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Mallorca hay 15.817 casas que no existen. Están diseminadas en el campo, en suelo rústico con vocación agraria, pero no existen porque son ilegales y porque ni las administraciones ni los ciudadanos han querido verlas a lo largo de los años y han preferido mirar hacia otro lado. Un estudio elaborado por un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) ha puesto por fin a
Mallorca frente al espejo de una realidad conocida por todos y a la vez ignorada de forma premeditada.La investigación, titulada Casas que no existen; proyecto de investigación participativa sobre las viviendas en suelo rústico en
Mallorca , la ha coordinado el mallorquín
Miquel Rosselló Xamena, un joven de la localidad de
Pollença que ha vivido toda su vida inmerso en esa no existencia urbanística que afecta de manera singular a su municipio, pero que se extiende a toda la isla y, según afirma, a buena parte del
Mediterráneo. El resultado del trabajo se presentará el próximo mes de mayo en forma de tesis de final de máster en Massachussets, pero el autor ha presentado un avance en
Mallorca.Rosselló detalla que, históricamente, el suelo rústico de
Mallorca estuvo vinculado al uso productivo agrario y a la vida rural, pero este espacio ha sufrido una metamorfosis para convertirse en un bien de inversión, donde priman la rentabilidad y el consumo. Lo que antes era un lugar de trabajo y subsistencia se ha transformado, en muchos casos, en una extensión del mercado residencial que además ahora es el objeto de deseo del imparable proceso de turistificación del
Archipiélago Balear. Primero llegaron los alemanes en los años noventa a comprar las casas y ahora llegan los turistas a alojarse en ellas porque muchas de estas edificaciones son ahora viviendas turísticas.Casas que “no cuentan”, pero que impactan directamente en el territorio por el consumo de agua, la movilidad y el paisajeEsta transición se ha visto favorecida por regulaciones que han llegado tarde, han sido ambiguas o se han aplicado de manera desigual, según destaca Rosselló. El resultado es un paisaje fragmentado y lleno de contradicciones: casas que, aunque físicamente están ahí, “no cuentan” en los registros oficiales, pero cuyas actividades impactan directamente en el territorio por el consumo de agua, la movilidad y la destrucción del paisaje.El estudio revela que la edificación en suelo rústico es un fenómeno estructural de la isla, que a menudo se esconde detrás de la tradicional “urbanización silenciosa” o “edificación dispersa”. En
Pollença, el municipio en el que se ha centrado, el entorno del suelo rústico está muy antropizado, pero a menudo se convierte en un tema tabú: “Todo el mundo lo sabe y nadie habla”, asegura el autor.El investigador subraya que el trabajo pretende exponer una realidad colectiva que vive la isla con una transformación del campo muy acusada.
Mallorca ha pasado de tener viviendas ligadas a la actividad agraria o religiosa, a través de las possesions o los monasterios, a un modelo de urbanización difusa y puntual con un impacto desconcertante sobre el paisaje agrícola.El propio autor del estudio precisa que el cálculo de casas que ha realizado es conservador, porque a esas casas que no existen hay que sumar las que sí existen porque son legales, con lo que la cifra total llega a las 55.256, que aún pueden ser más. Esta urbanización del campo ahonda en ese cambio estructural urbanístico que ha sufrido la isla ya que a esas casas hay que añadirles 22.587 piscinas.Las consecuencias de estas 15.000 viviendas ilegales van mas allá de la infracción urbanística. El autor advierte sobre la presión que ejercen sobre recursos básicos y limitados, especialmente el agua. Se menciona el problema de los pozos ilegales y la gestión de residuos en zonas no preparadas para tal densidad de población. Los municipios se ven obligados hoy a gestionar las consecuencias de este crecimiento descontrolado del pasado.Lee tambiénEl investigador concluye que es necesario entender cómo se ha llegado hasta aquí para poder decidir qué modelo de futuro se desea para
Mallorca y plantea la necesidad de un nuevo pacto o marco normativo que mitigue la situación actual y refuerce la disciplina urbanística.La reflexión final de Rosselló es clara: el suelo rústico es un recurso colectivo, finito y frágil. Seguir creciendo sin límites en el “último escenario disponible” no parece una opción sostenible. La propuesta pasa por definir, de una vez por todas, dónde están los límites y cómo se quiere preservar la identidad y la ecología de la isla frente a las presiones del mercado inmobiliario y el alquiler vacacional, que han acelerado este proceso desde crisis anteriores.