Sánchez es el único presidente que ha vetado cambios en leyes por motivos económicos

Pedro Sánchez es el único presidente del Gobierno de la historia de la democracia española que ha vetado por motivos presupuestarios enmiendas incorporadas en el Senado, y lo ha hecho en cinco ocasiones, todas ellas en esta legislatura. Ha sido la manera de evitar que algunas leyes salieran adelante en el Congreso con modificaciones, pues el Ejecutivo era consciente de que esos cambios contaban con la mayoría necesaria. Y de eludir el predominio del Partido Popular en el Senado a través de la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso. La última vez ha sido con la ley contra la multirreincidencia pero también ha afectado a iniciativas relacionadas con rebajas fiscales o transporte.Es habitual que el Senado incluya modificaciones a leyes que le llegan del Congreso, a través de enmiendas que presentan los grupos parlamentarios. Esas enmiendas tienen luego que ser refrendadas o rechazadas en el Congreso, que es el que tiene la última palabra. En muchas ocasiones, la versión definitiva de la ley acaba incluyendo ciertas alteraciones. Lo excepcional es que el Gobierno vete esos cambios, no permita ni que se voten en la Cámara Baja y hurte a la Cámara Alta de las funciones que le otorga la legislación.El PP tiene actualmente en el Senado mayoría absoluta, con 145 representantes de los 266 totales, mientras que 89 pertenecen al PSOE. La falta de control del Ejecutivo sobre el contenido de las leyes que quiere sacar adelante ha provocado que el Gobierno se valga del veto presupuestario, recogido en el artículo 134.6 de la Constitución. "Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación", recoge la Carta Magna.No obstante, la Constitución en su artículo 90.2 solo otorga al Congreso la facultad de aceptar o no por mayoría simple las modificaciones introducidas en el Senado, argumento del que se valen los del PP para denunciar la maniobra del Ejecutivo, puesto que con el veto las enmiendas se excluyen del orden del día de la Mesa de la Cámara Baja y no se someten siquiera a votación, evitando así el debate posteriormente en el hemiciclo. En esta última ocasión, con la ley contra la multirreincidencia, las dos enmiendas anuladas por la Mesa contaban con el apoyo del PP, Junts y Vox, y habrían salido adelante en el Pleno.Los populares sostienen que el Gobierno quería eludir la votación a toda costa para no evidenciar su debilidad parlamentaria y que actuó en connivencia con la Presidencia del Congreso, al mando de la socialista Francina Armengol. También recibió el reproche de Míriam Nogueras, portavoz de Junts en dicha cámara: "Es una lástima que, con el pretexto del aumento presupuestario, el Gobierno vete esta medida para que no se pueda votar; es de todo menos democrático", criticó. La Mesa aceptó el veto del Ejecutivo, además, desaconsejada por el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo. Según fuentes parlamentarias, advirtió de que ese veto era "extemporáneo" -también lo han definido así en el PP- porque se habían votado las enmiendas en el Senado y ya formaban parte del texto y, además, la doctrina del Tribunal Constitucional no avala que se veten si tienen que ver con el fondo de la cuestión, como también consideran los populares.La primera vez que el Ejecutivo echó mano de esta prerrogativa fue hace un año, en marzo de 2025, con la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, para capear una modificación introducida por el PP en el Senado que recogía rebajar el IVA de alimentos básicos al 2% hasta fin de año y otra de Junts y ERC para un régimen de retribución transitorio para las plantas de cogeneración. Para vetar en ambos casos, el Gobierno alegó un desajuste en las cuentas públicas. Entonces se vivió un tenso debate en el hemiciclo porque el principal grupo de la oposición consideraba que se habían vetado ilegalmente y decidió elevar el asunto al Tribunal Constitucional mediante un conflicto de atribuciones.Pero en Génova tuvieron que "acostumbrarse" y en octubre sufrieron otro veto a una enmienda de la ley que modificaba la navegación y la seguridad aérea. En este caso pretendían aumentar en 1.200 millones de euros las subvenciones al transporte aéreo para residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, pero el Gobierno volvió a recurrir a la excusa del descuadre. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, acusó a la Mesa del Congreso de "mutilar" otra ley aprobada en la Cámara Alta y promovieron otro conflicto en el Constitucional.También desde el Gobierno alegaron motivos presupuestarios para vetar otras dos enmiendas del PP de la ley de Movilidad Sostenible, si bien intentaron suprimir otras como eliminar el cierre de las nucleares de la agenda o las tasas de Aena, pero no podían justificar que afectaran a partidas concretas. Finalmente censuraron la contribución financiera del Estado para infraestructuras de recarga y la renovación de flotas porque supondría 310 millones de euros; y una disposición transitoria que buscaba compensar a las empresas de transporte por los costes derivados de adaptarse para permitir el transporte de bicicletas, que conllevaría 4,6 millones anuales.La última de 2025 y la cuarta vez que se producía ya en democracia fue durante la tramitación de la ley de atención a la clientela. El PP pedía aplicar el tipo del 4% al IVA de la carne, el pescado y las conservas y reducir al 0% el de los productos lácteos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres para afrontar las consecuencias derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Defendía que la enmienda coincidía con el espíritu y contenido de la ley en cuestión: proteger a los consumidores. Pero, una vez más, cuando la norma llegó al Congreso para su aprobación definitiva, el Ejecutivo registró el veto a dicha enmienda y la Mesa lo aceptó.En todas las ocasiones que el Gobierno se ha valido de esta fórmula, ha contado con el dictamen en contra de los letrados del Senado, pues primero la disconformidad ha de presentarse en la Mesa de la Cámara Alta, controlada por el PP. Al no conseguirlo e incluir las enmiendas en el dictamen, ha aprovechado la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso para eliminar del texto las enmiendas en la última fase de la tramitación parlamentaria.Todos los informes técnico-jurídicos de los abogados del Senado apuntan al "criterio infundado" del Ejecutivo, resultado de una "cuantificación especulativa" y sin aportar ninguna fundamentación que aclare cómo se ha realizado el cálculo. Por ello, recogen que la disconformidad del Gobierno carece de "la necesaria motivación para que la Mesa pueda apreciar que tal impacto es real y efectivo". También recuerdan la ausencia de Presupuestos: "La potestad reconocida al Gobierno en el artículo 134.6 de la Constitución está unida al cumplimiento por éste de su obligación de presentar anualmente unos Presupuestos Generales del Estado para su aprobación por las Cortes Generales, por lo que cabe rechazar el ejercicio de esta facultad referenciado a un presupuesto desfasado que no recoge la anualidad en curso".Los cinco vetos desde que Sánchez es presidente lo convierten así en el único que ha vetado cambios introducidos por la Cámara Alta. En el pasado, durante otros gobiernos socialistas, el PP también ha tenido más número de senadores que el partido en la Moncloa, pero no se ha eludido de esta manera el criterio del Senado. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero presidió dos legislaturas con más senadores populares que socialistas y en el último mandato de Felipe González ocurrió lo mismo, aunque la diferencia era menor: 114 senadores populares frente a 111 socialistas, de un total de 256 asientos.