El
Tribunal Supremo sentará en el banquillo a partir del martes al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del
PSOE José Luis Ábalos, para quien la
Fiscalía pide hasta 24 años de prisión, y desde el Gobierno apuntan que no tienen "nada que esconder" y esperan "que se haga justicia" respecto al 'caso mascarillas' o también denominado '
Caso Koldo' en el que están implicados el exministro
José Luis Ábalos, el que fuera su asesor
Koldo García, y también el empresario
Víctor de Aldama.A partir del martes pasarán por el
Tribunal Supremo hasta 75 testigos y una veintena de peritos para declarar si Ábalos y Koldo, con la intermediación y en connivencia con Aldama, amañaron supuestamente la adquisición de mascarillas en pandemia por parte del
Ministerio de Transportes, a través de
Adif y
Puertos del Estado.La lista de testigos incluye la declaración de la presidenta del Tribunal de Cuentas,
Enriqueta Chicano, solicitada por Ábalos y Koldo; la expresidenta de
Adif Isabel Pardo de Vera; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, a petición de
Koldo García; el exgerente del
PSOE Mariano Moreno, solicitada por Ábalos,
Koldo García y la acusación popular; así como exjefes de gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y
Puertos del Estado y varios empresarios y familiares de los acusados.Fuentes de Moncloa aseguran estar "tranquilos" ante este juicio y confirman que la Sala no acepta que testifiquen el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, su exvicepresidenta primera María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la extitular de Industria Reyes Maroto. Sí testificarán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol."Estamos muy tranquilos como siempre lo hemos estado", asegura un ministro sobre este procedimiento. Asimismo, esgrime que "siempre hemos defendido que quien la hace, la paga". Desde Moncloa confían en "que se haga justicia". "No tenemos nada que esconder y queremos que la justicia llegue hasta el final". Una frase que, recuerdan, también validan para el juicio del 'caso Kitchen' que comienza un día antes, el lunes, en la Audiencia Nacional.'Caso Kitchen'El espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su familia pagado, supuestamente, con fondos reservados se juzgará a partir del 6 de abril en la Audiencia Nacional y prevé tener sesiones hasta el próximo 30 de junio. Este juicio también cuenta con un importante panel de testigos solicitados por las diferentes partes para tratar de aclarar la presunta participación de la cúpula del Ministerio del Interior en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy en el espionaje al que fuera el tesorero del PP Luis Bárcenas.El propio expresidente Mariano Rajoy está citado como testigo el 23 de abril junto con otros ex altos cargos de partido, como la exsecretaria general María Dolores de Cospedal. También se escuchará al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien se sentará en el banquillo junto con el que fuera su 'número 2' Paco Martínez con una petición de 15 años de cárcel que defiende para ellos la
Fiscalía Anticorrupción. Para el supuesto organizador del espionaje, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se piden 19 años de cárcel.Desde el Gobierno señalan que lo "último" que harían sería "alegrarse" porque haya casos que afecten al PP "porque nadie está libre de que en su formación exista o se den casos de corrupción", pero se remiten a que "la gran diferencia es cómo lo afrontan unos y otros". Así, explican que en el '
Caso Koldo' Sánchez actuó tomando decisiones desde el principio y "se apartó a esas personas".En este caso, señalan que "Kitchen es lesivo para el Estado, no sólo porque las personas se corrompan, sino porque parece que hubo corrupción sistémica que se sirvió de las instituciones, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para espiar a sus rivales". De ahí que pidan que "se haga justicia" y reiteran que "el que la hace, la paga". También serán llamados igualmente ante el tribunal varios periodistas, así como numerosos miembros de la Policía que habrían conocido el dispositivo montado de forma fraudulenta contra Bárcenas y su familia.