La Fiscalía archiva la denuncia por las obras del paso soterrado en Santa Susanna

La Fiscalía Provincial de Barcelona, Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, ha archivado las diligencias de investigación nº 51/2025 abiertas tras la denuncia presentada por la plataforma Salvem el Pla de Balasc, concluyendo que las obras del paso subterráneo bajo la vía férrea en Santa Susanna (Maresme) no han causado ningún daño en el acuífero agrícola de la zona ni han afectado la calidad del agua de los pozos de riego de la zona agrícola, tal como denunciaban algunos agricultores apoyados por la Unió de Pagesos.La investigación se inició en agosto de 2025 después de que la plataforma alertara de presuntos vertidos no autorizados al mar y del posible agotamiento del acuífero que abastece los pozos de riego del Pla de Balasc. Los denunciantes, entre los que se encontraba la CUP y Unió de Pagesos, sostenían que las excavaciones estaban salinizando las aguas subterráneas y poniendo en riesgo la actividad agrícola de la zona, llegando incluso a acusar al alcalde de ser plenamente conocedor de la situación y de no haber adoptado ninguna medida para detenerla. Estas afirmaciones, que generaron una considerable alarma social entre los agricultores y vecinos de la zona, han quedado desmentidas por los resultados de una exhaustiva investigación técnica y policial.Lee tambiénDesde el inicio de las diligencias, la Fiscalía realizó varias actuaciones. En el decreto de incoación de septiembre de 2025, se encargó a la División de Medio Ambiente de los Mossos d'Esquadra que ampliara la denuncia, realizase inspecciones oculares sobre el terreno para comprobar si se continuaba vertiendo agua al mar, requiriera al Ayuntamiento de Santa Susanna el expediente completo de las obras en el punto kilométrico 52,096 de la N-II, solicitara a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) información detallada sobre sus actuaciones e identificara a las personas responsables de las obras. La investigación, según fuentes judiciales fue, por tanto, exhaustiva y no dejó ningún flanco sin cubrir.Los Mossos d'Esquadra realizaron hasta siete inspecciones oculares en la zona entre el 13 de agosto y el 16 de septiembre de 2025. En el marco de esta investigación, el 26 de agosto se procedió además a la toma de muestras de conductividad del agua en ocho pozos de riego ubicados en la zona del Pla de Balasc, que fueron enviadas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para su análisis. El atestado policial recogió de forma detallada los resultados de todas estas actuaciones.No ha variado la calidad del agua de los pozos agrícolasLos análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, determinaron que la calidad del agua en los ocho pozos agrícolas analizados se mantuvo en parámetros de normalidad absoluta durante todo el período investigado. El estudio se centró en evaluar la posible intrusión marina en el acuífero provocada por las extracciones de agua durante las obras, analizando parámetros indicadores de salinidad como la conductividad eléctrica y la concentración de iones como el sodio y los cloruros. Las conclusiones fueron que las obras viales no afectaron a la calidad del agua de los pozos de riego cercanos, y los niveles de conductividad y salinidad de las aguas subterráneas se mantuvieron dentro de la normalidad propia de un acuífero dulce costero.El seguimiento de los niveles del agua subterránea confirmó además que el nivel en los pozos agrícolas permaneció estable a lo largo de todo el proceso, sin que el bombeo masivo ejecutado durante las obras llegara en ningún momento a agotar ni a secar el acuífero destinado a la agricultura. Un dato resulta especialmente relevante, ya que desmiente de forma directa una de las principales acusaciones formuladas por la Unió de Pagesos y la plataforma denunciante, que habían alertado del riesgo de desabastecimiento hídrico para los cultivos de la zona.Paso de vehículos soterrado entre Santa Susanna y Pineda de Mar .Aj. S.S.El fiscal reconoce en su decreto que dentro del recinto de la obra sí se produjo una intrusión marina severa, con valores de conductividad propios del agua de mar directa, debido a la profundidad de la excavación y a la proximidad al litoral. Sin embargo, esta salinidad extrema quedó completamente confinada en la zona de excavación y no se trasladó en ningún momento a los puntos de extracción agrícola del Pla de Balasc. Es decir, lo que ocurría dentro de la zanja de obra era una situación propia de cualquier excavación profunda en zona costera, y no una amenaza real para el acuífero agrícola ni para los agricultores de la zona.La Fiscalía también reconoce en su decreto que las obras estuvieron marcadas por una gestión administrativa en los que podían faltar algunos aspectos formales. El Ayuntamiento de Santa Susanna y la empresa constructora Rogasa iniciaron el agotamiento del freático sin contar con todas las autorizaciones preceptivas desde el primer momento, que no se legalizaron administrativamente hasta meses después del inicio de los trabajos. Fuentes del Ayuntamiento detallan que la balsa de contención podía haber estallado si no se desaguaba de urgencia, por lo que se tomó la decisión poniendo en conocimiento a la ACA para evitar una situación peligrosa.Lee tambiénEl desfase de fechas fue especialmente evidente en la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, donde el permiso se solicitó en febrero de 2025 pero la resolución de legalización retroactiva no se firmó hasta noviembre del mismo año, una vez que la actividad ya había finalizado. El Consistorio afirma que en todo momento la ACA y Costas del Estado estaban informada de todos los pasos. Asimismo, se constató que la orden de paralización inmediata dictada por la agencia catalana el 1 de agosto de 2025 no fue atendida y que los contadores de caudal requeridos no llegaron a instalarse, manteniéndose fugas constantes hacia la playa. Fuentes municipales aseguran que no se podía contener el caudal porque el daño hubiera tenido graves consecuencias.Los payeses se oponen a la ampliación del vial .Jordi Pujolar / ACNNo obstante, y a pesar de estas irregularidades de carácter formal y administrativo, la Fiscalía es categórica: los hechos investigados no constituyen delito. La investigación descarta el delito ecológico tipificado en el artículo 325 del Código Penal, que exige que las emisiones, vertidos o extracciones causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas. Dado que los informes técnicos certifican que ni la calidad ni el nivel del agua de los pozos de riego se vieron afectados, no concurre el delito penal. Los datos objetivos obtenidos por el Área de Investigación de Medio Ambiente de los Mossos d'Esquadra, la Agencia Catalana del Agua y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses apuntan todos en la misma dirección: no hubo daño ambiental efectivo.Politización y desgaste del gobiernoTampoco se aprecia delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal que se había apuntado como posible consecuencia del incumplimiento de los requerimientos de la Agencia Catalana del Agua por parte del Ayuntamiento y de la constructora. El fiscal concluye que, si bien existen leves irregularidades administrativas, estas no superan los requisitos jurisprudenciales exigidos para configurar una desobediencia penal.El decreto de archivo de la Fiscalia, firmado el 8 de marzo, supone en la práctica un respaldo a la posición del consistorio, que siempre defendió que las obras eran necesarias y que el impacto sobre el acuífero agrícola era inexistente. La resolución se notificará a la plataforma Salvem el Pla de Balasc como denunciante y al Ayuntamiento de Santa Susanna, al que se traslada el expediente para que adopte, en su caso, las sanciones administrativas que correspondan por las irregularidades de procedimiento constatadas durante la ejecución de las obras. Por su parte, el gobierno municipal de Santa Susanna ha declinado hacer declaraciones pero ha lamentado las acusaciones infundadas, tanto desde la Unió de Pagesos, como la de algunos partidos políticos que han aprovechado la obra pública para desgastar al ejecutivo local que preside Joan Campolier.Corresponsal de La Vanguardia en el Barcelonès Norte y corresponsal y responsable de la edición local de La Vanguardia en el Maresme. @fedecedo