Actualizado Viernes, 3 abril 2026 - 02:02En apenas dos a�os, entre 2021 y 2023, el
Gobierno contrat� 245 funcionarios interinos para gestionar la llegada de fondos europeos destinados a gasto de protecci�n social. Desde pensiones, sanidad o educaci�n hasta servicios sociales. Cuando se acerca el momento de rendir cuentas ante
Bruselas por la gesti�n del man� comunitario que se despleg� para propulsar las econom�as de los Veintisiete tras el golpe de la pandemia, el
Tribunal de Cuentas ha afeado al
Gobierno que la mayor�a de esas contrataciones de interinos por la v�a de urgencia no fueron debidamente justificadas.El �rgano fiscalizador analiz� la gesti�n por parte de doce organismos p�blicos de las reformas e inversiones destinadas a promoci�n social dentro del Plan de Recuperaci�n, Transformaci�n y Resiliencia (PRTR). Siete ministerios y otras cinco entidades adicionales, entre ellas el
Sepe. La conclusi�n es rotunda: ning�n ministerio justific� de forma totalmente correcta sus contrataciones de interinos. Tambi�n ha afeado que ninguno de ellos opt� por reorganizar sus propios efectivos antes de recurrir a contrataciones externas, a pesar de que esa era la v�a prioritaria que fij� la ley espa�ola.La reforma laboral que impuls� el
Gobierno en 2021 especific�, adem�s, que las contrataciones temporales en el contexto del PRTR y los fondos de la UE deb�an realizarse por razones expresamente justificadas de urgencia, estar estrictamente asociadas a la ejecuci�n de proyectos europeos y cerrarse por una duraci�n determinada, solo por el tiempo necesario para llevarlos a cabo.El informe del
Tribunal de Cuentas revela que tampoco eso se cumpli�, pues a estas nuevas incorporaciones se les asignaron funciones "gen�ricas", lo que impidi� constatar la justificaci�n de esos nombramientos "en todos los casos examinados".Reclutamiento en 24 horasLa Plataforma de Interinos de Espa�a (PDIE) ya denunci� en 2023 el car�cter de extrema urgencia de los procesos de reclutamiento que la Direcci�n General de Funci�n P�blica fue lanzando para acelerar la incorporaci�n de interinos para gestionar los fondos europeos Next Generation, as� como para cubrir las vacantes m�s apremiantes que se iban produciendo en la Administraci�n. "Las ofertas de interinidad que est� ofreciendo el Ejecutivo tienen car�cter urgente para aceptarlas o rechazarlas, de tal forma que se da un plazo m�ximo de 24 horas para asumir o desestimar", explicaron.Los trabajadores inscritos se vieron en la tesitura de tener que valorar de forma acelerada las plazas, incluso cuando estaban ubicadas en ciudades diferentes a su lugar de residencia, porque Funci�n P�blica advirti� que se dar�a de baja en las listas de reserva a quienes rechazaran o no contestaran a la oferta sin motivo justificado despu�s de tres llamamientos consecutivos. Tres a�os despu�s, el
Tribunal de Cuentas ha constatado que la extrema urgencia de esas convocatorias, en muchos casos, no fue justificada.En total, el informe apunta a 245 incorporaciones de interinos en el periodo analizado. De ellas, 184 interinos se destinaron espec�ficamente al �rea de protecci�n y promoci�n social. Los organismos que concentraron el mayor n�mero de contrataciones fueron el
Sepe (100), el Ministerio de Sanidad (60) y la Gerencia de Inform�tica de la Seguridad Social (20).Sin control sobre las CCAAEl informe del
Tribunal de Cuentas se extiende m�s all� de la plantilla y pone sobre la mesa una segunda advertencia: la falta de control sobre la ejecuci�n de las Comunidades Aut�nomas de la lluvia de fondos europeos. Destaca que, a pesar de que se firmaron convenios que preve�an comisiones de seguimiento y reuniones t�cnicas, luego no se llevaron a la pr�ctica, al menos, no de forma efectiva. Por ejemplo, en el Ministerio de Inclusi�n, m�s de la mitad de las actas de las comisiones de seguimiento no est�n firmadas, porque ni siquiera se llegaron a celebrar las reuniones posteriores necesarias para validarlas.Adem�s, la plataforma estatal de control de los fondos NextGen, el sistema Coffee, no estuvo plenamente operativo en el plazo previsto, y su informaci�n tampoco ha estado plenamente actualizada.En definitiva, la transferencia de fondos a las autonom�as se ha revelado como un punto ciego para el Estado. Estas deficiencias, seg�n concluye el Tribunal, comprometen la trazabilidad de los fondos europeos y ponen en riesgo el control global de la ejecuci�n del Plan de Recuperaci�n en Espa�a. Un nuevo palo en la rueda del
Gobierno en su inminente cara a cara con
Bruselas para rendir cuentas por la gesti�n de la mayor inyecci�n de fondos p�blicos de la historia de Europa.