión. Una ausencia que no solo debilita el sentido mismo de la investigación parlamentaria, sino que contribuye a la sensación de que todo responde a una escenificación tutelada y condicionada por el PP y Vox.Los dos imputados en la causa —la exconsellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso— tampoco han comparecido en la comisiónEste desinterés no es un caso aislado. Se reproduce, con preocupante similitud, en la comisión relacionada con el escándalo de las adjudicaciones de viviendas VPP en Alicante. Un caso que afecta directamente al entorno del alcalde Luis Barcala y que apunta a posibles prácticas de nepotismo político en la asignación de recursos públicos. Aquí, la situación es aún más llamativa: ni siquiera hay un plan de trabajo definido ni un calendario de comparecencias. Todo ello, pese a que la presidenta de la comisión, Ana Vega, ha manifestado públicamente su interés en esclarecer los hechos. Las palabras, una vez más, no se traducen en hechos.¿Tiene sentido mantener comisiones de investigación si no existe una voluntad real de que funcionen? Porque lo que está en juego no es solo la eficacia de estos órganos, sino su propia credibilidad. Desvirtuarlos por desinterés equivale a vaciarlos de contenido, a convertirlos en meros instrumentos decorativos dentro del sistema democrático. Y eso tiene consecuencias. Supone una falta de respeto hacia las víctimas, hacia la ciudadanía y hacia las propias instituciones. Supone, en definitiva, una degradación de los mecanismos de control político que deberían garantizar la rendición de cuentas.Lo ocurrido recuerda, inevitablemente, a precedentes poco edificantes, como la primera comisión de investigación del accidente del metro de Valencia de 2006. Entonces, como ahora, la sensación fue la de una oportunidad perdida. La de un parlamento que renuncia a su función fiscalizadora en favor de intereses partidistas. Quizá el problema no sea la existencia de estas comisiones, sino el uso que se hace de ellas. O, mejor dicho, el desuso. Porque cuando investigar se convierte en una opción y no en una obligación, la democracia pierde una de sus herramientas más valiosas.Y entonces, lo que queda no es silencio. Es desconfianza.Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Doctor en Comunicación por la UV. Delegado en València y redactor jefe de La Vanguardia desde 1991