A pesar de las disposiciones de la administración para proteger el derecho a formarse de cualquier joven, nacional o extranjero, con o sin papeles, los colectivos más vulnerables topan con dificultades para hacer prácticas. La ley de FP, aprobada en el 2022, establece un rango de formación en la empresa de 510 horas en los ciclos generales y 1.000 horas en la intensiva dual (con remuneración para el alumno). Son obligatorias para obtener el título, pero para las empresas es voluntario ofrecerlas. Algunas arrugan la nariz ante algunos candidatos que no tienen NIE por la perspectiva de tener problemas.Pueden hacer prácticas aquellos estudiantes dados de alta en la Seguridad Social, para lo que se requiere un pasaporte en regla y no es necesario el NIE. Este es el caso de
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John Robert Cebolledo y
Maira Obando, buenos estudiantes, con ganas de continuar estudiando en la universidad, pero que han topado con dificultades para hacer prácticas.El secretario general de FP en Catalunya,
Francesc Roca, explica a
La Vanguardia que el departament está preparando una resolución para dar más seguridad jurídica a las empresas mediante la contratación de seguros privados por responsabilidad civil. Añade que, según cálculos de Educació, la incidencia se limita a una treintena de estudiantes.“Pasé el proceso de selección y me asignaron una obra, pero me rechazaron al ver que no tenía NIE”
John (
Lima, Perú, 2003) llegó a
España para vivir con su madre, después de estudiar bachillerato en su país. En los dos últimos años ha cursado el ciclo de ingeniería civil en un instituto de l’Hospitalet de Llobregat. Su nota es muy buena, así que el tutor lo derivó a un puesto de organización y control de obra en una gran constructora. “Pasé todo el proceso de selección, me habían asignado una obra, pero al formalizar el contrato vieron que no tenía NIE y me dijeron que volviera cuando lo tuviera”. Su gozo en un pozo. Dijo que estaba tramitando los papeles, que se acercaba además una regularización del Gobierno (prevista para finales de este mes), pero nada.
John encontró después unas prácticas en una pequeña empresa de reformas, a la que está muy agradecido. Su idea de futuro es prepararse para las pruebas de acceso a la universidad (PAU) y matricularse en Ingeniería. Aunque el año que viene tendrá que trabajar si es aceptado en el proceso de regulación.“Estos chicos tienen muchas ganas, pero topan con el miedo de las empresas. Algunas, no todas, no quieren líos”, confirma
María Prat, coordinadora en el programa Migrant-Up de la Fundació BarcelonActua. “Y algunos tutores se desgastan por encontrar empresas, pero otros les ofrecen, ya de entrada, la alternativa de un trabajo teórico”.En teoría, este proyecto realizado en el centro educativo les permite titularse si se recogen las competencias que hubiesen adquirido en el trabajo. “Pero esto no es así –afirma Prat–. Trabajar en una empresa es aplicar tus competencias, relacionarse con otros compañeros, tener la posibilidad de que te conozcan. Esto es muy importante y no lo suple un trabajo en el instituto”.Esta es la opción que le dan a Maira (Quindio, Colombia, 2004) en su instituto de Rubí después de haber cursado el ciclo superior de integración cultural, compaginándolo con trabajos de limpieza. “Mi tutora de prácticas me recomendó que hiciera un proyecto. Pero yo quiero hacer prácticas porque así es como se aprende”, opina la estudiante, que también espera el decreto de regularización.Lee tambiénMaira está tramitando el número con la fundación. Está claro que no podrá hacer prácticas este trimestre. Las hará el próximo año, aplazando las PAU para acceder a Psicología en el 2027.“Algunos profesores ayudan a los alumnos a darse de alta en la Seguridad Social, pero otros, no, o no saben la normativa. Estos chicos no son una excepción. Tampoco suelen entrar en la formación dual intensiva, que es remunerada”, concluye Prat.Periodista. Ha trabajado en las secciones de Política, Economía, Opinión y Cultura de
La Vanguardia. Desde hace unos años cubre informaciones de
Educación y Universidades en Sociedad